¿Elección de centros o selección de los centros?
¿A qué lleva la zona única y la libertad de elección de centro?
Artículo de @anatorres8 que refleja como según estudios de la OCDE el alumnado acaba repartido en los centros según su nivel socioeconómico, lo que favorece la aparición de guetos
El derecho de las familias a elegir colegio propicia que se creen guetos escolares, según los expertos.
La información es clave para escoger un centro educativo y las familias con rentas más altas disponen de más recursos para acceder a ella, señala la OCDE.
Así se convierte un colegio en gueto
El 88,9% de los centros que reúnen el alumnado menos favorecido son de titularidad pública.
La elección de centro escolar por parte de las familias es una práctica extendida en los países de la OCDE, pero los investigadores llevan años alertando del problema que genera: los niños acaban repartidos en diferentes colegios según su perfil socioeconómico y eso favorece la aparición de guetos escolares. La información es clave para escoger un centro educativo y las familias con rentas más altas y mayor nivel formativo disponen de más recursos para acceder a ella. Entre ellos, tienen más tiempo y una red de contactos más extensa para su asesoramiento, señala el informe de la OCDE School choice and equity. Las familias con un perfil socioeconómico más bajo suelen acudir al centro público más cercano a su domicilio.
En España, la libertad de elección está en el centro del debate político en torno a la educación. El PP llevó la semana pasada al último pleno de la legislatura una moción para exigir al Gobierno que «explique» si su reforma educativa garantizará «la libertad de enseñanza». En el nuevo proyecto de ley educativa del PSOE, cuya tramitación no se llevará a cabo por el adelanto electoral, la ministra Isabel Celaá eliminó el artículo de la Lomce (ley actual aprobada por el PP en 2013) en el que se reconocía la llamada «demanda social«. Es decir, el derecho de los padres a elegir la enseñanza concertada —sostenida con fondos públicos— para sus hijos y la obligación de las administraciones de ofertar tantas plazas como peticiones.
Más allá del enfrentamiento político, en España no se debate que las familias no puedan escoger centro, sino qué fórmula se debe usar para hacer compatible ese derecho a elegir con un reparto equitativo de los alumnos, sostienen los expertos consultados. En el curso 2017-2018, en España hubo 8,1 millones de estudiantes desde Infantil a Bachillerato. De ellos, el 67,3% se matriculó en la pública; el 25,9% en la concertada y el 6,9% en la privada.
«El problema es que las familias no escogen el centro que quieren, descartan los que no quieren para sus hijos. Es una dinámica de huida y no de elección», señala Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, dedicada a la investigación educativa. Según varios estudios publicados por la fundación, las familias suelen tener en cuenta el tipo de alumnado del centro y no tanto el proyecto educativo o el profesorado. Palacín cree que la solución es un «plan de choque» que evite la estigmatización de los colegios. Un ejemplo es el proyecto Magnet, que Cataluña ha copiado de Estados Unidos, en el que centros con alta segregación escolar se alían con institutos de investigación y se especializan en un área, por ejemplo, ciencias del mar. «Es una llamada a los vecinos para que den una oportunidad y manden allí a sus hijos», explica.
En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolarpor nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid.
«Es difícil aprobar una regulación que impida a las familias escoger, están acostumbradas a hacerlo en todos los aspectos de su vida», indica Agnès Van Zanten, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés, que ha estudiado la segregación en ese país. La elección introduce las dinámicas de mercado en la educación: los colegios compiten para atraer a las familias, pero en la mayoría de los casos, esa competitividad no conlleva mejores resultados para los alumnos, ya que en lugar de mejorar el programa académico, los centros invierten en mejores instalaciones, señala la OCDE. Mientras, en los centros con mayor segregación escolar, «los profesores intentan adaptarse al nivel de los alumnos y al final bajan los estándares y se desmotivan», explica Van Zanten. La solución debe llegar de mano de las administraciones locales porque no existe una única fórmula que solucione el problema. «Hacen falta comisiones de escolarización integradas por expertos, cada ciudad tiene una situación».
Los centros concertados «son más selectivos» con la admisión de los alumnos, según muestran las investigaciones de Van Zanten en ciudades como París o Lyon. En España, hay una barrera económica, ya que muchos concertados cobran cuotas a las familias, aunque no existen datos oficiales. En el Estudio de precios de colegios concertados, publicado el pasado octubre por el Círculo de Calidad Educativa (CICAE), una asociación que agrupa a 57 colegios privados, se analizaron 147 colegios concertados de seis comunidades autónomas que cobran una cuota media de 160 euros al mes.
En 25 de los 36 países de la OCDE hay colegios concertados financiados con fondos públicos. A la cabeza, Holanda (con un 65% de los estudiantes en la concertada), Bélgica (60%), Irlanda y Chile (50%), Francia (20%) y España (25%). Aunque, de media, el 85%de los estudiantes en los países de la OCDE están matriculados en centros públicos. Tanto en Holanda como en Bélgica se han aprobado medidas para evitar la segregación escolar. En el primero se da mayor financiación a los centros que admiten a alumnos con menos recursos y en el segundo la renta tiene mayor peso en los procesos de admisión.
Establecer cuotas máximas de alumnos desfavorecidos por centro es otra de las posibles soluciones, considera Miguel Ángel Alegre, autor del estudio ¿Qué funciona en educación?, publicado por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas. Un ejemplo es el País Vasco, que en 2008 recomendó a sus centros, de forma pionera en España, que los alumnos extranjeros no superaran el 30% por aula en primaria y el 20% en secundaria.
Barcelona aprobó la semana pasada un paquete de medidas que obligará a todos los centros públicos y concertados de la ciudad a reservar plazas para alumnos en riesgo de exclusión social, para asegurar una matriculación de estudiantes más equitativa.
Elisa Vega ha llevado a sus cuatro hijos a una escuela concertada religiosa de Valencia. Forma parte de la plataforma Yoelijo, surgida en la Comunidad Valenciana en febrero para reivindicar más plazas y financiación para la concertada. «No se trata de mezclar alumnos de barrios ricos y pobres, sino de dar a cada centro los recursos que necesita. Desarraigar a los niños de sus barrios no es justo», opina.
«Nuestra recomendación para España es que introduzca criterios en los procesos de admisión que den más peso al nivel socioeconómico de los alumnos, de forma que tengan prioridad los que menos tienen», dice Beatriz Pont, analista de políticas educativas de la OCDE. «Un buen sistema educativo tiene que garantizar que cualquier escuela a la que vayas sea de calidad. Eso es lo que ha logrado Finlandia, que el colegio que está al lado de tu casa sea igual de bueno que el que está a 28 kilómetros». Pone otro ejemplo, el de Chile, donde se da más financiación a los centros con mayor número de alumnos desfavorecidos. «Es la forma de hacer a esos chicos más atractivos. Los colegios quieren más recursos para, entre otras cosas, contratar a más docentes. Allí ha funcionado».
“¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Qué está fallando? No es algo que esté en nuestras manos”, dice una profesora a otra en el colegio público Juan Ramón Jiménez de Madrid. El centro es de los llamados línea uno —solo un aula de 25 estudiantes por cada nivel— y en la primera ronda de matriculaciones no consiguen llenar las plazas. El colegio, en cuyo patio hay una pequeña zona de juegos y una cancha, está en el distrito de Tetuán, donde la renta media anual de los hogares es de 32.624 euros. Sin embargo, en sus aulas no hay una representación equitativa de la realidad económica del barrio. Más del 50% de sus 205 alumnos reciben beca de comedor, lo que quiere decir que los ingresos familiares son de 9.000 euros al año o inferiores.
“Muchas veces hacemos más de servicios sociales que de educadores”, comenta uno de los docentes que prefiere no dar su nombre. Han tenido casos de pobreza energética; alumnos que no han podido estudiar en casa por problemas con la calefacción. También con niños, de incluso siete años, que llegan y se van de la escuela con la llave de casa colgada del cuello porque nadie puede ir a recogerlos. Eso sumado a que durante el curso les llegan estudiantes inmigrantes que, en ocasiones, no conocen el idioma y ralentizan el ritmo de las clases, les ha generado un “problema de imagen”, y muchas familias del barrio se decantan por otros centros.
El Juan Ramón Jiménez, en el que el 95% de los alumnos son de origen inmigrante —de ellos el 50% han obtenido la nacionalidad española—, es un ejemplo de segregación escolar, que es la separación de los niños en diferentes centros educativos según su perfil socioeconómico. En concreto, es un colegio gueto, que, según la definición de la ONG Save the Children, se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%.
En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolarpor nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. En ese informe, se refleja una gran disparidad entre regiones: Baleares o Galicia presentan una baja segregación —entre Suecia y Finlandia, los países con la tasa más baja de la Unión Europea—, mientras en Madrid es “altísima” —entre Hungría y Rumanía, los dos países con la mayor tasa de la UE—.
En los centros madrileños, la segregación ha aumentado un 35,8% en los últimos 10 años. Es muy complicado identificar una única causa de la segregación, pero los expertos consultados coinciden en que la raíz está en las políticas educativas diseñadas por los Gobiernos autonómicos. En el caso de la Comunidad de Madrid, sindicatos como CC OO y asociaciones de familiares de alumnos como la Fapa Giner de los Ríos denuncian que el Gobierno del PP les expulsó de las comisiones de escolarización en el año 2013. Esos organismos son los encargados de supervisar la distribución de los estudiantes y de decidir a qué centros enviar a los alumnos que se matriculan en convocatoria extraordinaria.
En 2013 la Comunidad de Madrid aprobó el decreto de libertad de elección de centro e introdujo una novedad: las direcciones de área territorial designarían a los integrantes de esas comisiones, que pasaron a llamarse Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE). “Funcionan de forma opaca y ya no podemos fiscalizar sus decisiones”, señala Aida San Millán, secretaria de juventud de CC OO. “Están perpetuando la situación de los centros gueto porque mandan a alumnado con necesidades especiales a los mismos centros. Tienen que equilibrar la balanza”, explica José Luis Pazos, expresidente de la Fapa.
En el anteproyecto de la nueva ley de educación que se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación en las próximas semanas hay un punto que regula precisamente esa práctica. La medida señala que los miembros de las comisiones de escolarización, en el caso de las familias de los estudiantes y del profesorado, tendrán que ser designados por esos mismos colectivos, y no por la Administración. Fuentes del ministerio informan de que esa nueva regulación busca paliar situaciones como la de Madrid.
El instituto madrileño Jaime Vera, cercano al estadio Santiago Bernabéu, no para de recibir alumnos hasta mayo. El 45% de sus estudiantes son inmigrantes, y solo el 50% de los que llegan a bachillerato se presentan a la Selectividad. Desde octubre hasta enero, la SAE les ha mandado 50 alumnos de origen extranjero. En el centro, nadie sabe si en otros institutos sucede lo mismo, pero reconocen que avanzar en el programa académico no es sencillo: han llegado a tener 27 nacionalidades y los problemas con el idioma dificultan la tarea. La solución no está en sus manos.
«Los profesores evitan esos colegios, y los proyectos educativos no son estables»
“No sabemos si los docentes huyen de los centros escolares con altos niveles de segregación o directamente no los escogen, pero muchas veces están sobresaturados por la falta de medios para atender situaciones complicadas”, señala Álvaro Ferrer, coautor del estudio De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva, de Save the Children. Según el informe, que analiza los datos del último informe PISA de 2015, ese tipo de centros disponen de menos recursos—un 40% de ellos no ofrecen actividades extraescolares— y el nivel formativo de los profesores es inferior.
El 36,2% de los docentes que dan clase en centros con bajos niveles de segregación tienen estudios de posgrado, mientras que en los de alta, ese porcentaje se reduce al 5,8%. Además, participan cuatro veces menos en programas de formación permanente. La alta movilidad del profesorado en esos centros imposibilita el desarrollo de proyectos educativos estables que puedan atraer a diferentes perfiles de alumnado. “Las familias catalogan el colegio como no deseable y acaba estigmatizado”, apunta Ferrer.
Entre las recomendaciones a las Administraciones, la ONG cree que es vital fortalecer las comisiones de escolarización para que aseguren prácticas inclusivas. El 88,9% de los centros gueto en España son de titularidad pública.
