Educación pública: garantía de progreso e igualdad

Considero que la educación debe ser totalmente pública y gratuita. Lo creo porque la educación es un Derecho Humano. Darle cumplimiento no puede suponer  un negocio sino que debe ser el objetivo de un Estado que conciba la política como una herramienta de mejora continua de la vida de su ciudadanía. Además, este derecho no debería limitarse a las etapas básicas; la emancipación del ser humano y la consecución de plenitud en su proyecto vital sólo se asegura si se garantiza su instrucción continua.

Según los datos del Ministerio de Educación, aproximadamente el 29% del alumnado de nuestro país se encuentra escolarizado en centros educativos concertados. Es una de las cifras más altas de la UE. Además, la educación concertada está mayoritariamente en manos de la Iglesia; entre el 70% y el 80% de los centros concertados son religiosos.

Según recoge Eldiario.es, entre 2007 y 2017, los recursos públicos destinados a la Educación en España aumentaron un 4,6%. Pero mientras que la inversión en educación pública se estancó, la partida dedicada a la educación concertada aumentó un 25%.

La educación pública como ejemplo de integración y herramienta frente a la desigualdad

La educación pública acoge a toda persona, sin importar su sexo, origen, etnia, credo o clase social. Todo alumno/a recibe formación académica gratuita de calidad. De hecho, en barrios o ciudades de rentas más bajas, las escuelas públicas y su personal docente no sólo asumen un rol educativo; a menudo se convierten en las únicas personas capaces de poner solución o al menos paliar los efectos de difíciles situaciones socioeconómicas y familiares de su alumnado.

La educación pública en España asume al 88,9% de los/as estudiantes procedentes de familias con menor renta. En consecuencia, la educación concertada, pese a que sus criterios de admisión contemplan especial atención al alumnado más desfavorecido, en la práctica acoge al mayor porcentaje del alumnado cuyas familias perciben las rentas más altas. La segregación por sexos continúa presente en algunos centros privados y concertados, lo que a mi juicio resulta inadmisible en un Estado que reconoce legalmente la completa igualdad entre hombres y mujeres.

Considero que el Estado, actualmente, puede y debe asumir en solitario la responsabilidad de educar a la ciudadanía. No es posible ya sostener la necesidad de escuelas concertadas argumentando la ausencia de plazas en la pública. Éstas podrían ser más que suficientes si el Estado aumentara la partida dedicada a educación, evitándose colaborar con entidades cuyo objetivo es su beneficio y no el de toda la ciudadanía.

La exigente formación del profesorado de la educación pública garantiza su calidad

Por otra parte, creo que las garantías que ofrece la educación pública están fuera de toda duda. El profesorado de la educación pública, para obtener plaza en la misma, ha de superar unas oposiciones. Oposiciones que exigen años de estudio y trabajo metódico; de conocimiento profundo de la materia en la que se ha especializado. Además, habrán tenido que demostrar destrezas didácticas suficientes como para saber elaborar una programación completa y adecuada para cada materia que impartirán. No sólo tendrán que probar que dominan su área de conocimiento; también que saben adaptar dichos contenidos al nivel de su alumnado y de las circunstancias del mismo de modo que éste adquiera conocimientos de forma reflexiva, crítica y apropiada. Es un proceso transparente, de bases y requisitos claros y de exigencia extraordinaria. Quien se presenta a unas oposiciones no podrá superarlas sin tener conocimiento integral y profundo de su área de especialización. La consecución de plaza se logra por riguroso examen de los conocimientos  además de la experiencia y méritos legalmente acreditados tomados en cuenta en la calificación (titulación de grado o licenciatura, titulación obligatoria de máster en Educación, conocimiento de idiomas, segundas carreras, másteres adicionales, doctorados, experiencia laboral, etc.).

Para conseguir plaza en la concertada, es necesario acreditar una titulación de grado y el manejo de idiomas suele ser otro requisito cada vez más demandado. En contraste con la transparencia del acceso al empleo en la función pública, cada concertada puede, en función de sus criterios, añadir los requisitos y exigencias que considere oportuno dentro del marco de la legalidad vigente. Pero estrictamente, no es necesario haber cursado el máster en educación obligatorio ni, por supuesto, haber superado unas oposiciones. Suelen prevalecer otro tipo de pruebas (generalmente, entrevistas personales) en las  se constata si el candidato encaja con el proyecto educativo del centro, como se especifica en las propias web de oferta de empleo de dichos centros.

No obstante, en ella hay profesorado con extensa formación, al margen de que ésta les sea exigida como condición necesaria o sólo como méritos a tener en cuenta, y con aún mejor voluntad que esperen poder dar lo mejor de sí en la escuela concertada. No hay que olvidar que cuando se denuncia el modelo de educación concertado, no se cuestiona a su profesorado. Al contrario, en tanto que asalariados cuya contratación depende de la iniciativa privada (esto es lo que sí interpelo y denuncio firmemente), tienen unas condiciones laborales peores que el profesorado de la educación pública y a menudo se encuentran injustamente condicionados en cuanto a su libertad de expresión se refiere, pues la libertad de cátedra queda cuestionada por la necesidad de ajustarse a los principios (generalmente religiosos) del centro. Por eso, no se trata de ponerlos en el punto de mira. Se trata de defender un modelo regulado de requisitos transparentes y con un proyecto educativo empeñado en que ninguna persona se quede fuera de una educación integral y de calidad. Un modelo en el que quepa todo el profesorado, con el respaldo del Estado velando por sus condiciones laborales, y todo el alumnado sin distinciones. Y ese modelo no es otro que el de la educación 100% pública y de calidad.

Necesitamos un Estado laico. No a los recursos públicos en manos de entidades religiosas

Como subrayé al principio, entre el 70 y el 80% de centros concertados son religiosos. En estos centros, la enseñanza religiosa es obligatoria y transversal. No se limita a la asignatura de Religión. La educación en valores religiosos vertebra el proyecto educativo de estas escuelas.

Se perpetúa así la transmisión de principios de fe no en tanto que tales sino como principios adecuados para regir la educación y la formación del alumnado. De este modo, la transmisión de valores éticos cívicos y laicos, que son los que aseguran la cohesión social y el progreso político, asumen un papel irrelevante.

Ningún menor debería ser instruido en preceptos religiosos en su centro educativo. El Estado debe garantizar, por supuesto, la libertad religiosa. Pero siempre que no interfiera en la vida pública. La formación religiosa debe ser impartida en centros de culto financiados privadamente por sus fieles, sin ningún tipo de financiación pública. Es decir, considero imprescindible que el Estado sea laico. Y, en consecuencia, que por el mismo criterio se rija el sistema educativo.

Conclusión: el 100% de la educación ha de ser pública, laica y de calidad.

Por tanto, defiendo que la educación privada y concertada deben desaparecer porque creo que, sólo si se concibe la educación al servicio del ser humano y del bien común y no al servicio de las élites seremos capaces de mejorar y universalizar los bienes esenciales de la humanidad, y precisamente recibir una educación integral es uno de los principales.

Toda la inversión del Estado en educación debe revertir exclusivamente en la escuela pública, mejorando no sólo el servicio público ofrecido sino las condiciones laborales de quien lo hace posible. El profesorado es un pilar básico de una sociedad justa. Por eso, su esfuerzo debe ser compensado con un salario y unas condiciones de laborales dignas mejores que las actuales.

Es el Estado quien debe velar por la educación y formación de su ciudadanía, no sólo para asegurar unos conocimientos básicos sino para asegurar la educación integral de cada ser humano. La educación debe concebirse como espacio destinado a impedir la alienación del individuo y fomentar todas sus capacidades: su capacidad crítica, artística, matemática, científica, filosófica, ética, etc.

Como sociedad, debemos formar a seres humanos íntegros y cultos; capaces de dar cuenta del mundo que les rodea y comprometerse con él; con el bien común y con el progreso de sus iguales además del propio para un proyecto vital pleno, no sólo en lo económico.

Ha de ser una educación rigurosa, exigente, donde alumnado y profesorado quieran y puedan dar lo mejor de sí en las mejores condiciones, creando de este modo una ciudadanía más capacitada para lograr otro mundo donde las desigualdades, la miseria, la injusticia, el conformismo y la pérdida de confianza en el progreso no tengan cabida. Por eso, necesitamos una nueva ley de educación, que impida cualquier segregación: ni por clase ni por sexo. Una educación de toda la ciudadanía y para toda la ciudadanía.

Para que el esfuerzo de quienes enseñan sea un bien social justamente retribuido y no a merced de la voluntad de manos privadas; para que quienes aprendan se beneficien siempre de la mejor educación, sin que ninguna injusticia lo impida.

Ana Pollán.

Graduada en Filosofía por la Universidad de Valladolid. Máster en Filosofía Teórica y Práctica por la UNED.

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