Borrador para derogar el Real Decreto 14/2012 de los recortes en Educación

recorte_educacionSTEs-i ha expresado la urgencia para derogar el RDL 14/2012, de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

El Ministerio ha presentado un borrador de Anteproyecto de Ley para la Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la Enseñanza en el ámbito de la Educación no Universitaria, que podría haber revertido los efectos de la normativa vigente a principios de este curso, si se hubiera optado por una tramitación urgente.

Sin embargo con el curso a punto de empezar el nuevo gobierno parece que quiere aplicar los primeros cambios para el curso 2019/20, dejando para más adelante la reforma de la LOE-LOMCE aprovechando los trabajos del fracasado Pacto Educativo. STEs-i ha manifestado que hay un compromiso de la mayoría de los grupos parlamentarios en derogarla cuando el PP perdiera la mayoría en el Congreso, sin olvidar que es necesario un pacto social  -aparte del político- para conseguir estos fines.

Artículo único.

  1. Las Administraciones Educativas proveerán los recursos necesarios para garantizar el que no se supere el número máximo de alumnos por aula y
  2. Podrán establecer la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente

Derogar del RDL 14/2012 de Recortes:

  • Artículo 2. Ratios de alumnos por aula.
  • Artículo 3. Jornada lectiva.
  • Artículo 4. Sustitución de profesores.

Recordamos también a la ministra el compromiso en conseguir que el sistema público sea el eje vertebrador de la enseñanza y repensar el equilibrio pública/privada, el sindicato estará atento a la concreción de las propuestas.

El MEyFP nos entregó en la última mesa de negociación  el

Borrador Derogación Real Decreto Ley 14/2012 Recortes

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BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo estableció una serie de medidas que pretendían conjugar los objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público. La justificación de la introducción de estas medidas, que se definieron como excepcionales en el Real Decreto-Ley, vino referida a la coyuntura económica del momento.

Desde entonces, tanto la favorable evolución de la situación económica del país como la aprobación posterior de otras normas con incidencia en aspectos a que se refieren las medidas aprobadas, aconsejan su revisión a la luz de la situación actual, entendiendo que si bien las mismas se concibieron para tener reflejo en el gasto público en una coyuntura económica desfavorable en un determinado momento, es mayor el detrimento que se ha derivado de estas medidas en el nivel de calidad que la enseñanza y el desempeño de la docencia requieren.

Así, en materia de educación no universitaria, el Real Decreto-Ley 14/2012 aprobó en su artículo 2 la posibilidad de elevación hasta en un 20 por 100 de las ratios máximas de alumnos por aula establecidas en el artículo 157.1.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación para la educación primaria y secundaria obligatoria, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorice la incorporación de personal de nuevo ingreso mediante Oferta de Empleo Público o establezca, con carácter básico, una tasa de reposición de efectivos inferior al 50 por 100.

El hecho de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2016, 2017 y 2018 hayan establecido ya una tasa de reposición del 100 por 100 para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes en las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, lleva implícita la asunción de que la situación económica coyuntural que motivó la aprobación del Real Decreto-Ley 14/2012 ha quedado superada, resultando por tanto innecesario mantener la medida aprobada por el Real Decreto-ley 14/2012. Teniendo en cuenta además que en estos momentos, según lo dispuesto por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los últimos años, la supresión de esta medida no tiene impacto en el gasto público, se considera sin embargo que su mantenimiento sí tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula.

El Real Decreto-Ley 14/2012 también estableció en su artículo 3, como segunda de las medidas adoptadas en el ámbito de la enseñanza no universitaria, el incremento de la parte lectiva de la jornada del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos, hasta un mínimo de 25 horas en educación infantil y de 20 en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las situaciones de reducción de jornada contempladas en la normativa vigente.

Siendo este un aspecto que venía siendo regulado por cada Administración Educativa, y aunque el Tribunal Constitucional ha avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima de los docentes (STC 26/2016 y 54/2016, entre otras), ante el cambio de coyuntura económica y al no concurrir ya las circunstancias que motivaron la aprobación de la medida en el Real Decreto-ley 14/2012, parece razonable revertir la situación y dejar nuevamente margen a las diferentes Administraciones Educativas para la regulación de la materia. Hay que tener presente además que esto no afecta a la jornada laboral de los docentes, que se mantiene en los mismos límites que para el resto de los empleados públicos.

Finalmente, el artículo 4 del Real Decreto-Ley 14/2012, referido a la sustitución de profesores en los centros docentes públicos y privados sostenidos con fondos públicos, establece que el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento, debiendo ser atendido el período previo con los recursos del propio centro docente. Tras la modificación del citado artículo por la Disposición final 15 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, se establecen una serie de supuestos en los que podrá procederse inmediatamente al nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares: cuando el profesor sustituido preste atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuando preste servicio en centros docentes que tengan implantadas menos de dos líneas educativas, cuando imparta docencia en segundo curso de bachillerato, y cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen.

Si bien esta modificación alivió la situación de las administraciones educativas, lo cierto es que la medida recogida en el citado artículo 4 ha sido especialmente gravosa y excesivamente rígida para la organización de la actividad ordinaria de los centros docentes, y más allá de su hipotética contribución a la eficiencia en el uso de recursos públicos y la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, ha tenido repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los centros docentes así como en la calidad de la enseñanza y en la atención al alumnado.

Con la presente Ley se persigue, por tanto, reestablecer la situación anterior al Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, al haber desaparecido las circunstancias que motivaron la aprobación de unas medidas calificadas de carácter excepcional e implicar su supresión una clara mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.

Artículo único.

  1. Las Administraciones Educativas proveerán los recursos necesarios para garantizar el que no se supere el número máximo de alumnos por aula en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria establecido en el artículo 157.1.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el fijado mediante norma reglamentaria para las restantes enseñanzas reguladas por la citada Ley Orgánica.
  1. Las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos y centros privados sostenidos con fondos públicos.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogados los artículos 2, 3, y 4, modificado por la Disposición final 15 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Disposición final primera.

Las previsiones contenidas en esta Ley serán de aplicación desde la fecha de su entrada en vigor, pudiendo aplazarse al inicio del curso escolar inmediatamente posterior a dicha fecha si así lo decidieran las Administraciones Públicas con competencias educativas por razones de planificación y organización del curso escolar.

Disposición final segunda. Título competencial.

La presente Ley se dicta con carácter básico al amparo de las competencias que corresponden al Estado conforme al artículo 149.1 de la Constitución Española: regla 1.ª  sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales;  18.ª, sobre bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común  ante ellas: y 30.ª, relativa a las  normas básicas para el desarrollo del artículo 27  de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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