El IV curso de implantación LOMLOE empezará como el anterior, con huelgas desde el primer día de clase.
Se evidencia la continuidad de una problemática que afecta a la educación en España. Según el Informe del Consejo Escolar del Estado, nuestro país tiene un porcentaje de educación pública no universitaria del 68,3%, muy por debajo de la media de la UE-27, que es del 81%.
Para abordar esta anomalía, es urgente centrarse en tres ejes fundamentales:
- Reducir la sobrecarga laboral del profesorado: Esto implica abordar las ratios elevadas, el exceso de horas lectivas y la creciente burocracia administrativa que dificultan la labor docente.
- Mejorar las condiciones económicas y laborales: Es necesario abordar la pérdida de poder adquisitivo y la equiparación laboral entre cuerpos para hacer la profesión docente más atractiva.
- Atención a la diversidad real: Implementar medidas que permitan individualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y atender las necesidades específicas de cada estudiante.
Estas medidas son esenciales para mejorar la calidad de la educación y garantizar un entorno de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes.
El IV curso de implantación de la LOMLOE comienza como empezó el III, con huelga general; en este caso en Cantabria y huelga de FP en Paìs Valenciá. No existen soluciones milagrosas a los problemas educativos, la manera de defenderla es darle lo que se merece: una inversión de al menos el 7% del PIB.
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RESISTENCIA A LA OFENSIVA PRIVATIZADORA CONTRA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Curso tras curso, el Informe del Consejo Escolar del Estado evidencia la anomalía que supone el bajo porcentaje de educación pública no universitaria de nuestro país (68,3%) en comparación con la media de la UE-27 (81%). La ofensiva privatizadora avanza sin descanso: tanto la disposición adicional 29ª de la LOMLOE como el Acuerdo de Gobierno PSOE–SUMAR contemplan un aumento de fondos para los conciertos educativos con el objetivo de acercarse al “coste real del servicio educativo”.
El Ministerio sostiene que esta medida vendría acompañada de un compromiso para eliminar las cuotas y evitar la segregación del alumnado; sin embargo, para STEs-i esto constituye una burla y un insulto a quienes defendemos la educación pública. Si estas medidas son planificadas por el Gobierno “más progresista de la historia”, no queremos ni pensar qué pasará cuando los partidos conservadores se apoderen del BOE.
Mientras se cierran aulas en la enseñanza pública y numerosos centros permanecen en estado de deterioro, continúan ampliándose las subvenciones a centros privados, bajo el eufemismo de “concierto”.
Frente a estos problemas u otros similares, se muestra antes nuestros ojos la solución “a la asturiana”, que incluye manifestaciones multitudinarias (más allá del censo electoral), huelga indefinida, encierro en centros educativos y dimisión en bloque de equipos directivos. Ante este ejercicio de compromiso y unidad sindical, los gobiernos ceden. La sociedad sabe diferenciar entre derechos y privilegios. Asturias ha encendido la chispa en el colectivo docente, y todo apunta a que el curso 2025-2026 se desarrollará bajo una elevada tensión. Parte del malestar viene de lejos, debido a la no recuperación de los recortes pasados, la Educación queda siempre como asignatura pendiente porque siempre aparece algo más urgente.
En este escenario, el profesorado debe desempeñar un papel clave no solo como agente educativo, sino también como garante de un sistema público de calidad. Será fundamental mantener una postura crítica, comprometida y activa en defensa de unas condiciones laborales dignas y de una educación que priorice el bienestar del alumnado y el interés general.
Pensamos que el profesorado abanderará la lucha de los salarios decentes y vivienda accesible y digna, será quien “tire del carro”.
LA GRAN RENUNCIA
La escasez de profesorado para cubrir vacantes se ha convertido en una realidad alarmante. Con el paso de los años, la degradación de la profesión docente ha ido en aumento: mayor carga de trabajo, entornos más conflictivos y condiciones cada vez menos atractivas han creado la “tormenta perfecta” que está provocando una deserción inédita en el sector.
Las encuestas de STEs alertan de nuevas y preocupantes situaciones que afectan al bienestar docente: pérdida de poder adquisitivo —un 20% de media en los últimos años—, precios desorbitados de la vivienda, imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, burocracia asfixiante y un deterioro de la salud mental, en muchos casos agravado por el malestar del propio alumnado.
Todo ello lleva a que una cuarta parte del profesorado, especialmente en Secundaria, se plantee abandonar la profesión, máxime cuando el número de agresiones físicas que recibe va en aumento.
El deterioro del bienestar emocional del personal docente está disparando las bajas laborales.
Esta realidad permanecerá sin duda en el curso 25-26 y se explica por la creciente complejidad del trabajo: el 40% del alumnado ha padecido un problema de salud mental en el último año, lo que genera —en proporciones similares— agotamiento, ansiedad o depresión entre el profesorado.
BUROCRACIA
La normativa educativa ya es, por sí sola, inabarcable. Sin embargo, se añaden nuevas funciones a la extensa lista de atribuciones del profesorado: implantación de nuevos programas y protocolos, implementación de herramientas de evaluación y gestión del aula, pero además otros ministerios contribuyen a la asfixia burocrática.
Un ejemplo es el artículo 35 de la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia), que crea la figura del coordinador o coordinadora de bienestar. Esta figura se implanta sin presupuesto, sin recursos, sin formación específica ni remuneración, pero conlleva una sobrecarga de horas extra de preparación.
En definitiva, más trabajo para los mismos profesionales, pero sin compensación alguna. Surge la necesidad de incorporar nuevos perfiles profesionales en los centros educativos, cuando el alumnado solicita ayuda, el profesorado encargado de su bienestar se ve desbordado, y las/los orientadores hacen lo que pueden con unas ratios desproporcionadas.
En este contexto, se exige cada vez más al personal docente mientras se le recortan medios. La docencia está cambiando profundamente: el centro educativo se concibe como una entidad que compite en un mercado.
POLÍTICA EDUCATIVA O POLÍTICOS HACIENDO EDUCACIÓN
Nos encontramos en mínimos históricos en las tasas de repetición: 1,1% en Primaria, 7% en la ESO y 5,9% en Bachillerato. En general la tasa de repetición de al menos una vez en la educación básica ha pasado del 33% al 21,7%. Ese dato se relaciona estrechamente con la Tasa de Abandono Educativo Temprano, que en los últimos años se ha reducido desde el 32% al 13%, cada vez más cerca del 9,4% UE.
Estos resultados aparentemente extraordinarios se han hecho a coste cero prácticamente, ya que el porcentaje de PIB dedicado a educación ahora se sitúa sobre el 4,4%; muy alejado de aquellos países que se toman en serio la educación. ¿Cómo han conseguido los políticos mejorar estos datos? Muy sencillo, prohibiendo la repetición y maquillando las cifras de inversión educativa, cambiando el gasto de una parte de la FP que computaba a otros ministerios y trasladando este al Ministerio de Educación, en realidad el presupuesto no se ha aumentado. Por supuesto, estos datos se consiguen además, con una entrega intensiva de trabajo y entusiasmo del profesorado.
Es poco conocido el dato de que nuestro país siempre ha tenido unos porcentajes de titulación superior muy por encima de la media -52,6% frente al 44% UE-.
La injerencia de los organismos supranacionales, léase OCDE y UE, al dictado de las grandes corporaciones trasnacionales están cambiando el escenario, ahora el sistema educativo se orienta a modelar individuos entrenados en diversas competencias, destrezas y habilidades técnicas y emocionales que faciliten su encaje en el mercado laboral; de este modo la escuela -y con ella la Universidad- se convierte en un centro de selección de personal y deja de alimentar el anhelo de saber, orientada a la formación del alumnado hacia aquellas áreas de la economía que favorezcan su empleabilidad. Así la transmisión cultural corre el riesgo de quedar aparcada para formar emprendedores flexibles y adaptables, siempre prestos a la movilidad geográfica.
Resulta curioso que el buen dato sobre el alto nivel de universitarias y universitarios se considera en nuestro país como “sobrecualificación”.
Nos tememos que, a medida que pasen los cursos descenderá la tasa de graduación en Bachillerato y Universidad en favor de una FP donde se recortan contenidos académicos y se amplían horas en la empresa. En muchos casos, la supuesta dualidad se traduce en una precarización de la formación, donde el alumnado asume roles laborales sin una verdadera tutela pedagógica, se habla de formación compartida, pero en realidad se avanza hacia un modelo que convierte la FP en una cantera de autónomos sin estabilidad ni derechos laborales.
Además, preocupa el creciente peso de la iniciativa privada en este ámbito. En la última década, la FP privada ha aumentado cerca de un 500%, especialmente en formatos online y centrados en ciclos de bajo coste. Estas empresas evitan los ciclos que requieren grandes inversiones en equipamiento, comprometiendo la calidad de la formación. La FP se está convirtiendo en una “escuela privada de formación de autónomos” pagada con dinero público.
DEBATES Y MEDIDAS POLÉMICAS
Otro aspecto que dará que hablar será la jornada partida, modelo recomendado por la OCDE que abrirá un debate innecesario en la sociedad. Seguramente aparecerán estudios que la defiendan, argumentando que se adapta a los ritmos escolares y que ayuda a las familias desfavorecidas al garantizarles un comedor público y actividades extraescolares gratuitas. Esos “expertos educativos” a sueldo de corporaciones empresariales no publicarán estudios que digan lo evidente, que la brecha educativa en el rendimiento académico se produce principalmente por el nivel socioeconómico de las familias; la distancia entre ricos y pobres lleva aparejada más de 2 cursos de diferencia independientemente del sistema y jornada escolar, estas diferencias se observan dentro de un mismo país, territorio e incluso aula. De hecho, esa brecha educativa dentro de una misma aula es cada vez mayor.
Sin medidas reales para subsanar las diferencias de clase, sin inversión ni recursos, hablar de jornada escolar es un debate estéril.
Desde STEs interpretamos estas medidas como un “entrenamiento” para acostumbrar a las y los futuros trabajadores a jornadas interminables, una escuela al servicio de los poderes económicos que buscan emprendedores flexibles y adaptables. Quieren que la escuela sea el reflejo de una realidad laboral precaria sin políticas de conciliación laboral y familiar. Ni la educación es un mercado, ni las desigualdades sociales se erradican partiendo la jornada, ni tampoco es aceptable que la escuela sea la única herramienta o mecanismo de conciliación laboral y familiar. No nos cansaremos de subrayar que los centros escolares no son guarderías.
Lamentamos que sea precisamente el Consejo Escolar del Estado quien apruebe en sus propuestas de mejora del sistema educativo abrir dicho debate a pesar de que en los últimos años la mayoría de los consejos escolares de los centros han ido aprobando su abandono.
Por otro lado, este curso se inicia con la prohibición del uso de móviles y pantallas en los centros educativos, incluso se ha acuñado ya en Instrucciones de inicio de curso el término “desescalada” para el abandono paulatino de la modalidad digital de materiales curriculares. Estudios científicos han alertado de que la corteza prefrontal de adolescentes, especialmente entre los 15 y 16 años, no está preparada para competir con algoritmos diseñados por expertos mundiales en tecnología y psicología para generar adicción. Tanto familias como docentes ya habían percibido este impacto en la atención, el comportamiento y el rendimiento académico del alumnado.
Desde esta perspectiva, el uso de dispositivos digitales debe limitarse a contextos educativos donde aporten un valor real, como en las materias de Tecnología o Informática. El centro educativo debe ser el lugar para enseñar a usar la tecnología de forma crítica y segura, no para sustituir todos los materiales didácticos por pantallas.
Debemos ser muy conscientes que las pantallas no educan a los alumnos y alumnas; quien educa, cuida, enseña y transmite el conocimiento es el profesorado.
PERSONAL INTERINO
El fraude de ley por abuso de temporalidad persiste en nuestro país, a pesar de que a 1 de enero de 2025 la tasa de interinidad debía estar al 8%, los propios datos de la Administración la sitúan en el sector educativo más allá del 30%, razón por la cual Bruselas ha congelado el pago de 626 millones de euros de fondos europeos. Tampoco corren buenos tiempos para este personal en las oposiciones, los procesos realizados durante el verano han arrojado cifras preocupantes: poca gente opositando, bajo número de aprobados en las primeras pruebas y récord de plazas desiertas. Todo ello en unas pésimas condiciones climáticas -por las cada vez más frecuentes olas de calor-. Incluso los tribunales en pie de guerra, multiplicaron sus quejas por diferentes motivos, como el precio de los hoteles o las jornadas maratonianas de evaluación.
PENETRACIÓN DE LA EXTREMA DERECHA EN LA ENSEÑANZA /JÓVENES
La estrategia de la extrema derecha está calando de manera preocupante en la ideología de muchos jóvenes, especialmente entre los 14 y 25 años, por tanto alumnado de Bachillerato, FP o Universidad. Su batalla cultural está dando resultados, centrada en unos pocos pero significativos aspectos reaccionarios. Como en tantos otros países, los destinatarios de sus mensajes son “los perdedores de la globalización”, que son más vulnerables a los “discursos de agravio”.
El feminismo es presentado como un ataque discriminatorio contra los hombres; la defensa del medio ambiente, como un fanatismo climático; y la memoria histórica, reemplazada por un supuesto pasado épico y glorioso que ensalza gestas y héroes nacionales.
Todo ello se articula en torno a valores tradicionales de carácter católico, racial y cultural.
Últimamente, el concepto de “remigración” —la deportación de inmigrantes—, inspirado en políticas al estilo Trump, empieza a encontrar eco en parte de la sociedad. De este modo, la cultura educativa basada en la igualdad, la justicia social y el bien común se ve seriamente amenazada. En oposición a estas estrategias reaccionarias, el compromiso del profesorado con una escuela transformadora para un mundo mejor, sostenible y equitativo debe liderar la resistencia; no se puede mirar hacia otro lado.
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UNIVERSIDAD
El curso 2025-2026 pasará a la historia como el de la ola imparable de Universidades privadas que arrollan a las públicas. Estas últimas serán “sorpasadas” en número —aunque no en calidad— por las privadas, lo que confirma que el Plan Bolonia fue, en gran medida, un engaño, empezando por su nombre, que evoca la universidad más antigua de Europa -fundada en 1088-. Aquella cuyo lema es “alma mater studiorum”, no puede dar cabida a una serie de chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a la educación superior.
En el ámbito de los másteres, hace tiempo que el alumnado en centros privados supera al de los públicos.
La proliferación de centros privados amenaza con provocar una segregación del alumnado según el poder adquisitivo.
Observamos cómo la educación superior se transforma en una “máquina expendedora de títulos” para quienes pueden pagarlos. La idea ilustrada de Universidad ha desaparecido en favor del concepto de academia especializada, cuyo criterio principal es la empleabilidad a corto plazo, determinada por las demandas del mercado.
Actualmente se impone una formación en competencias profesionales más que una titulación académica orientada al conocimiento. Conviene recordar los fines que, según Ortega y Gasset, debía cumplir la Universidad: proporcionar a las y los estudiantes una formación que les permita ejercer una profesión; realizar investigación para avanzar en el conocimiento; y transmitir la cultura y la reflexión social desde una perspectiva interdisciplinar, crítica y universal.
La Universidad no puede convertirse en un coladero ni en un bazar de títulos universitarios a precios muy caros.
Obtener el grado universitario deseado en determinadas enseñanzas se ha convertido en un calvario para miles de jóvenes con expedientes brillantes que compiten por una plaza. Nunca antes en la historia hubo tantos bachilleres, pero las Universidades públicas se mantienen como en 1999 -en número-. Así, el sueño universitario en facultades tradicionales como Matemáticas o Medicina solo se cumple para quienes cuentan con familias capaces de costear una Universidad privada. El panorama es desolador para quien carece de recursos a pesar de tener excelentes notas, por el hecho de que la oferta pública es insuficiente.
PRINCIPALES PRIORIDADES PARA STEs-i DE CARA A UN CURSO CON MEJORES PERSPECTIVAS QUE EL ANTERIOR
Son 3 los ejes que deben abordarse urgentemente:
- En primer lugar disminuir la sobrecarga laboral que soporta el profesorado debido a ratios elevadas, exceso de horas lectivas de clase directa que deben compatibilizarse con la creciente aparición de nuevas responsabilidades y la burocracia administrativa;
- En segundo lugar eliminar las condiciones económicas desfavorables que inciden en la pérdida de atractivo de la profesión docente.
Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo, especialmente en zonas tensionadas por el precio de la vivienda, y por otra la equiparación salarial entre cuerpos, reconociendo así su nivel de cualificación e importancia de su labor. - En tercer lugar, atención a la diversidad. La creciente heterogeneidad del alumnado más allá de la clasificación de ACNEAE, plantea desafíos adicionales para el profesorado. Es necesario más recursos personales e incluso nuevos especialistas, pero también materiales y estrategias adecuadas para atender las diversas necesidades de estudiantes, individualizar el aprendizaje y trabajar una inclusión real.
El IV curso de implantación de la LOMLOE comienza como empezó el III, con huelga general; en este caso en Cantabria y huelga de FP en Paìs Valenciá. No existen soluciones milagrosas a los problemas educativos, la manera de defenderla es darle lo que se merece: una inversión de al menos el 7% del PIB.
