La Plataforma-Foro por la Educación Pública, tras la modificación del Decreto de admisión, exigen la creación de zonas educativas de matriculación para empezar a recuperar el principio de igualdad perdido.

• Es necesaria la creación de las Unidades Territoriales de Admisión y las Comisiones de escolarización antes de iniciar el periodo de la matriculación, para empezar a recuperar el principio de igualdad perdido.

• La oferta educativa debe procurar la distribución del alumnado en los centros educativos, públicos o concertados.

Ante la publicación del Decreto 32/2021 que regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que modifica el anterior para adaptarlo a la LOMLOE, la Plataforma-Foro por la Educación Pública exigen la creación de zonas educativas de matriculación para empezar a recuperar el principio de igualdad perdido.

Plantean también que haya una participación real de Comunidad Educativa y de los Ayuntamientos como garantía de que se cumplan los derechos de la infancia y se impida la segregación escolar.

Las administraciones educativas tienen la obligación de velar por el derecho a la educación en igualdad, con atención especial a los sectores más necesitados, para proporcionar una educación de calidad. Para conseguirla, partimos del hecho de que los centros educativos tienen que ser el reflejo de la sociedad y de la heterogeneidad en donde se desarrolla el alumnado, de su barrio y de su pueblo, para reforzar su arraigo social, con las debidas correcciones para evitar concentración de alumnado que requieran mayor atención.

Que las políticas llevadas hasta ahora, principalmente al amparo e impulso de LOMCE, hayan caminado en sentido contrario, ha dado lugar a la mayor discriminación habida nunca en democracia entre escolares, llegando a generar centros de élite y centros gueto, teniendo el antidemocrático honor de situarnos a la cabeza de Europa en segregación escolar.

Para las organizaciones que conformamos la Plataforma Regional por la Escuela Pública y el Foro por la Educación, un factor destacado que aceleró la discriminación entre zonas, centros y colectivos, especialmente los más vulnerables, son las políticas educativas del PP basadas en la libertad de elección por encima del derecho a la educación en igualdad. Libertad de elección, por otra parte, a la que no se pueden acoger en las zonas rurales donde solo existe la enseñanza pública, ni las familias y el alumnado con mayores necesidades educativas, porque son los centros quienes acaban seleccionándolo.

Insistimos en que la educación es un derecho que las administraciones educativas deben garantizar en igualdad, gratuidad y calidad para todo el alumnado sin exclusión alguna.

Pues bien, el Decreto de la Junta de CyL por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos, supone una adaptación mínima a la LOMLOE ya que únicamente plantea “Que se formen las comisiones de escolarización que sean precisas” especialmente, dice, para evitar la segregación; la conformación de Unidades Territoriales de admisión y que se introduzcan en la baremación supuestos de vulnerabilidad (víctimas de violencia de género, familias monoparentales, …)

Y aunque nos parece un avance al que queremos contribuir desde la Comunidad Educativa, advertimos que se sigue consagrando la libertad de elección de centro, lo que se contrapone a las funciones de las Comisiones por Unidades Territoriales, poniendo en duda la intención de acabar con las políticas segregadoras (1).

Por todo ello, desde la Plataforma-Foro por la Educación Pública, exigimos de la Junta de Castilla y León que tome las medidas democráticas, que creemos de justicia llevar a cabo, para garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, que supongan:

• La creación de las Unidades Territoriales de Admisión y las Comisiones de escolarización antes de iniciar el periodo de la matriculación, para empezar a recuperar el principio de igualdad perdido.
• Una participación real de Comunidad Educativa y Ayuntamientos como garantía de que se cumplan los derechos de la infancia y de que se impida la segregación escolar, que no es lo mismo que la consulta que establece la Orden.
• Que las zonas rurales abarquen un territorio suficiente como para que dispongan una oferta educativa lo más completa posible, incluyendo los bachilleratos y la formación profesional, y garantizando la gratuidad del transporte, del comedor y de los demás servicios educativos, como forma de fijar población.
• La ordenación de la oferta educativa, responsabilidad de la Administración, para:
  • Estudiar las plazas ofertadas y las necesidades reales de la población, su composición socioeconómica, el alumnado que previsiblemente necesita de apoyos educativos y las demás situaciones de vulnerabilidad social.
  • Procurar que, con la distribución del alumnado en los centros educativos, públicos o privados sostenidos con fondos públicos, se vaya consiguiendo un fiel reflejo de la heterogeneidad social.
  • Detectar las necesidades de aulas por zona y contribuir a racionalizar el gasto público, no aumentando los conciertos con la enseñanza privada, cuando existan plazas suficientes en centros públicos.
  • Vigilar, junto con la inspección educativa, que los centros no generen discriminación económica por el cobro de actividades o conceptos no educativos.

• Que, en base a estos criterios, se lleve a cabo la escolarización, supervisada en todo momento por las Comisiones
• Que se afiance este camino de recuperación de las zonas de escolarización, para que no se siga desarraigando a parte del alumnado de su entorno social.
• Que, mientras se llevan a cabo todas estas premisas, la Consejería de Educación apoye a los centros con dificultades para conseguir la desegregación, genere o desarrolle proyectos como el Proa Plus o que aplique la bajada de ratios u otras medidas para favorecer la atención a la diversidad del alumnado.

La Plataforma-Foro por la Escuela Pública, en Castilla y León, iniciará una ronda de contactos con Ayuntamientos y con los Consejos Escolares, para hacerles llegar estas propuestas que se encuentran dentro de las competencias que les otorga la Ley. Además, seguirán impulsando la matriculación del alumnado en la Escuela Pública, por considerar que es la que garantiza el derecho a la educación de calidad y en condiciones de igualdad.

Castilla y León, 2 de diciembre de 2021