Cinco comunidades descartan aplicar la LOMCE el próximo curso

Los consejeros de Educación de Andalucía, Luciano Alonso (en el centro); de Asturias, Ana González, y de Canarias, José Miguel Pérez

Los consejeros de Educación de Canarias, Andalucía y Asturias

Andalucía, Asturias, Canarias, País Vasco y Cataluña niegan ser insumisos pero anuncian «medidas paliativas» y un año de transicion para la Lomce

Los consejeros socialistas de Educación de Andalucía, Asturias y Canarias dieron ayer una rueda de prensa conjunta en Madrid en la que volvieron a criticar con dureza la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que debería comenzar a aplicarse en septiembre. Ni Luciano Alonso, consejero andaluz; ni Ana González, de Asturias; ni José Miguel Pérez, de Canarias, hablaron de insumisión, pero sí de «curso de transición» y de que en sus comunidades «no habrá copago».

En la comparecencia se anunció una batería de «medidas paliativas» contra la Lomce que, en el caso andaluz, pasarán por seguir impartiendo Educación para la Ciudadanía y Enseñanzas Artísticas, seguir organizando la Educación Primaria en ciclos y completar la Formación Profesional Básica con cien horas de formación troncal, para que «los alumnos de estas enseñanzas alcancen una titulación y no estén en desigualdad frente a quienes cursan la ESO». Respecto a este punto, el de la FP básica, el consejero andaluz ya envió el pasado 28 de mayo al ministro de Educación, José Ignacio Wert, una carta en la que manifestaba su «estupor por la irresponsabilidad de que a estas alturas la respuesta del ministerio sea solicitar, vía correo electrónico, la estimación de los costes de implantación de la FP Básica».

Un «curso de transición»

Antes de esa misiva, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía había mandado a los centros escolares de la comunidad unas instrucciones en las que se aseguraba que «resulta imposible que la normativa andaluza pueda estar aprobada y publicada a tiempo». Y como consecuencia, continuaba la nota, «cada centro docente mantendrá la ordenación curricular contemplada en su Proyecto educativo». Pero desde la Consejería insistían ayer en que «no somos insumisos, solo hemos hablado de un año de transición».

El País Vasco también habla de «transición» por falta de tiempo, ya que asegura que los nuevos materiales curriculares no estarán hasta diciembre. El lendakari, Iñigo Urkullu, asegura que acatará la ley… pero al menos con un año de margen respecto al resto, como ya pasó con la aplicación del copago farmacéutico. Entonces, al igual que ahora, Euskadi recurrió al Tribunal Constitucional, que le obligó a cumplir, con un año de retardo. De momento, ha negociado con éxito la derivada lingüística de la ley Wert y el ministerio aprueba que la oferta educativa en castellano es suficiente en el sistema educativo vasco.

En Cataluña el rechazo a la Lomce es también muy fuerte y la Generalitat pretende esquivarla el curso que viene. Su consejera, Irene Rigau, ha denunciado que la nueva ley perjudica al modelo lingüístico catalán e insiste en que es técnicamente imposible poder aplicar el próximo curso la nueva norma porque hay que preparar un decreto especial.

Noticia  ABC 07/09/14


Cinco comunidades ven «imposible» implantar la Lomce el próximo curso

Andalucía, País Vasco, Cataluña, Canarias y Asturias critican la «precipitación» del Gobierno en el desarrollo de la reforma educativa

Responsables educativos de Andalucía, Cataluña, Asturias, el País Vaso y Canarias han reclamado este miércoles al Ministerio de Educación que «frene» la puesta en marcha de la reforma educativa al resultar «imposible» tener listos los desarrollos normativos de la nueva ley para el próximo curso, cuando debería implantarse ya en Primaria y la nueva FP Básica.

En una rueda de prensa conjunta celebrada en en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, puerta con puerta con la sede del Ministerio, estas cinco comunidades que dicen representar al «52% del alumnado de todo el Estado», han reiterado su rechazo absoluto a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), contra la que cada una presentará un recurso de inconstitucionalidad, y han criticado la «precipitación» del departamento que dirige José Ignacio Wert en su puesta en marcha.

La comparecencia de estas comunidades, todas las que no tienen gobierno del PP salvo Navarra, se produce unas horas antes de que esta tarde se reúna la Conferencia Sectorial de Educación, en la que será la primera reunión tras la entrada en vigor de la reforma a comienzos de año entre los representantes autonómicos y Wert. En ella se abordarán los decretos de los nuevos currículos que se deberán implantar a partir del próximo curso, en el que la ley se empezará a aplicar en Primaria y FP Básica.

La consejera vasca, Cristina Uriarte, ha señalado que el desarrollo normativo de la Lomce por parte de las comunidades autónomas requiere un plazo mínimo de nueve meses, entre su redacción, los informes, el contraste con la comunidad educativa y la aprobación, por lo que ve «inviable» que esté lista antes de final de año.

La catalana Irene Rigau ha estimado entre cinco y diez años el periodo de tiempo necesario para implantar una ley de este tipo. «En ningún npaís se ha querido implantar en dos meses», ha subrayado.

  • Andalucía aprobará sus propios decretos

El consejero andaluz, Luciano Alonso, ha anunciado que su comunidad aprobará sus propios decretos de enseñanza y que mantendrá su programa de gratuidad de los libros de texto, pero solo para aquellos que sigan la norma autonómica, no la estatal.

Varias representantes, especialmente la asturiana Ana González, han criticado también la falta de información sobre la FP Básica, una de las principales novedades de la ley, de la que las comunidades desconocen si será de oferta obligatoria en todos los centros y «quién lo pagará».

También la viceconsejera de Canarias, Manuela de Armas, destacó la falta de financiación para aplicar la ley, especialmente en cuanto a la FP Básica. De hecho, dijo haber sido «testigo directo» de una reunión en la que el Ministerio no facilitó esa información, que demandaban también comunidades gobernadas por el PP.

Noticia ABC 29/01/14

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