La Junta pone al servicio de intereses empresariales las ayudas a la I+D de Castilla y León

Obliga a los proyectos de investigación a contar con una empresa asociada si quieren optar a ayudas públicas


 

El Foro por la Educación de Castilla y León y la Plataforma por una Escuela Pública, Laica y Gratuita, han hecho pública su “disconformidad con las políticas de I+D de la Consejería de Educación de privatización, de recortes y de ataque tanto a la investigación no orientada de calidad que actualmente se realiza en la Comunidad, como a la independencia de los equipos en el desarrollo de nuevas líneas de investigación, lo que tendrá como consecuencia inmediata la descapitalización, cuando no la desaparición, de equipos y proyectos regionales de interés contrastado e indiscutible, y no solo de interés empresarial”.

Los colectivos recuerdan que este año, las ayudas que la Junta concede a los proyectos de investigación que se desarrollan dentro de la comunidad, están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional lo cual implica que, los proyectos de investigación susceptibles de ser subvencionados, han de cumplir “una serie de requisitos que no eran excluyentes del proceso de selección hasta este año”.

Estos requisitos, entre otros, pasan porque el proceso de concurrencia está restringido este año al cumplimiento de las prioridades de inversión fijadas en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 (RIS3), aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el 16 de abril de 2014, recogiendo las orientaciones establecidas en Horizonte 2020 y en consonancia con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, tal y como se recoge en el artículo 2, que regula las características de los proyectos, estableciendo que “los proyectos que se financien deberán estar necesariamente incluidos en alguna de las prioridades temáticas de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014- 2020 (RIS3)”.

Otro de los requisitos que establece el artículo 2 de estas nuevas bases de la convocatoria, es que los proyectos que deseen concurrir a dichas ayudas, “deberán acreditar que cuentan con algún tipo de colaboración empresarial en el momento de la solicitud, mediante la realización de contrato, convenio, o cualquier otro medio admitido en derecho que deje constancia fehaciente de la colaboración efectiva del proyecto con al menos una empresa”.

Según el Foro por la Eduación y la Plataforma por la Escuela Pública, de entrada esto supone que muchos de los proyectos, por las que la Junta apostaba y contaban con financiación, este año quedan excluidos de las bases reguladoras de la convocatoria, por lo que se interrumpirán las líneas de investigación y supondrá menos desarrollo regional y menos empleos científicos.

El primero de los condicionantes excluye áreas de investigación básica, humanísticas, artísticas y científicas, que debieran estar también presentes como corresponde a países con un modelo productivo de alto valor añadido. El segundo impide directamente los proyectos de investigación que no cuentan, sin importar las razones, con una empresa asociada, lo que supone una apuesta de la Junta a favor de una Universidad al servicio de las empresas y de sus beneficios económicos.

“Ya el año pasado la comunidad investigadora de Castilla y León comenzó a alzarse contra la política de investigación de la Junta en la anterior convocatoria de ayudas, en la que se quedaron fuera del programa el 80% de los proyectos presentados, muchos de ellos relacionados con la arqueología, la química inorgánica, la educación, la historia, la literatura, el derecho, el patrimonio o la comunicación”, recuerdan.

Esta nueva convocatoria supone el incumplimiento de las promesas de la Junta de Castilla y León a la comunidad científica y se suman a las consecuencias de unos recortes brutales del 75% en estos cuatro años, por lo que la política de investigación de la Junta de CyL seguirá dando al traste, aún más si cabe, con muchas de las líneas de investigación regionales y abocarán al cierre de laboratorios y al abandono de campos de conocimiento de investigación fundamentales”, valoran antes de rechazar “las declaraciones del presidente del Consejo Social de la UVA, que suponemos las hace a que título personal y de acuerdo con sus intereses, de que ‘el principal problema que tiene la Universidad no son los recortes presupuestarios’.. y que … ‘los mejores grupos de investigación de las universidades apenas se están viendo afectados por la crisis’».

“Exigimos a la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Educación arbitren fórmulas, contando con las Universidades Públicas, Agentes Sociales y Cortes de Castilla y León, que favorezcan la soberanía investigadora territorial y el mantenimiento de los equipos y proyectos de investigación para un verdadero desarrollo regional”, concluyen.


 

Fuente: ultimocero.com

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