La infancia como prioridad política. Agenda de la Infancia: para mejorar la vida y la educación
La Agenda parte de una premisa clara: no hay igualdad de oportunidades sin condiciones materiales de vida dignas desde la infancia.
Invertir en infancia no es un gasto, es una estrategia para garantizar los derechos humanos y avanzar hacia una sociedad más democrática e igualitaria.
Vicent Maurí Genovés
El pasado 11 de febrero se presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la segunda Agenda de la Infancia, promovida y editada por STES-Intersindical. Fue una presentación en la que tuve el privilegio de participar y que trasciende el ámbito educativo y pedagógico, al subrayar que las políticas sobre infancia deben convertirse en una prioridad. Como se destacó durante la presentación: “no se trataba de presentar un documento técnico ni de acumular diagnósticos ya conocidos, sino de situar la infancia en el centro del debate público desde una perspectiva de derechos, de inversión social y de calidad democrática”.
Las intervenciones de responsables institucionales como Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia; Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación y Formación Profesional; y Encarna Cuenca Carrión, presidenta del Consejo Escolar del Estado, evidenciaron que existe una conciencia política creciente sobre los retos que atraviesan niños, niñas y adolescentes, así como la implementación de medidas desde diversas administraciones e instituciones públicas.
Por su parte, M.ª Luz González Rodríguez, responsable de Acción Sindical de STES-Intersindical, y Begoña López Cuesta, coordinadora del proyecto, desgranaron un documento que combina análisis social, enfoque de derechos y propuestas políticas concretas, mostrando cómo la infancia puede y debe ser el eje de la acción política.
Esta segunda edición se publica en un contexto especialmente complejo. La incertidumbre económica, el encarecimiento de la vida, la precarización del empleo, la crisis estructural de acceso a la vivienda y el debilitamiento de los servicios públicos configuran un escenario de vulnerabilidad creciente para amplias capas de la sociedad. En este contexto, la infancia no es un colectivo más: es el primero en sufrir las consecuencias de cualquier retroceso social. Cuando se recortan derechos, se debilita la protección social o se cuestiona la inversión pública en educación, sanidad o servicios sociales, el impacto se refleja de manera inmediata en la vida cotidiana de millones de niños y niñas.
Por ello, la Agenda parte de una premisa clara: no hay igualdad de oportunidades sin condiciones materiales de vida dignas desde la infancia. Y no puede existir democracia sólida y real si una parte de la población crece en contextos de pobreza, exclusión o desprotección.
Una situación que afecta directamente a la infancia migrante. Miles de menores atraviesan hoy desplazamientos forzosos, fronteras convertidas en espacios de violencia, déficits de protección institucional y, con demasiada frecuencia, negación efectiva de los derechos más básicos. La Agenda recuerda algo esencial: los derechos de la infancia son universales, no dependen del origen ni del estatus administrativo, y su garantía es una obligación ineludible de los poderes públicos.
La Agenda se inscribe también en una corriente internacional que reclama situar la infancia en el centro de las políticas públicas. Se alinea con el Manifiesto por una educación de la primera infancia de calidad, impulsado por la campaña Act For Early Years, recientemente firmado por Mugwena Maluleke, presidente de la Internacional de la Educación, organización de la que STES-Intersindical es miembro fundador. El objetivo es claro: movilizar financiación internacional, reforzar los sistemas de atención y educación temprana y garantizar que los primeros años de vida ocupen un lugar prioritario en las agendas políticas globales. Porque es ahí donde se juega, en gran medida, la igualdad futura.
Uno de los principales valores de la Agenda es su voluntad de concreción: no se limita a describir problemas, sino que plantea soluciones y herramientas para convertir sus objetivos en realidad. Identifica además desafíos emergentes, como la participación juvenil y el creciente poder de las grandes corporaciones tecnológicas, vinculando estos factores al bienestar y los derechos de la infancia.
En última instancia, la Agenda de la Infancia abre un debate político de fondo: ¿queremos políticas de infancia asistenciales o estructurales? ¿Aspiramos a declaraciones simbólicas o a inversión pública sostenida? Situar a la infancia como prioridad política y social implica hablar de financiación, de servicios públicos, de redistribución de la riqueza y de derechos efectivos. Implica entender que los retos demográficos, educativos y democráticos del futuro se están jugando ya, hoy, en las condiciones de vida de niños y niñas.
La presentación de la Agenda dejó una idea difícil de refutar: invertir en infancia no es un gasto, es una estrategia para garantizar los derechos humanos y avanzar hacia una sociedad más democrática e igualitaria.
