Las políticas educativas de los gobiernos territoriales han generado una nueva ofensiva contra la escuela pública.

• Las políticas educativas de los gobiernos conservadores que han expandido su presencia institucional de 5 a 11 comunidades autónomas, inician una nueva acometida contra la escuela pública.
• El panorama de los territorios con partidos progresistas al frente es preocupante igualmente, Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias empezarán el curso con una convocatoria de huelga en la enseñanza.
• La LOMLOE no es capaz de detener la ofensiva privatizadora que avanza imparable, ni solucionar la desigualdad de oportunidades o promover la movilidad social para las clases menos pudientes.
• El catálogo de tareas atribuidas a la enseñanza no para de crecer, multiplicándose las exigencias burocráticas, lo cual está derivando en un comportamiento novedoso y preocupante, la deserción en las filas docentes y por tanto una escasez de recursos humanos en el ámbito docente  sobrevenida.
• Asistimos  a una reconversión de la profesión docente o “uberización” de la enseñanza mediante un doble reemplazo: docentes por docentes precarios y docentes por software.

Nueva ofensiva contra la Escuela Pública

El curso 24-25 que se inicia –con 785.000 docentes y unos 8.500.000 alumnos y alumnas en números redondos, dará comienzo con huelgas en varios territorios gobernados por la izquierda, lo cual es muy preocupante. Supone el tercero de implantación de la LOMLOE, una ley que en un principio despertó el interés y las expectativas de buena parte del profesorado, pero que con el paso del tiempo, en lugar de fomentar la igualdad de oportunidades y la promoción social de las clases más desfavorecidas para abordar una verdadera cohesión social, se pone de parte del poder económico que la moldea a su antojo según las necesidades del mercado y del beneficio empresarial.

Las políticas educativas de los gobiernos conservadores salidos de las elecciones territoriales del año pasado –que aumentaron su presencia institucional  de 5 a 11 comunidades autónomas- han generado una nueva ofensiva contra la escuela pública. Usando el eufemismo de “distrito único”, han implantado sistemas de admisión que benefician a la educación privada-subvencionada –conocida como concertada-, traduciéndose en la supresión de aulas públicas. Estas decisiones han suscitado una enorme ola de agitación que desembocó en huelgas educativas en Andalucía, Madrid o Valencia el curso pasado. En un momento tan delicado, debido al “invierno demográfico” –en 10 años se han perdido 400.000 alumnas y alumnos en Infantil y Primaria-, no es de recibo que se paralice la construcción de nuevos centros educativos, que se amplíen conciertos y que éstos lleguen a etapas postobligatorias, que se autoricen nuevas universidades privadas, que se deriven fondos de la UE para la universalización del primer ciclo de Infantil –donde se han creado  últimamente 40.000  plazas- y de la FP –con un incremento de 400.000 puestos en la última década- con el aumento exponencial de alumnado en centros privados no concertados que ha crecido un 468%, impulsados por fondos de inversión transnacionales y el beneplácito del Gobierno. Educación y negocio se dan la mano.

La desinversión pública produce segregación escolar, el famoso lema “libertad de elección”, no es otra cosa que barra libre para la “libertad de selección” del alumnado por parte de las empresas; de hecho, aquel alumnado con problemas de aprendizaje es invitado a marcharse a la pública, con el argumento de que allí existen más recursos para ese perfil. La estadísticas de escolarización lo dejan bien claro y la perversión del uso de la palabra libertad es un insulto a la inteligencia. Por otro lado, el cobro de cuotas ilegales supone una barrera de entrada para las clases menos pudientes, donde se recoge la mayoría del alumnado vulnerable, siendo el peaje que se paga para garantizar la segregación.

La sociedad está cambiando, siempre lo hace. Nos encontramos ahora que muchas familias son usuarias de la concertada –tradicionalmente religiosa- y suma en sus filas a personas que no comulgan con el carácter confesional, pero que asisten a ella tomando como una molestia menor tal ideario, porque han sido interpelados por la promesa aspiracional de movilidad social ascendente; sin embargo, los datos son tozudos, no hay más que ver los resultados de la selectividad –PAU- que publica anualmente el Consejo Escolar del Estado para deducir que no es mejor que la pública. Observamos con preocupación que, el menú de la concertada se amplía cada vez más, incluyendo opciones progresistas y laicas con pedagogías innovadoras –defendidas por líderes de partidos de izquierdas en algún caso-, pasando incluso por una red de colegios religiosos dirigidos a familias de bajos ingresos e inmigrantes. La escuela pública no tiene quien la defienda, más allá de los sindicatos de la enseñanza con una sólida conciencia de clase, diera la impresión que alguien que pueda permitirse sacar a sus hijas e hijos de la pública lo hace. La manera de defenderla es darle lo que se merece, una inversión de al menos el 7% del PIB, no hay soluciones milagrosas. Nos bombardean en los medios con alabanzas a la escuela predemocrática, conviene citar la exposición de motivos de la famosa Ley General de Educación de 1970: “(…) una España de quince millones de habitantes con el setenta y cinco por ciento de analfabetos (…)”, donde no se superaba el 2% del PIB en inversión.

Una plantilla docente tensionada y desmoralizada.

Tampoco aquellas comunidades autónomas presididas por gobiernos progresistas se han caracterizado por la defensa de la escuela pública, y el curso 24-25 comienza con preavisos de huelgas generales en Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias. Los STEs manifestamos un sentimiento de orfandad para con los partidos que debían tener por bandera la defensa de la RES PÚBLICA, pero siendo como somos un sindicato autónomo,  combativo y movilizador, nuestro comportamiento nos impide permanecer en silencio por temor a perder unas prebendas -que no tenemos-, ni permanecer serviles al poder.  No depender de subvenciones para desarrollar la acción sindical y tener el número de permanentes sindicales ajustado a los resultados electorales nos hacen practicar un sindicalismo renovador e ilusionante.

Desde un punto de vista sindical, enfocado en la defensa de las condiciones laborales del profesorado, observamos que aumentan los problemas para el personal docente, de manera que la tarea de enseñar empieza a dejar de ser una opción atractiva en nuestro país; ha empezado en la etapa de Secundaria, una “deserción” sin precedentes, que complica cada semana en todos los territorios, la sustitución de vacantes en especialidades como: Matemáticas, Informática, Física y Química, entre otras. Se ha llegado al punto de saltarse la exigencia del requisito de Máster de Educación por parte de la Administración educativa.

Se percibe en la profesión, una falta de aprecio que va más allá de la no reversión de los recortes que persisten de la pasada crisis, y que se ve aún más precarizada por la multiplicación de las exigencias burocráticas. El profesorado parece dedicar más tiempo a tareas no docentes que a educar al alumnado o profundizar en las barreras de aprendizaje para aquellos más vulnerables que necesitan apoyos específicos. Se han notificado en las estadísticas de los departamentos de prevención de riesgos laborales, un aumento de cifras relacionadas con la salud mental, que tienen su explicación por el nivel de conflictividad en las aulas e incluso constantes agresiones verbales, llegando en más casos de los deseables a las físicas.

En otro orden de cosas, y relacionado con el quehacer diario del profesorado, nos encontramos con la constante actualización de normativa educativa y del bombardeo de la innovación digital –la última moda-. Por mucho que nos quieran persuadir que las pantallas y las nuevas tecnologías –basadas en el software- nos preparan para el mundo real actual, queremos subrayar que éstas no educan, quien cuida, enseña y transmite el conocimiento es el profesorado; que éste se encuentre cansado, con desánimo, con estrés, frustrado, degradado y con una importante pérdida de ilusión, es la peor cosa que le puede pasar a la educación. El arrinconamiento de la letra impresa y la escritura sobre el papel en pos de la digitalización parece estar detrás del retroceso en las capacidades intelectuales tales como: atención, comprensión, eficacia lectora, concentración o la abstracción. Una cosa es innovar y otra hacer las cosas bien.

Cambios legales y eufemismos.

Nos encontramos cada día con una serie de dificultades en las aulas y fuera de ellas, un catálogo de tareas que se le atribuyen a la labor docente que no para de crecer: redactados curriculares imposibles de explicar y entender; imposición de nuevas evaluaciones competenciales  y  metodologías obligatorias que van contra la libertad de cátedra; organización publicitaria de jornadas de puertas abiertas para captar alumnas y alumnos en un entorno competitivo de oferta y demanda y un largo sinfín.

Observamos cómo se está produciendo una reconversión de la profesión docente o “uberización” que genera –como efecto colateral- una dimisión en las filas docentes de la que hablábamos anteriormente. Esta reconversión se lleva a cabo mediante un doble reemplazo. Por un lado, docentes por docentes de segunda –o con “empleos basura” al estilo Thatcher o Reagan– que dicho de otra manera serían trabajos precarios con sueldos exiguos. Incluye una flexibilización normativa encaminada a poder contratar enseñantes low cost; personas sin acreditación pedagógica e incluso sin titulación universitaria para la FP, para lo cual se ha creado y ampliado la figura del experto en el sector productivo, con unas condiciones laborales precarizadas. Hasta el momento este profesorado “especialista” tenía una limitación de varios años en su contratación, es decir, era una situación coyuntural; con la desregulación normativa esta figura se convierte en estructural sin limitación alguna.  Aquí se incluirían los contratos laborales del personal que trabaja en la educación privada, con muchas peores condiciones laborales que en la pública –razón por la cual es habitual que opositen a ésta- y por supuesto un menor salario y miedo a perder el trabajo en cualquier momento. En términos estadísticos este personal está en aumento, así como buscar cobijo en los sindicatos de la enseñanza públicos con secciones sindicales en privada, debido a la constante vulneración de derechos y presiones por parte de la patronal, que intentan promocionar sus sindicatos “amarillos”, es decir, al servicio del jefe. Por otro lado, un reemplazo de docentes por software, potenciando las plataformas telemáticas de enseñanza, sin ir más lejos, el presente curso comienza con cierres de tradicionales Bachilleratos nocturnos, reducción de Escuelas Oficiales de Idiomas  y con toda la enseñanza de personas adultas en el alambre. Al cerrar estas enseñanzas que incluyen a alumnado matriculado, la Administración ofrece como alternativa la enseñanza on-line.

La precariedad laboral docente un problema pendiente de resolución.

Las permanentes sindicales llaman la atención sobre otra novedad,  la cantidad de llamadas –mucho más habitual de lo normal- recibidas en relación con la conciliación familiar, especialmente comprometida con los procesos de estabilización que –de una manera u otra-, han descolocado a familias enteras de sus domicilios habituales. El número de comisiones de servicio solicitadas u otras opciones de movilidad coyunturales, ya que el concurso general de traslados no lo soluciona, se incrementan curso a curso y no pueden ser atendidas en su mayoría.

Lo que siempre permanece constante y nunca es novedoso, es la elevada temporalidad que sigue sin trasponer la normativa europea, dejando al personal interino como el eslabón más débil de la cadena docente; por un lado a finales de 2024 –fecha límite para alcanzar el objetivo del 8% – no se llegará, ni de lejos a la cifra que marca la ley; por otro lado, se han estabilizado plazas pero no a las personas que están en fraude de ley por abuso de temporalidad, muchas de ellas están perdiendo incluso sus trabajos.

Aparentemente en la Educación todo cambia: los planes de estudio pasaron a llamarse “currículo”; los exámenes, “evaluaciones de diagnóstico”; las asignaturas se transformaron en “áreas/materias/ámbito/módulos”, según la etapa o modalidad en que se impartan; la atención a la diversidad, es “inclusión”; los refuerzos son “adaptaciones curriculares”; el fracaso escolar ahora se define como “abandono educativo temprano”. Recientemente, con la LOMLOE, las programaciones no usan objetivos sino competencias, que han cambiado de ser “básicas” a “claves”, y están encaminadas a  un “perfil de salida”; incluso desaparecen los objetivos de área, porque pasan a ser “competencias específicas”. Ya no podemos citar contenidos sino “saberes básicos”; los temas de toda la vida pasaron a ser unidades didácticas, pero según a quién preguntes, reciben la denominación de “unidades de programación” o “situaciones de aprendizaje”. Antes se usaba una metodología individualizada, pero ahora debes referirte a ella como “DUA” –diseño universal para el aprendizaje-; ahora no hablamos de disciplina sino de “convivencia”. Los criterios de evaluación, hace poco se concretaron en estándares de aprendizaje, pero a día de hoy son “descriptores operativos”.  Todas estas contorsiones lingüísticas que pueden parecer ridículas, no tienen nada de ingenuas.

Todo esto nos recuerda a Il Gattopardo, escrita por Lampedusa, donde sentencia: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. El anhelo neoliberal incluye una población asalariada con contratos precarios y miedo a perder el empleo; una vasta red de autónomos y emprendedores, en régimen de autoexplotación, identificados con el libre mercado; los hijos/as de inmigrantes y clases trabajadoras recogidos en escuelas públicas sin calidad para que nunca tengan oportunidad de escapar a su posición social subalterna de manera que unas minorías pudientes sigan gobernando para siempre. El ascensor social que debe ser la escuela debe funcionar hacia arriba, en caso contrario la citada posición social se heredaría, como ocurre con los bienes inmuebles. Las políticas neoliberales se caracterizan a grandes rasgos por: desregulación normativa, recortes de servicios públicos, individualización, competencia, precariedad laboral e incluso habitacional. Si el curso pasado subrayamos el problema de muchos docentes en Baleares –hay personas que vuelan a diario al no poder pagar un alquiler-, lejos de solucionarse el asunto, se extiende poco a poco a otros territorios como Madrid, Barcelona, Málaga o Canarias. Unas minorías con poder se blindan y el resto es empujada hacia la intemperie del sistema.

Para finalizar, conviene recordar que la educación nunca debe dejar de concebirse como un derecho de la ciudadanía, pero día a día observamos que pasa a transformarse en un servicio y en una inversión, donde el alumnado se convierte en un potencial cliente al servicio del mundo empresarial, que ha identificado este sector como un nicho de negocio.

Desde los STEs pondremos todo nuestro empeño para evitar que la Escuela pública se convierta en una guardería asistencial y gimnasio de adiestramiento para la fuerza laboral de baja cualificación, y que el sistema educativo en general sea cómplice de la reproducción de desigualdades sociales para mantener la hegemonía de unas élites.