Aprobada la Ley de Autoridad del Profesorado de Castilla y León

El Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza en Castilla y León, Stecyl, ha asegurado que se trata de una ley «jurídicamente controvertida, que, al igual que sucede con el reconocimiento de la Lomce, no aporta nada verdaderamente nuevo ni para la mejora del clima escolar en los centros educativos, ni para la protección jurídica al profesorado, ni tampoco para promover la consideración social del trabajo del profesorado y el refuerzo de su profesionalidad».

  • PSOE, “innecesaria”
  • UPL, “escasa”
  • IU, “nefasta” y “militariza”
  • PP, “reconocimiento y protección”.

El proyecto se ha debatido en las Cortes y ha contado con el voto favorable de PP y por el procurador de UPL, Alejandro Valderas. Se opuso al mismo el parlamentario de Izquierda Unida, José María González, y se abstuvieron los representantes el PSOE.

El consejero de Educación, Juan José Mateos, ha defendido que esta norma contribuirá a mejorar la convivencia escolar. Para el PSOE, la comunidad ha perdido la oportunidad de profundizar en una ley de reconocimiento social del profesorado, según ha destacado Fernando Pablos.
Tanto el procurador del PSOE como el de IU han incidido en que lo que socava la convivencia escolar son los «recortes, el aumento de las ratios de alumnos por clase y la demora en cubrir las bajas de los docentes».
Isabel Blanco, del PP, ha resaltado que se cumple un compromiso con los docentes que iba en el programa electoral del PP.
La ley regional se aprueba después de que la reforma promovida por el ministro Wert en la Lomce reconozca en su articulado la condición de autoridad del profesorado. Tanto la Junta como el PP destacan que la ley autonómica desarrolla ese concepto y garantiza la asistencia jurídica.
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El PSOE la califica de “innecesaria”, UPL de “escasa” aunque la apoya e Izquierda Unida de “nefasta” porque “militariza” al profesorado. El PP, impulsor de la norma, la defiende para dotar de reconocimiento y protección jurídica a los docentes.

Las Cortes de Castilla y León dieron hoy luz verde a la Ley de Autoridad del Profesorado que dota a los docentes de la Comunidad de reconocimiento como autoridad y de protección jurídica, lo que contribuirá a la mejora del sistema educativo, según señaló durante su presentación el consejero de Educación, Juan José Mateos, en el debate de una norma que fue apoyada por el PP y por el procurador de UPL, Alejandro Valderas, y a la que se opuso el de Izquierda Unida, José María González, y se abstuvo el PSOE.

PP: reconocimiento como profesional con la protección pública correspondiente

El consejero recordó que los docentes han de tener un reconocimiento social e institucional y, por lo tanto, la ley recoge su reconocimiento como profesional con la protección pública correspondiente y la potestad de tomar decisiones. A su juicio, la convivencia es “un requisito básico” en el proceso de alcanzar una educación de calidad.

A pesar, dijo, de que la convivencia en los centros en Castilla y León es “buena”, la ley establece que el reconocimiento como autoridad pública del profesorado en el ámbito penal supone que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deben ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad (artículo 550 del Código Penal), lo que agravará significativamente las condenas por dichos actos.

Además, explicó que dicho reconocimiento implica una atención jurídica así como que las agresiones o intimidaciones contra ellos sean considerados delitos graves y se endurezcan las condenas y que puedan ser perseguidos de oficio por la Fiscalía. Asimismo, el profesorado dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones frente a la de cualquier ciudadano, en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión. A ello se suma que los delitos cometidos contra los docentes, una vez reconocida la condición de autoridad pública, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximiría al profesor agredido de ser el agente principal de la denuncia. En todo caso, el profesor gozará del derecho a la representación y defensa en juicio.

La consideración del docente como autoridad pública significa reconocer explícita mente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar. En definitiva, subrayó Mateos, la nueva ley se caracteriza por “la sencillez” del reconocimiento esencial de la autoridad del profesorado y por “cercanía a la sociedad” con el objeto de dar soluciones eficaces y mejorar la calidad y los resultados del sistema educativo.

PSOE: “innecesaria” sólo pretende “catalogar”

Durante el debate de las 30 enmiendas, que mantuvo vivas el Grupo Parlamentario Socialista, su procurador Fernando Pablos aseguró que esta ley es “innecesaria” en los términos redactados porque el PP con ella sólo pretende “catalogar” la autoridad pública del profesorado, algo que ya viene establecido en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), si bien la portavoz del PP, Isabel Blanco, defendió que la norma castellana y leonesa “va más allá” de lo que establece la Lomce, al margen, dijo, de que se trata de un compromiso de legislatura del presidente, Juan Vicente Herrera.

Además, entre las enmiendas del PSOE se solicitaba también que este rango fuera sólo para los profesores funcionarios y no para “los elegidos a dedo” en los centros concertados, algo a lo que se opuso el PP.

Lo que sí se pactó durante el debate de hoy en el Pleno de las Cortes, después de la transacción de otras nueve enmiendas del PSOE en Comisión, es la inclusión de un tercer apartado en el artículo dos para que se incluyan las posibles agresiones o problemas que surjan fuera del centro educativo pero estén basados en la condición de docente, si bien el PSOE pedía la inclusión dentro de la ley de todo el personal de los centros educativos.

Asimismo, Pablos, quien también incidió en que la ley no puede ser “a coste cero” a no ser que sea “un brindis al sol”, incidió en la necesidad de dotar de reconocimiento y prestigio social del profesorado, que se debe impulsar desde la administración con medidas como la formación en materias que contribuyan a una mejor convivencia en los centros educativos, la corresponsabilidad entre la comunidad educativa y la consejería competente sin establecer jerarquías para obtener el clima adecuado en los centros educativos y la obligación de dotar a los centros de los medios materiales y humanos para que los docentes puedan velar por el cumplimiento de estas normas.Mientras, Isabel Blanco insistió en que se trata de una ley que “demanda” el sector y supondrá una mejora de las condiciones del profesorado y que busca el fortalecimiento del prestigio social del profesorado. “No es un cajón de sastre, sino que tiene un objetivo sencillo y claro: dar carácter de autoridad pública al profesorado”, indicó para rechazar las enmiendas del PSOE.

UPL: Escasa

Por su parte, el procurador de UPL votó a favor de la norma puesto que, dijo, se aceptaron en comisión ocho de las nueve enmiendas que presentó, si bien hoy, la que se mantuvo viva para el pleno no fue aceptada por el PP. Valderas, quien calificó de “escasa” la nueva ley, incidió en la necesidad de que esta incluyera más regulación relativa sobre esta materia para que el docente pueda encontrar todo lo necesario en una norma, así como un protocolo a seguir en cualquier tipo de conflicto.

En su respuesta, la procuradora popular María del Canto Benito aseguró que no procede la inclusión del resto de normativa que los docentes pueden encontrar en otras normas. Además, aseguró que el protocolo y otro tipo de actuaciones más específicas se harán más tarde con el desarrollo normativo.

IU: Proyecto de ley “nefasto” y “absolutamente innecesario”

Benito fue la encargada también de oponerse a las once enmiendas vivas al Pleno del procurador de Izquierda Unida, José María González, que fue el único que votó en contra de la norma por considerar que es un proyecto de ley “nefasto” y “absolutamente innecesario” que, además, convierte a los docentes en “policías”.

A su juicio, lo que da reconocimiento a un profesor “no es una ley”, sino el reconocimiento público de la defensa de sus derechos que “han ido perdiendo” en los últimos años. “Sus problemas son la falta de defensa de sus derechos por parte de las administraciones”, subrayó, para denunciar que esta ley lo único que hace es “uniformar y militarizar” a este colectivo que va a recibir más obligaciones.

De “pantomima” calificó Benito las enmiendas de Izquierda Unida a cuyo procurador emplazó en otra ocasión a presentar una enmienda a la totalidad, puesto que las once parciales presentadas por González, “no aportan nada” y sólo pretenden la anulación de los distintos artículos.

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LA LEY

 La normativa presentada por el consejero de Educación, Juan José Mateos, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno del pasado 27 de junio, quien vinculó la “calidad” del sistema educativo regional con la combinación de convivencia y autoridad, que se verá reforzada con la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado que se caracterizapor dos elementos: la convivencia y la calidad.

“Convivencia y autoridad van juntas y esa es una de las razones por las que Castilla y León tiene la calidad que tiene”, recalcó antes de segurar que el texto otorga a los docentes presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función docente.

Asimismo, y como consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública, en el supuesto de que el profesorado sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea docente, éstas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que significa un endurecimiento en las penas de los autores.

Los delitos podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, ha añadido el consejero, quien tras recalcar que Castilla y León es una comunidad “poco conflictiva” y que ni los docentes ni las familias son agresivas, se ha mostrado convencido de que la sociedad estará de acuerdo con la existencia de esta ley.

EL TEXTO

En el capítulo I, denominado ‘Disposiciones generales‘ se incluyen cuatro artículos en los que se indica el objetivo y finalidad, el ámbito de aplicación, los principios generales y los derechos en el ejercicio de la función docente del profesorado

En el capítulo II, denominado ‘Protección Jurídica del profesorado‘, se especifica el reconocimiento de autoridad pública, la presunción de veracidad, el deber de colaboración y la asistencia jurídica.

El capítulo III (tres artículos) se refiere a las normas de convivencia de los centros, el procedimiento de comunicación de delitos y faltas y la responsabilidad y reparación de daños.

En la disposición adicional se extiende también el reconocimiento de autoridad pública a los docentes de la enseñanzas concertada-privada de Castilla y León.

Las dos disposiciones finales habilitan a la Consejería de Educación a dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley y se determina su entrada en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), por lo que entrará en vigor a mediados del próximo curso

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