Esperanza Aguirre pagó con dinero público una campaña contra la Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que protestaba contra los recortes.

Según publica Eldiario.es el gobierno de Esparanza Aquirre pagó a la trama Púnica una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entonces protestaba contra los recortes en la Comunidad de Madrid. El dinero con el que se pagó provenían de fondos públicos y fueron directos a parar a las empresas de propaganda digital de Alejandro De Pedro,  uno de los principales imputados en la trama Púnica y supuesto gurú de internet, su función era clara, planificar los argumentarios del Partido Popular a traves de perfiles falsos en redes sociales que difundían informaciones de pequeños periódicos creados para ese fin.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar ha requerido desde los años 2011 y 2014 los trabajos de reputación del empresario investigado en la trama ‘Púnica’, Alejandro de Pedro, para beneficiar su figura pública y añade que para ello utilizó dinero público.

El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó a la trama Púnica para atacar a la Marea Verde en Internet

  • La Consejería de Educación de Lucía Figar encargó a la red desprestigiar a los profesores y al entonces ministro socialista Ángel Gabilondo
  • Los correos electrónicos incautados pedían a la trama “ejercer de tapón entre la Marea Verde, Aguire y el PP de Madrid”
  • La Guardia Civil atribuye a la exresponsable de Educación los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude

Lucía Figar - Esperanza Aguirre

El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2011 con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entonces protestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Y el trabajo sucio lo encomendó a uno de los principales imputados en la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, supuesto gurú de Internet, encarcelado como uno de los conseguidores de la red que cobraba del Gobierno regional por amplificar los argumentarios del Partido Popular a través de miles de perfiles falsos en redes sociales que difundían informaciones de pequeños periódicos locales creados para ese fin.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario que instruye el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional ofrece más detalles de los encargos que Figar –quien dimitió del último Gobierno de Ignacio González por este escándalo cuando ella misma fue imputada en junio de 2015– realizó con fondos públicos a las empresas de propaganda digital de De Pedro. En un correo electrónico del 14 de septiembre de 2011 –que un empleado de la red de De Pedro remite a varios compañeros y con copia al jefe– se describen entre los trabajos que “el cliente”, la Consejería de Educación, les ha encargado el ataque a la Marea Verde, que entonces protagonizaba la movilización contra los recortes sociales.

En medio de las protestas de los trabajadores del sector público contra el Gobierno de Aguirre por los recortes educativos, el empleado de De Pedro explica cuál es la estrategia por la que paga el departamento de Figar: “El cliente nos ha solicitado con urgencia, sobre todo estos dos días, comencemos a interactuar con todos los periodistas posibles que tengan cuentas en twitter, véase @pedro_j. Esta labor la realizaremos de una forma más personalizada y con cuentas mejor alimentadas, es decir, no con un simple spam, sino enviándoles mensajes cuando nos pregunten, interactuando con ellos, convenciéndolos de que hay una marea de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos que no se creen sus mentiras. Para el cliente es importantísimo que se note nuestra labor ahí, junto con la habitual de mencionar a la consejera figar poara [sic] mejorar su imagen, cosa que no debemos dejar de hacer. A la vez se nos pide que usemos más enlaces y argumentos concretos siguiendo la agenda y noticias de la consejera. Intentaré estar más alerta yo enviando correos como hacíamos con la agenda de Gallardón, pero ellos también estarán más activos en este sentido, avisándonos ellos. Nos tocará estar más alertas a los twitters de figar, aguirre [sic]”.

A partir de ahí, el correo electrónico detalla algunas de las consignas a difundir en las redes sociales para intentar silenciar las protestas: “Menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles”. Los trabajadores de De Pedro explican que la principal tarea del “grupo de trabajo” es “ejercer de tapón parcial entre la #mareaverde y la consejera de Educación y el PP de Madrid y Aguirre en general”.

Extracto de uno de los correos de la red de De Pedro sobre las consignas que pidió difundir la Consejería de Educación de Fígar.
Extracto de uno de los correos de la red de De Pedro sobre las consignas que pidió difundir la Consejería de Educación de Fígar.

Argumentarios con ataques al ministro Gabilondo

La propaganda pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid incluía además ataques a políticos de otras administraciones. Y colocaba en la diana de las críticas a Ángel Gabilondo, entonces ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy líder de la oposición al Gobierno regional de Cristina Cifuentes en Madrid, al que proponían pedir su dimisión, según la documentación intervenida por la Guardia Civil. La instrucción planteaba amplificar en Internet el siguiente argumentario: “Pero menuda caradura la de Gabilondo, que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación”.

Esas órdenes por escrito, las facturas, los contratos recabados en la Administración regional bajo los mandatos de Aguirre y González, además de las escuchas telefónicas practicadas bajo orden judicial, llevan a la Guardia Civil a atribuir a Figar, que abandonó la política cuando fue imputada en junio de 2015, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Esta rama del sumario de Púnica que indaga sobre la propaganda del PP sufragada con dinero de las arcas públicas cuenta además con testimonios que refrendan las sospechas de la Guardia Civil. Cuando el juez Eloy Velasco leyó la motivación de los cometidos de los contratos a una de las empleadas de De Pedro que compareció como testigo, la mujer aseguró: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar, porque era lo que peor estaba”. La trabajadora enunció luego los nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios. Entre ellos estaba Isabel Gallego, la mano derecha de Aguirre primero e Ignacio González después en el área de Comunicación, también imputada por el mismo caso. Gallego declaró al juez que la Comunidad pagaba a las firmas de De Pedro, pero por hacer resúmenes de prensa y seguimiento del Gobierno en distintos medios de comunicación.

Uno de los trabajos incautados por la Guardia Civil y que realizaban las sociedades de De Pedro para el Gobierno regional relata: “El presente informe refleja la situación actual de la entidad online de Lucía Figar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación online”.

De Pedro fue encarcelado junto a otras 50 personas en octubre de 2014 como supuesto cabecilla de una red corrupta liderada por el exvicepresidente madrileño y antiguo secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que pagaba mordidas a cambio de contratos millonarios en distintas administraciones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. El montante total que se investiga ronda los 250 millones de euros. El empresario que montaba redes de propaganda en Internet para instituciones, empresas privadas y hasta para el Real Madrid, logró eludir la prisión en diciembre de 2014 tras pagar una fianza de 50.000 euros, pero sigue imputado por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

Así montó Esperanza Aguirre su guerra sucia contra la Marea Verde

  • El ejército de tuiteros y medios fantasma de la Púnica al servicio de la Consejería de Educación repetía en internet el argumentario del PP contra la movilización
  • La campaña de desprestigio llamaba vagos a los docentes, y afirmaba que había consenso social sobre el “ahorro” educativo
  • Aguirre y Lucía Figar llegaron a acusar a los profesionales de protestar por trabajar 20 horas a la semana al mezclar jornada laboral y horario lectivo

La munición del Gobierno de Madrid presidido por Esperanza Aguirre contra la Marea Verde educativa que nació en 2011 era clara. ¿Los profesores? Unos vagos que apenas trabajaban y ganaban un dineral. ¿Los sindicatos? Instigadores de huelgas políticas. ¿La culpa del “ahorro”, sinónimo de recortes? El presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

A Esperanza Aguirre le estalló la Marea Verde en septiembre de 2011. Y según fue creciendo, tanto Aguirre como su consejera de Educación, Lucía Figar, dedicaron más y más tiempo a atacar la movilización educativa contra sus recortes.

Intervenciones públicas, comparecencias en la Asamblea de Madrid… Cualquier foro servía para atizar a los convocantes. Y, a medida que avanzaba la protesta, se repetían las jornadas de huelga y las manifestaciones, más y más dinero público iba a reforzar sus ataques mediante una ofensiva de desprestigio online, según apunta el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incluida en el sumario de la trama Púnica.

La fórmula Aguirre fue sencilla: decretó que los profesores de instituto impartieran dos horas más de clase. De 18 a 20 a la semana. Esas clases ya no se cubrían con docentes interinos. Podían deshacerse de 3.000 profesores y recortar 80 millones de euros.

La culpa, al Gobierno de Zapatero

Lo primero que hizo que Esperanza Aguirre fue justificarse con la crisis económica, culpa del Gobierno socialista. Mandó una carta a los docentes para pedirles un esfuerzo “en medio de una de las situaciones económicas más difíciles por las que ha pasado España en las últimas décadas”.

Las empresas de la Púnica comandadas por Alejandro de Pedro lanzaban esta premisa en la redes mediante usuarios fantasma de Twitter: “Pero menuda caradura la de Gabilondo [ministro de Zapatero], que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación”, según recoge la investigación.

Lucía Figar se atrevía a explicar que se habían encontrado entre la espada y la pared: recortaban o se iba al traste la igualdad de oportunidades. “Teníamos que elegir entre contratar interinos o pagar las becas”, contaba pocos días antes de comenzar el curso 2011-2012.

Los que menos trabajan

La protesta aglutinó a muchos de los miembros de la comunidad educativa. Docentes, interinos y fijos, vieron en el decreto un deterioro evidente del sistema. Así que la siguiente andanada la lanzó Aguirre, ya sin disimulo, contra los profesionales de la educación.

Los calificó, prácticamente, como caraduras ya que, en una comparecencia para dar cuenta de los acuerdos semanales de su Ejecutivo, no se contuvo y con irónica acidez afirmó que “sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo especial pero 20 horas son, en general, menos de las que trabajan el resto de los madrileños”.

Ocultó que ese cómputo era el de horas lectivas, no de jornada laboral. Luego rectificó “el que tiene boca se equivoca”, a pesar de asegurar que “sabía” lo que trabajaba un profesor.

Aunque mediante un exceso, había marcado la línea de actuación. Su consejera Figar tampoco tuvo problema en seguirle el juego a la jefa y declarar: “ Que se pongan en huelga por trabajar 20 horas no lo va a entender nadie. Eso da mucha vergüenza“.

Por otra vía, la contratista de la Púnica machacaba mediante sus tuiteros fantasma que propagaban la idea de que “menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles?”.

El ejército digital creado por De Pedro al servicio de la Consejería de Educación de Lucía Figar estaba formado por periodistas autónomos, empleados y medios zombi que repetían las consignas del Gobierno contra la protesta. Los perfiles que se creaban eran de “profesores, estudiantes universitarios, directivos, empresarios y amas de casa para defender la postura del ahorro escolar”, informaba la empresa.

Todo es mentira

Para socavar la legitimidad de los sindicatos que convocaban los paros y los partidos políticos que los apoyaban (el Partido Socialista e Izquierda Unida), el argumentario del Gobierno del PP madrileño subrayaba que todo era un movimiento “político”, sin motivaciones laborales. “No saben ya que hacer para justificar una huelga política”, denunciaba la expresidenta cuando ya tenía cerca de una decena de jornadas de huelga encima a mediados del mes de noviembre. “Están amedrentando a profesores”, no se cortaba en atacar.

La sección Púnica de la campaña de propaganda vinculaba a base de tuits la huelga y la política: “Se despiden 5.000 interinos en las universidades andaluzas y Tomás Gómez [PSM]] respalda una campaña contra recortes de Madrid #hipocresía”. La directriz era convencer de que “hay una marea pero de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos y que no cree en sus mentiras”, instruía la contratista a su empleados tras haber hablado con su cliente: la Consejería de Educación.

En una de sus últimas cabriolas de ataque, Aguirre aseguró que la propia iconografía de la marea, las camisetas verdes, eran una fuente de negocio para Izquierda Unida, aunque era mentira. En sede parlamentaria espetó que “ahora me he enterado de que hace un gran negocio con la camiseta que venden a cinco euros y producen a tres. Entiendo el negociazo que hacen…”.

Lo que podría pasar por un comentario en la Asamblea tuvo su cara oscura ya que una profesora fue sancionada por llevar una de estas camisetas puestas en un centro.

La ofensiva contra la Marea Verde a base de dinero público estaba inserta en la campaña para mejorar la imagen online de una de las mimadas de Esperanza Aguirre: Lucía Figar. El deterioro de su figura era galopante al ser la cara visible de los recortes.

Aguirre la había nombrado consejera en 2007. Su estrella política iba en ascenso. Cantera pura del PP de Madrid, había arrancado siendo asesora del Gabinete de Presidencia de José María Aznar en 1998. En 2010, Esperanza Aguirre la colocó como responsable de comunicación del partido. Dimitió en 2015 al ser imputada en esta trama. Una de las empleadas al servicio de la imagen de Figar, María Bernal Talavera, ha terminado como parlamentaria regional por el PP en Las Corts en la Comunidad Valenciana.

En noviembre de 2011, las elecciones del día 20 dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy. José Ignacio Wert pasó a ser ministro de Educación y la Marea Verde se convirtió en un movimiento nacional pese a las arremetidas de Esperanza Aguirre contra su origen, en Madrid.

Maldita Hemeroteca | VÍDEOS | Cuando el PP púnico atacaba a la Marea Verde

  • Figar: “Que se pongan en huelga por trabajar 20 horas no lo va a entender nadie. Eso da mucha vergüenza.”
  • Granados: “Que no utilicen la educación como arma arrojadiza y como arma política”
  • En 2011, el PP de Madrid presentó una denuncia ante la Agencia Tributaria contra la Marea Verde alegando que podían haber cometido un fraude fiscal de 50.000 euros en la venta de camisetas

Hoy sabemos que el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó a la Púnica para atacar a la Marea Verde en internet pero a algunos de los imputados ya les habíamos oído criticar abiertamente al colectivo de profesores de la escuela pública que se quejaban de los recortes presupuestarios.

Maldita Hemeroteca

Francisco Granados, en 2011, les echaba en cara utilizar la educación como “arma política” porque ponía en “grave riesgo” la educación de nuestros hijos:

No era el único. Lucía Figar hablaba de “vergüenza” ante las protestas de los profesores por la ampliación del horario lectivo:

El Partido Popular de Madrid llegó a denunciar a la Marea Verde ante la Agencia Tributaria por fraude fiscal en la venta de camisetas para las manifestaciones.

Así se lo echaba en cara a la oposición Lucía Figar en el pleno de la Asamblea de Madrid en 2011:

Y así se lo recordaba una diputada de Podemos a Salvador Victoria en la comisión de investigación de la corrupción de la comunidad de Madrid cuando fue a declarar en febrero de este año:

La UCO asegura que Lucía Figar utilizó dinero público para pagar los servicios de reputación de De Pedro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar ha requerido desde los años 2011 y 2014 los trabajos de reputación del empresario investigado en la trama ‘Púnica’, Alejandro de Pedro, para beneficiar su figura pública y añade que para ello utilizó dinero público.

Así lo dice en un informe en el que explica que la entonces consejera requirió de los servicios de De Pedro a través de la empresa Eico Online, S.L para que con las redes sociales y medios digitales, vinculados en Madiva Ediorial y Publicidad, contrarrestasen las informaciones “desfavorables” a Figar y, por el contrario, dar visibilidad a las noticias que favoreciesen su imagen. La empresa realizaba informes mensuales que eran entragados directamente al jefe del Gabinete de Prensa de la Consejería Pablo Balbín, tal y como constata la Guardia Civil.

El equipo de investigación del Instituto Armado afirma que Figar “no era ajena” al contenido de estos informes, ya que se han encontrado correos electrónicos en los que De Pedro “ponía al corriente” de algunas de las acciones que su empresa llevaba a cabo, incluso le remitía dichos documentos. Además, dice, que se puede “afirmar” que la exconsejera era consciente de la contratación de los servicios de Eico porque estaba al corriente de la implicación de altos cargos y funcionarios de la consejería madrileña y por “la prolongación en el tiempo” de este acuerdo.

“Queda patente que se estaba pagando con dinero público trabajos que benefician a la imagen personal y carrera política de la consejera, destinado a usos a la función pública caudales de su Consejería para promocionar su figura política”, subraya la UCO. La facturación de dichos servicios se realizaba mediante “el recurso permanente de contratación menor”, indica, además de seis empresas distintas para facturar estos trabajos.

Usuarios falsos

Según precisa el informe de la UCO, los empleados de las empresas de De Pedro utilizaban usuarios falsos en las redes sociales como “arma de ataque contra la oposición política y social”, lanzando mensajes contrarios a estos.

Por todo ello, la UCO propone tanto al juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como a la Fiscalía que considere a De Pedro responsable de los delitos de fraude en contratación pública, de falsedad en documento mercantil y de tráfico de influencias. Estos mismos delitos son reclamados para Figar, ya que, a su juicio, “habría dado su conformidad a la contratación directa y reiterada” de los servicios de De Pedro, “era sabedora del cariz” de los mismos y “habría beneficiado” al empresario con otros contratos públicos.

Asimismo, incluye a Agustín Alonso Conesa, socio y consejero de Eico, al considerar que era conocedor de estos trabajos y a dos personas en las empresas de De Pedro, Abel Linares Palacios y Víctor Daniel Steinberg, y solicita que se les investigue por los delitos de fraude en contratación pública y falsedad en documento mercantil.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco conformó el pasado lunes la pieza de la trama ‘Púnica’, denominada ‘Pieza 2 León’, relacionada con la Diputación de León en la que acusa a De Pedro y a Alonso Conesa de un delito de fraude por hacer una “concertación privilegiada” en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a la estación de esquí de San Isidro (León).

También les investiga por los delitos de cohecho y de aprovechamiento de información reservada por realizar trabajos de reputación y asesoramiento al expresidente de la Diputación de León Martín Marcos y por el delito de malversación de caudales públicos por ser cooperadores necesarios en la distracción de dinero de la institución para realizar las labores encomendadas.

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