El Consejo Escolar del Estado apoya el derecho del alumnado a conocer la situación en Gaza
El Consejo Escolar del Estado (CEE) de España ha aprobado una declaración institucional que apoya el derecho del alumnado a conocer la situación educativa de la población palestina y que expresa su apoyo al profesorado que educa «con libertad de cátedra y bajo el amparo de la Constitución Española».
El pronunciamiento del CEE, un órgano de participación del mundo educativo, llega después de que la plataforma ‘Marea Palestina: la educación contra el genocidio’ solicitara amparar los actos educativos que se celebran en centros escolares y en sus claustros contra el genocidio en Gaza.
El CEE ha señalado que «nadie puede impedir que el alumnado reciba una educación basada en la convivencia y la paz ni que el profesorado ejerza su función educadora y desarrolle plenamente el currículo escolar»
La declaración del Consejo Escolar del Estado incide en que en el currículo oficial de todas las etapas educativas en España se incluye el conocimiento, valoración y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la formación en el ejercicio de la ciudadanía democrática, cívica, participativa y en los valores que sustentan la convivencia y la cultura de la paz.
«Esos principios se encuentran recogidos en los reales decretos de enseñanzas mínimas que establecen la educación para la justicia, la igualdad y la solidaridad como elementos esenciales del currículo que debe impartirse en todos los centros y en todas las etapas del sistema educativo español».
Asimismo, reiteró su preocupación y rechazo por cualquier hecho violento, «sea de la naturaleza que sea y máxime si es dirigido contra la infancia».
«Ningún niño, ninguna niña, ninguna persona debe ser privada de su derecho a la educación, a la protección, a la esperanza y, sobre todo, a la vida», señaló la declaración, que recalca la gravedad de la situación en Gaza, que, lejos de haberse solucionado, se ha visto agudizada con un número cada vez mayor de víctimas y el impedimento constante para que su población reciba ayuda humanitaria.
Asimismo, la resolución unánime del máximo órgano de representación de la comunidad educativa a nivel estatal “impugna las actuaciones de determinadas administraciones educativas que intentan obstaculizar o impedir el correcto trabajo de docentes y equipos directivos en los centros educativos”.