La Educación que queremos

Los 10 puntos que la escuela pública quiere incluir en el pacto educativo

Educacion-Queremos

La situación de deterioro por los recortes educativos y sociales de los últimos siete años precisa de nuevas políticas educativas y sociales. Para fortalecer el contenido de un pacto por la educación, que revierta los deterioros y permita avances educativos y sociales, requerimos del diálogo social y la participación de la comunidad educativa. Las Administraciones Públicas, garantizando la inversión necesaria, deben apostar por la planificación, promoción y extensión de una red pública de escuelas que sea el eje vertebrador de la escolarización porque es la escuela pública la que debe ser la garante de la equidad y el derecho a una educación de calidad.

Reclamamos al gobierno central y a los gobiernos autonómicos una nueva política educativa, que revierta los recortes contra la educación pública, incluyendo

ratio, empleo, becas, ayudas, infraestructura, así como que se revise los currículos, se fomente la formación del profesorado, se prevenga el fracaso escolar y se promueva la conciliación familiar y laboral, todo ello dentro de una escuela, gratuita, inclusiva, laica, participativa y democrática.

Desde la Plataforma por la escuela pública, consideramos como elementos rectores de las políticas educativas los siguientes:

1. La educación básica debe entender como finalidades que alumnos y alumnas sean capaces de:

  • Aprender por sí mismos a ser personas y a vivir con dignidad.
  • Aprender por sí mismos a convivir como ciudadanos y ciudadanas del mundo, críticos, libres, justos y solidarios.
  • Aprender por sí mismos las habilidades para la vida adulta.
  • Aprender por sí mismos a cuidar y defender el planeta Tierra como ecosistema universal.
  • Aprender por sí mismos a conocer.
  • Aprender a ser autónomos e independientes a partir de un conocimiento crítico de la realidad.

2. La consideración de la educación como un derecho fundamental y universal de ciudadanía que debe ser garantizado por los poderes públicos.

Comprende el acceso gratuito al sistema educativo en todas sus fases y la compensación cuando se parte de situaciones de desventaja. El derecho a la educación se debe entender como un derecho a lo largo de toda la vida, sincronizado o en alternancia con el trabajo.

3. La garantía de la equidad y la inclusión como valores transversales.

Como valores humanos, la escuela debe promover e implementar justicia e igualdad real de oportunidades; entendiendo la diversidad como valor positivo para el aprendizaje y el desarrollo de las personas y la comunidad.

Los poderes públicos deben promover que todas las personas puedan acceder a la educación, puesto que es el sistema educativo el motor principal para  luchar contra las desigualdades sociales, para conseguir compensarlas y lograr una verdadera cohesión social.

4. La promoción de la igualdad de las personas, sin discriminación de género, orientación sexual, religión, clase social, origen, raza, aspecto, lengua o cualesquiera otras.

Nuestro modelo educativo debe basarse en una escolarización mixta, sin estereotipos y equilibrada. Tal promoción integra la coeducación y la educación en valores y para la ciudadanía, impulsandola igualdad entre los sexos, el respeto a la diversidad afectiva y sexual y de género, que supere los contenidos que sustentan las desigualdades de género; la educación en una cultura de paz y para la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el diálogo; la educación en el respeto a los seres humanos y a la naturaleza, ligada a nuestra propia supervivencia; la participación en el proceso de enseñanza

aprendizaje fundamentado en el trabajo cooperativo y en la solidaridad, hará posible el aprendizaje de la ciudadanía.

5. La garantía de una educación laica, de forma que ninguna creencia religiosa se utilice ni como adoctrinamiento ni como motivo de discriminación o de obtención de privilegios, asegurando el respeto por las creencias individuales de todas las personas. Esto significa la supresión de la confesionalidad del currículum y específicamente la materia de religión.

6. La exigencia de una escuela democrática y participativa por medio de una visión abierta de los centros educativos y la participación de la comunidad educativa. Promover la autonomía de los centros educativos, así como la gestión y el control de los centros por parte de la propia comunidad educativa, dotando en este sentido al consejo escolar de un espíritu de consenso y de las competencias necesarias y promoviendo el carácter democrático y pedagógico de los equipos directivos; así como reconocer y regular los derechos de los y las estudiantes.

7. La construcción de un currículo alternativo al existente, con la participación activa de la comunidad educativa, dinamizándolo y adaptándolo a las  exigencias y necesidades futuras de las nuevas generaciones y que integre los nuevos problemas sociales.

Introducir nuevas metodologías, innovación y aprendizaje cooperativo en el trabajo con el alumnado y entre el profesorado.

Organizar nuevos tiempos y soobjetivos que amplíen las posibilidades de aprendizaje del alumnado y reciban una formación integral y no una formación  encaminada solo a la superación de pruebas externas. Un currículo que facilite un proceso de enseñanza y aprendizaje más personalizado y respetuoso con los ritmos de aprendizaje y las características del alumnado y sus familias, que fomente la creatividad, la imaginación, la motivación, la interacción, la  iniciativa y el aprendizaje por descubrimiento.

8. La inversión educativa garantiza el derecho a la educación que queremos.

Un sistema educativo público y de calidad no solo necesita una financiación  suficiente, sino también una intencionalidad política que defina los fines que pretendemos y los objetivos que le atribuimos. Un sistema basado en la equidad como principio, que desarrolle instrumentos y acciones dirigidas a compensar las desigualdades y garantizar una educación de calidadpara cualquier persona requiere un esfuerzo económico notable. La inversión en un sistema educativo público y de calidad debe ser suficiente y sostenida en el tiempo. Requerimos una inversión del dinero público en la escuela pública, de modo que permita el cumplimiento de la equidad y el derecho a una educación de calidad, gratuita, inclusiva, laica y participativa; así como la  universalización y garantía del derecho a la educación. Desde la Plataforma por la Escuela Pública, proponemos 5% del PIB en una legislatura con el compromiso de llegar a medio plazo al 7%, trasladando ese incremento al gasto por alumno/a en todos los territorios y vinculando esa subida a programas y proyectos socialmente debatidos, con objetivos y prioridades que respondan a las necesidades educativas compartidas por toda la sociedad.

9. El ejercicio de la docencia.

El profesorado es un agente clave en los procesos de construcción de una sociedad más justa, libre y democrática, por lo que su reconocimiento, valoración y apoyo social e institucional se hace imprescindible, evitando la precariedad e inestabilidad laboral y permitiéndoles además su desarrollo. El profesorado está afectado por los cambios acelerados que se producen en su entorno y, por tanto, su tarea de educar y enseñar está en  permanente cambio. Por ello, uno de los factores que han de responder a dichos cambios es la formación inicial y la necesaria formación continua del profesorado.

10. La estabilidad en las políticas educativas.

La educación debe entenderse como un proceso de mejora continuada. En este sentido, hay que tener capacidad para reflexionar colectivamente y hacer un diagnóstico preciso y riguroso de la situación actual de la educación en nuestro país que permita realizar propuestas de mejora eficaces y continuadas en el tiempo. La educación ha de formar parte delos consensos básicos que permitan su estabilidad. Se hace necesario que se realicen acuerdos entre todos los agentes sociales y políticos, para que el sistema educativo sea más estable y no dependa de los cambios de gobierno.

Es un momento propicio para trabajar juntos en un pacto educativo que siente las bases ideológicas y los compromisos que sirvan de anclajes para una normativa en la que se puedan establecer cambios puntuales (según las necesidades), pero no estructurales, como viene sucediendo.

Por ello, se hace imprescindible la participación de la comunidad educativa y los agentes sociales en el diagnóstico y la construcción de estos consensos básicos.

Plataforma-Miembros

Una plataforma de familias, profesores y alumnos fija como líneas rojas para respaldar el acuerdo recuperar más de 7.000 millones en cuatro años y acabar con la LOMCE

Es un decálogo de cinco páginas que han titulado La educación que queremos. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, —integrada por representantes de alumnos, padres y profesores— ha redactado su propia propuesta para el Pacto de Estado por la educación que los grupos políticos acaban de empezar a negociar en el Congreso de los Diputados con un guion de 15 puntos. Reivindican que, sin ellos, podrá ser un acuerdo político pero no un pacto que cuente con la sociedad.

Los integrantes de la plataforma aseguran que quieren participar de la negociación en marcha, por lo que enviarán su propio guion a los grupos parlamentarios y pedirán reunirse con ellos. Irán con dos líneas rojas que ha resumido este jueves el secretario de Enseñanza de CC OO, Paco García. En primer lugar, no respaldarán un acuerdo que mantenga la actual ley educativa, la LOMCE . “El secretario de Estado [de Educación, Marcial Marín] ha dicho ‘no haremos tabla rasa del pasado”, ha explicado. “Pero nosotros queremos hacer tabla rasa de la LOMCE”.

Y en segundo lugar, la financiación. En este punto, para el que los partidos han puesto ya propuestas encima de la mesa, reclaman que se recuperen los niveles de inversión previos a la crisis. Es decir, recuperar más de 7.000 millones de gasto educativo [el que aportan todas las administraciones, que ha pasado de 53.375 millones en 2009 a los 46.114 que se prevén para 2018] que se han recortado desde 2009. “Sin un compromiso de revertir los recortes y recuperar en cuatro años niveles de inversión educativa de 2009 no hay pacto educativo posible”, añade García. Secundan el texto la confederación de padres CEAPA, el Frente de Estudiantes, la FAEST, Estudiantes en Movimiento, Movimientos de Renovación Pedagógica y de los sindicatos UGT, CC OO y STES.

“Queremos incidir y participar en la negociación y no un informe del Consejo Escolar del Estado” donde el Gobierno tiene mayoría, ha añadido Maribel Loranca (UGT), en relación al trabajo encargado por el ministerio a este órgano consultivo en el que ellos están representados pero donde no tienen la última palabra. “Ya está bien de oírles decir el profesorado es el fundamento se hace todo para el profesorado sin el profesorado”, según la representante sindical.

“Estamos hartos de ver que dicen que los alumnos son la parte mollar del sistema pero no se habla con los estudiantes”, añade Loranca, que pide a los grupos parlamentarios de la oposición “hacer valer que el PP está en minoría”. “Exigimos que se den pasos seguros y con una velocidad que se pueda constatar ya, con un calendario marcado”, ha pedido por su parte Voro Benavente, del sindicato STES. La plataforma es crítica con el Gobierno pero está también vigilante con la oposición. Rechazan propuestas como la que ha lanzado el PSOE en la subcomisión que negocia el pacto, que supone llegar al 5% del PIB en 2025, una fecha que consideran demasiado lejana.

“Con el tiempo que llevan y el poco caso que se nos hace el pacto social va a ser imposible a estas alturas”, ha asegurado la presidenta de la confederación de familias CEAPA, Leticia Cardenal. Su confederación -mayoritaria en la escuela pública- y la Concapa, la más representativa de la concertada. Han reclamado “un punto 16” del guion con el que trabajan los parlamentarios “que incluya la participación de las familias”.

 Estos son, en síntesis, los 10 puntos incluidos en el decálogo:

  1. “La educación básica debe entender como finalidades que los alumnos sean capaces de ser críticos”.

  2. La educación es un derecho fundamental y universal que debe ser garantizado por los poderes públicos.

  3. La garantía de la equidad y la inclusión como valores transversales.

  4. La promoción de la igualdad. Escolarización mixta que promueva la igualdad de las personas

  5. La garantía de una educación laica. “ninguna creencia religiosa como adoctrinamiento”, ha resumido la representante del Frente de Estudiantes, Eva García.

  6. La exigencia de una escuela democrática y participativa

  7. LA construcción de un currículo alternativo “que introduzca nuevas metodologías de innovación y aprendizaje cooperativo”.

  8. El reconocimiento y valoración del profesorado, “con un imprescindible apoyo a este sector que evite la precariedad”.

  9. Una inversión sostenida en el tiempo “que suponga recuperar el 5% del PIB en esta legislatura y el compromiso de alcanzar un 7% a medio plazo”.

  10. La estabilidad en políticas educativas.

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