STECyL-i apoya las movilizaciones por el derecho a la vivienda digna
STECyL-i (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León – Intersindical) expresa su solidaridad con las movilizaciones ciudadanas que denuncian la mercantilización de la vivienda y reivindican su consideración como un derecho fundamental. Exigimos medidas efectivas y urgentes frente a la emergencia habitacional.
La vivienda es un derecho reconocido constitucionalmente y un requisito indispensable para desarrollar un proyecto de vida digno. Sin embargo, la creciente especulación inmobiliaria, el incremento continuado de los precios del alquiler y la expansión de modelos de negocio que anteponen el beneficio económico a las necesidades sociales están expulsando a miles de personas de sus barrios y dificultando el acceso a una vivienda asequible. Se repiten con frecuencia desahucios dramáticos como el de Maricarmen o aquellos de los que recientemente se ha hecho eco la prensa. Esta situación no es nueva y merece una respuesta efectiva.
Esta realidad inflacionista y especuladora que afecta al conjunto de la población y tiene su repercusión también en las aulas si cuentan con alumnado que está atravesando un proceso de desahucio o de dificultad económica fruto del precio desproporcionado de los alquileres. Afecta, también, al profesorado que, por razones laborales, se ven obligados a cambiar de destino con frecuencia. Las adjudicaciones de vacantes, sustituciones y concursos de traslados implican, en muchos casos, el desplazamiento anual a localidades diferentes. La falta de una oferta suficiente de vivienda asequible convierte estos cambios en una auténtica carrera de obstáculos, lo que repercute negativamente en sus condiciones laborales, en su bienestar personal y familiar y, en consecuencia, en la calidad del servicio público educativo.
Por ello, desde STECyL-i reclamamos:
- El desarrollo de políticas públicas que garanticen el acceso universal a una vivienda digna y asequible.
- La limitación de las prácticas especulativas que tensionan el mercado del alquiler.
- El aumento sustancial del parque público de vivienda.
- Medidas específicas para facilitar el acceso a la vivienda de las empleadas y empleados públicos que cambian de destino con frecuencia, especialmente en zonas rurales o con mercados inmobiliarios tensionados.
- La consideración de la vivienda como un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la prestación de servicios públicos de calidad.
STECyL-i considera que la defensa de la educación pública y la defensa del derecho a la vivienda forman parte de una misma lucha por la justicia social, la cohesión territorial y la dignidad de las personas. Una sociedad que no garantiza techo está debilitando los pilares básicos del Estado social.
Mostramos nuestro apoyo a las reivindicaciones que exigen poner fin al uso especulativo de la vivienda y hacemos un llamamiento a las administraciones para que adopten medidas urgentes y eficaces para que la vivienda sea bien efectivamente un derecho para toda la población y no un bien de mercado
Porque no se puede condenar a la población a la precariedad habitacional. Porque la vivienda es un derecho, no un negocio.
