Bruselas abre expediente a España por no solucionar la discriminación de los interinos y da un plazo de dos meses para responder o incorporar los cambios exigidos
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La Comisión, que abrió un expediente de infracción por este tema en 2014, reconoce que se han cambiado leyes desde entonces, pero sigue detectando diferencias con los funcionarios y da dos meses al Gobierno para abordar el asunto.
Nuevo choque entre España y las instituciones europeas a cuenta de las condiciones laborales de los trabajadores temporales de la Administración pública. Esta vez es por “discriminaciones contrarias al derecho de la UE” entre los empleados públicos con plaza fija y los interinos. Y, por eso, la Comisión Europea reabre un expediente que mantiene desde hace ya 10 años y que había suspendido porque España había cambiado la norma. Pero “los problemas de discriminación persisten”.
- Bruselas avisa de que la legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables, como los derechos de vacaciones, para los empleados interinos −con contrato de duración determinada− que trabajan en el sector público español en comparación con los empleados fijos.
- la Comisión advierte de deficiencias en las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales.
- Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario o de lo contrario, podrá dar un ultimátum de dos meses para su aplicación antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
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Tirón de orejas de Bruselas a España por discriminar a los interinos
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La Comisión Europea envía una segunda carta de emplazamiento en la que pide cambios en la legislación para acabar con diferencias entre los empleados temporales y los funcionarios en asuntos como los permisos o las vacaciones.
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Nuevo tirón de orejas de la UE a España por la discriminación del personal temporal del sector público. La Comisión Europea ha dado un paso más en el procedimiento de infracción por la discriminación que sufren los interinos, en temas como el derecho a vacaciones o permisos, respecto al personal fijo del sector público al enviar una segunda carta de emplazamiento en la que exige cambios en la legislación española para paliar esa situación antes de seguir adelante con el procedimiento, que puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE e incluso en una multa.
La Comisión Europea reconoce que España ha acometido reformas que han mejorado la situación desde que incóo el procedimiento de infracción en el año 2014 por la discriminación de los interinos. Sin embargo, considera que no son suficientes y que “persisten los problemas de discriminación” a los empleados con contratos de duración determinada en el sector público en comparación con los empleados fijos.
“En su segunda carta de emplazamiento adicional, la Comisión aborda las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales”, señala el gobierno comunitario en un comunicado.
La Comisión Europea da un plazo de dos meses a España para subsanar las deficiencias en la trasposición a la legislación nacional de una directiva de 1999 que prohíbe la discriminación contra trabajadores con contratos de duración determinada. De no ser así, se reserva la posibilidad de seguir avanzando en el procedimiento, que pasaría por el envío de un dictamen motivado, que es el ultimátum antes de acudir a la justicia europea.
La batalla de los interinos se juega en buena medida en la UE. Además del procedimiento de infracción iniciado hace una década y que ahora tiene sus coletazos por las deficiencias detectadas, la justicia europea ha dado un varapalo a España por el tratamiento a los trabajadores temporales de la administración. En concreto, la sentencia avala que los interinos de larga duración pasen a ser fijos sin que sean considerados funcionarios con la intención de limitar la posición de abuso de la administración.
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Bruselas insta a España a poner fin a la “discriminación” de los trabajadores interinos
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La Comisión Europea envía una carta de emplazamiento Madrid para acabar con las disparidades entre empleados temporales y funcionarios
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Nuevo aviso de la Comisión Europea a España. Bruselas ha dado un paso más en su procedimiento de infracción por “la discriminación” que sufren los trabajadores con contratos temporales. Así, ha enviado una nueva carta para que aplique cambios o de lo contrario, en última instancia, el caso podría acabar en manos de la justicia europea.
En concreto, Bruselas lamenta que la legislación española fije aún condiciones laborales menos favorables, como el derecho a vacaciones, para los trabajadores con contratos de corta duración en la administración pública respecto a los trabajadores fijos.
Según la Comisión Europea, esta ley es una discriminación contraria al derecho de la UE, que se remonta al 2014. Aunque desde entonces se han aplicado mejoras, aún persisten “aspectos discriminatorios”. Por ejemplo, en su carta lamenta las diferencias que existen en el trato que se da a los trabajadores de duración determinada, como los interinos, al calcular la antigüedad, el derecho a determinados permisos o tener acceso a su carrera laboral, con respecto a los trabajadores fijos (en su mayoría funcionarios).
España ahora tiene dos meses para resolver las deficiencias que detecta Bruselas, de una directiva de 1999, que prohíbe la discriminación entre trabajadores de corta duración y los fijos en la administración pública.
Si España no aplica medidas suficientes, se enviaría un dictamen motivado, previo paso a que el caso acabe ante el Tribunal de Justicia de la UE. Esta discriminación que argumenta la Comisión, no es la única cuestión que afecta a los derechos de los trabajadores temporales y que también se analiza en las instituciones europeas. El mes pasado, el TJUE dictaminó que los interinos en la Administración sean considerados indefinidos, en caso de encadenar varios contratos.
No obstante, el Tribunal Supremo presentó una cuestión prejudicial a finales de mayo al TJUE, aún en tramitación, para preguntar si la jurisprudencia española es conforme al Derecho de la Unión Europea sobre el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a quienes no se hayan examinado de una oposición.
Por último, la Comisión también ha enviado otro aviso a España por la ley de Servicios Digitales, la normativa para evitar la proliferación de contenido ilegal en internet. En concreto, la institución presidida por Ursula von der Leyen insta a que designen a autoridades competentes, los llamados coordinadores de servicios digitales, para la correcta aplicación de la ley. Bruselas pide tanto a España, como a Bélgica, Croacia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia a que designen a esta autoridad, encargada de supervisar a las plataformas digitales con los ciudadanos y empresas para resolver cuestiones que afectan al contenido en línea.
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