Universidad S.A.
El extinto Ministerio de Universidades fue una oportunidad perdida para revertir privatizaciones y blindar el carácter público de nuestro sistema universitario
Inauguración del V Encuentro Internacional de Rectores Universia, organizado por el Banco Santander — Rober Solsona / Europa Press / ContactoPhoto
A las puertas del inicio de un nuevo curso académico, los datos corroboran el proceso de privatización de las universidades en España (son inquietantes el número de universidades privadas, la oferta de titulaciones, las matrículas, etc.). Hay quien atribuye este impulso privatizador a las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por la derecha. Se trata de un factor relevante, sin duda. La privatización es una seña de identidad de la derecha, que cada vez disimula menos y prefiere dar la batalla ideológica sin ambages.
Pero intentemos profundizar un poco más. Como punto de partida, debemos ser conscientes de que la privatización es un fenómeno complejo, muy amplio, que admite diversas modalidades. Se puede privatizar la universidad incrementando el número de universidades privadas, pero también optando por lógicas mercantilizadoras y multitud de fórmulas de gestión privada en las universidades públicas. En efecto, privatización es crear universidades privadas en lugar de públicas, pero también poner el mapa de titulaciones a disposición del mercado, implantar cátedras de empresa, impartir enseñanzas en colaboración con empresas privadas, adscribir centros privados a universidades públicas o externalizar servicios. Comprender la amplitud de las privatizaciones es vital para captar el verdadero alcance del problema.
El proceso de Bolonia como advirtió el movimiento estudiantil de hace dos décadas, ha favorecido la tendencia privatizadora.
Lo que sucede con la universidad puede enmarcarse en los procesos de privatización de los servicios públicos que promueve el neoliberalismo
Lo que sucede con la universidad puede enmarcarse en los procesos de privatización de los servicios públicos que promueve el neoliberalismo. Lo público siempre es un botín muy tentador para las élites económicas. En el ámbito educativo, además, existen otros intereses que no pueden ignorarse. Las universidades, pese a todo, mantienen prestigio institucional y ejercen funciones esenciales que, en última estancia, contribuyen a reproducir la existencia de clases sociales. Todo ello, claro está, siempre en tensión con otras potencialidades universitarias, como la generación de disenso y pensamiento crítico. Dicho de otra forma, las universidades son instituciones en disputa en el marco de la lucha por la hegemonía.
La dinámica privatizadora de la universidad no se explica solo por la acción de los Gobiernos autonómicos de derechas: el neoliberalismo es un movimiento mucho más arraigado y profundo. En el ámbito universitario, además, debe tenerse en cuenta el nocivo efecto que ha tenido el proceso de Bolonia. Como advirtió el movimiento estudiantil de hace dos décadas, Bolonia ha favorecido la tendencia privatizadora. Y, como suele ser habitual, ese movimiento estudiantil fue vilipendiado por los medios de comunicación y muchos profesores de toda condición.
Comprender la amplitud de las privatizaciones es vital para captar el verdadero alcance del problema
A todo ello hay que añadir un factor más relevante si cabe: la tibieza progresista, cuando no la connivencia. Ya sucedió con la educación en la etapa no universitaria. El Gobierno socialista, desde los años ochenta, consagró el sistema de conciertos, que materialmente estaba diseñado en la franquista Ley General de Educación de 1970. En la reciente extensión del primer ciclo de educación infantil (la etapa 0-3 años), tampoco el Gobierno ha sido capaz de blindar el carácter público del sistema: lo que hoy estamos presenciando es la emulación del sistema de conciertos. Y, en el ámbito universitario, más de lo mismo, con el agravante de que el Ministerio de Universidades estaba en manos de lo que entonces se llamaba “el espacio del cambio”. Ni Castells ni Subirats aprovecharon el cargo para implementar una nítida defensa de la universidad pública. Quizás me equivoque, pero esos nombramientos materiales son obra de Ada Colau y su equipo, aunque el periodismo lo haya obviado. El extinto Ministerio de Universidades fue una oportunidad perdida para revertir privatizaciones y blindar el carácter público de nuestro sistema universitario.
Es cierto que Castells impulsó el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, con la intención declarada de poner orden ante el crecimiento de las universidades privadas. La norma se ha demostrado insuficiente, pero, sobre todo, cabe cuestionar su aprobación como desarrollo de la LOU de 2001, norma que fue muy combatida por la izquierda de entonces, en lugar de crear una nueva ley que protegiera a la universidad pública. Y, finalmente, cuando se aprobó la nueva ley, la LOSU, se optó por dar un paso más en la tendencia privatizadora e incorporar a la universidad privada en la definición del sistema universitario. Recordemos que la LOSU entiende por sistema universitario “el conjunto de universidades, públicas y privadas, y de los centros y estructuras que les sirven para el desarrollo de sus funciones”. Las universidades públicas y las privadas, en pie de igualdad. ¿Qué podía salir mal?
https://www.diario.red/opinion/miguel-angel-llamas/universidad-s-a/20240810162922033834.html
Nacido en Melilla (1986). Doctor en Derecho, jurista y politólogo. En la actualidad trabaja como investigador en Derecho administrativo en la Universidad de Salamanca. Es autor de dos libros y diversos artículos y colaboraciones en el ámbito jurídico. Ha sido abogado especializado en casos colectivos, asesor parlamentario y participante en varios movimientos sociales y medios de comunicación.
