Comedores escolares, propuestas de mejora

Artículo opinión.
Pedro Escolar. Portavoz STECyL-i

En estos días hemos conocido que por fin se va a modificar la Orden que regula desde 2008 el servicio público de comedor escolar que se presta en unos quinientos comedores de los Colegios Públicos de Castilla y León. Entre los cambios, destacar el importante avance en el asunto referido a los criterios de renta que dan acceso a la ayuda de comedor. Desde STECyL-i hemos denunciado en estos últimos cursos que esos criterios eran fuertemente restrictivos y hemos reclamado insistentemente su modificación para así lograr un aumento de las becas de comedor en estos cursos de importantes dificultades económicas para las familias. Denunciábamos los límites establecidos en el artículo 20 de esa Orden que, ahora, más vale tarde que nunca, por fin se van a cambiar.

Si hasta este curso para obtener una ayuda del cien por cien del comedor la suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar no podía superar los 3.727,57 euros, con la nueva regulación se amplía ese límite hasta los 14.910,14 euros. En el caso de ayudas del 75 por ciento el límite se fija en los 18.637,85 euros anuales; antes, 7.455,14 euros. Para ayudas del 50 por ciento el límite se fija en 22.365,42 euros anuales, cuando con la Orden anterior era dos veces el IPREM anual, 14.910,14 euros.

Los números cantan por sí solos. Han pasado cursos y esto no se corregía por el monopolio del diálogo social ni se denunciaba por los partidos políticos, que parecían cómodos hace un año arrojándose los datos de pobreza infantil y guerreando sobre la apertura de comedores escolares en periodo estival, olvidándose de lo primero. Y no era otra cosa que aumentar el número de ayudas que eran a todas luces insuficientes. Por ello estamos contentos.

Pero también es bueno añadir una reflexión sobre las diferencias existentes entre comunidades en esta materia. Las políticas de comedores escolares deberían ser asunto de estado, con unos criterios comunes e igualdad de derechos para todos los niños y niñas as vivan en Castilla y León o en Cantabria, por poner dos casos de actualidad.

Respecto a la polémica de su apertura en verano, señalar que ha sobrado electoralismo y guerra política y ha faltado analizar con sosiego si funciona la Red Centinela del Sistema de Protección a la Infancia de Castilla y León, integrada en la Red de Protección a las Familias en 2013 y analizar otras medias. Consideramos desde STECyL-i que hay que garantizar el servicio no sólo desde el primer y hasta el último día lectivo del curso, como va a recoger la Orden, sino que, además, hay que plantear alternativas para ir hacia un servicio de comedor escolar en todos los períodos no lectivos para quienes precisan ayuda de comedor o conciliar la vida laboral y familiar. Pero reclamamos para los periodos no lectivos y especialmente para los meses de verano un plan específico de actuación carácter integral. No se trata solamente de abrir comedores en verano, sino de promover además actuaciones socioculturales para la población infantil con más necesidades durante este periodo sin clases. Programas de centros abiertos con actividades educativas y lúdicas, aumentar las plazas para campamentos de verano y reservar parte de ellas para que pueda participar con planteamientos integradores la población escolar que por sus circunstancias socioeconómicas no se lo puede permitir, deben ser y son ya alternativas en algunas comunidades y ciudades de nuestro país.

Aprovechamos para pedir también un debate entre los grupos políticos de las cortes que, ojala, pudiera concluir con consenso sobre un plan global de mejoras. En este debate debería reflexionarse sobre la conveniencia de recuperar la gestión pública de los comedores y las cocinas in situ para la elaboración diaria de la comida con alimentos más frescos. Recordamos que únicamente en 37 de los aproximadamente 500 comedores escolares que funcionaron en el pasado curso se mantiene la gestión directa del servicio por parte de la Consejería, en el resto la gestión está privatizada y adjudicada a grandes empresas, alguna tristemente célebre y sancionada. La pequeña empresa más cercana se ha quedado fuera y no ha podido competir. Reclamamos que se incrementen los controles e inspecciones a las empresas adjudicatarias del servicio, que la administración garantice y certifique la calidad y la sanidad alimentaría de los menús escolares y que se sigan haciendo encuestas para conocer la aceptación que las familias tienen del servicio, que es buena en términos globales.

Solicitamos más esfuerzo presupuestario en las partidas de comedor, que se va necesitar no sólo por el previsible importante incremento de alumnos/as becados, sino también porque el presupuesto de la Consejería de Educación es insuficiente para acometer esas medidas de mejora y otras como la de continuar garantizando precios públicos asequibles y avanzar en una mayor unificación, pues existen importantes variaciones entre los comedores en los que los precios oscilan entre 4,88 (LE2) y 3,53 (SG1). No estaría de más tampoco el reflexionar sobre la conveniencia de la extensión del servicio al alumnado en los IES, que no deja de comer cuando acaba Primaria.

Finalizamos insistiendo en avanzar en el desarrollo de las posibilidades educativas, amén de las asistenciales, que tiene el servicio de comedor, ya que «se entiende por servicio público de comedor escolar el desarrollo de la actividad educativa y de alimentación de los alumnos en los comedores escolares». Pues eso. Pero para ello y no sobrecargar más a los equipos directivos, se ha de dotar a los CEIP de personal administrativo, impulsar la colaboración incentivada del profesorado y crear la figura de un coordinador docente con horas disponibles para implementar dicha actividad educativa.