Contra todo pronóstico, y a pesar de sus críticas históricas, un gobierno progresista introduce las denostadas “reválidas” dentro de su reforma educativa. Esta medida busca endurecer los requisitos de acceso a la profesión docente. El anuncio llega en el peor momento: en plena crisis de vocaciones y con una escasez alarmante de profesorado, un colectivo cada vez más desencantado por la precariedad y la falta de incentivos en sus condiciones de trabajo.
El término “The Great Resignation”, acuñado en 2021 por el profesor Anthony Klotz de la Universidad de Texas, ha encontrado un paralelismo en el ámbito educativo global. Hoy se habla abiertamente de la Gran Dimisión, renuncia o desencanto del profesorado, impulsado por la evidente pérdida de atractivo de la profesión. Un informe de la UNESCO de 2023 subraya esta crisis, indicando que la tasa de abandono profesional ha pasado del 4,5% a un alarmante 9% en menos de una década.
La LOMLOE establece en sus artículos 94 y 100 el Máster habilitante como requisito indispensable para la docencia en Educación Secundaria. Sin embargo, la grave escasez de personal docente está obligando a las Administraciones educativas a obviar o flexibilizar dicho requisito, contratando a profesionales que no lo cumplen para cubrir las vacantes.
A pesar de esta coyuntura de crisis y escasez, el Libro Blanco de la Conferencia de Decanas/os de Educación propone precisamente lo contrario: un endurecimiento de las exigencias para la selección y la formación inicial del futuro profesorado:
MAGISTERIO: selectividad + “reválida” + 1 año más en la Universidad (Máster).
SECUNDARIA: selectividad + grado de 4 años (como ahora) + “reválida” + 2 años de máster (1 más).
En este panorama, la denominada “Reforma de la Profesión Docente” impulsada por el Ministerio de Educación se configura, de hecho, como una contrarreforma. Su planteamiento central es cargar la responsabilidad del bajo rendimiento educativo del Estado de manera exclusiva sobre los hombros del profesorado. La narrativa subyacente es clara: los resultados negativos en informes internacionales (como TALIS o PISA) y la falta de logro de competencias se deben a que el personal docente “no está lo suficientemente preparado” o “no se implica”. De este modo, la reforma no aborda las condiciones laborales, sino que convierte al profesorado en el blanco de todas las críticas, eludiendo la responsabilidad institucional por la negligencia o la falta de recursos del sistema.
Encuesta sobre el estado del profesorado en enseñanzas públicas no universitarias.
El cuestionario está compuesto por 16 preguntas y no le llevará más de 5 minutos completarlo. Le rogamos que responda con sinceridad, ya que sus aportaciones son fundamentales para disponer de resultados útiles y fiables.
