La comunidad educativa se concentra ante el «estado lamentable» de los colegios públicos de Infantil y Primaria

En defensa de un colegio público «digno y seguro» exigimos a la administración local que «cumpla con sus obligaciones»

¿SE MERECEN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS ESTE TRATO POLÍTICO?

La Junta de Personal Docente se dirige a la Consejera de Educación y al Ayuntamiento de León con un llamado urgente: la necesidad imperiosa de cuidar y proteger nuestros centros educativos (colegios e institutos públicos). En estos centros se trabaja y se preparan las generaciones venideras, que quieren aprender, crecer y contribuir a la sociedad. Son espacios donde se cultivan valores como la tolerancia, la empatía y el respeto mutuo. Nos parece algo importante, no algo con lo que jugar y mucho menos despreciar.

Sin embargo, lamentablemente, con demasiada frecuencia vemos cómo los centros públicos son descuidados, maltratados e incluso desatendidos por aquellas personas a quienes hemos confiado la responsabilidad de velar por su cuidado. Los recortes presupuestarios, la falta de inversión en infraestructuras y la escasez de recursos educativos son solo algunas de las afrentas que enfrentan nuestros colegios e institutos públicos en la actualidad. Y, añadido a eso, en la ciudad de León, tenemos que soportar la inacción del Ayuntamiento en la tarea de mantenimiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.

Ni el Ayuntamiento de León, ni la Junta de Castilla y León aceptan su obligación ni se comprometen a rehabilitar unos centros que, en algunos casos, tienen más de 50 años y necesitan reformas estructurales. Pero la colaboración de las Administraciones para la mejora del servicio público resulta imposible cuando se usa la educación como arma política.

Y en medio de este fuego cruzado se encuentra el alumnado y el profesorado. Aún no se han olvidado los casos recientes de los colegios Quevedo, San Claudio, González de Lama, cuando salen a la luz las graves carencias del CEIP La Palomera.

Esta Junta de Personal Docente no Universitaria de León, mantuvo una reunión hace más de un año con el Alcalde de León en la que nos comunicó que iban a realizar un trabajo de campo que recogiera los problemas de mantenimiento de los centros de la ciudad de León para demostrar que no son problemas coyunturales (de mantenimiento) sino problemas estructurales (propios de su antigüedad). No criticamos la decisión, pero se necesitan más acciones y menos palabrería y, sobre todo, un estricto cumplimiento de la normativa mientras se cambia la ley o haya una sentencia judicial.

Esto no puede continuar así. No podemos permitir que la negligencia y la indiferencia menoscaben el derecho fundamental de la infancia y juventud a recibir una educación de calidad en un entorno seguro y propicio para el aprendizaje. No habría que esperar a que el alumnado salga en prensa con paraguas en clase para empezar a hacer algo; que los niños y niñas vayan a otro colegio mientras arreglan el suyo porque nadie ha atendido las necesidades que requería; y no habría que discutir por dónde entra la plaga de hormigas para decidir quién debe eliminarlas. Pero nuestros políticos están en estas peleas.

Es nuestra responsabilidad como sociedad, exigir a los líderes políticos la garantía de que cada colegio e instituto público reciba el apoyo y los recursos que necesita para cumplir con su noble misión. No se trata solo de invertir en edificios y equipos; se trata de invertir en el futuro de nuestro país, en el desarrollo integral de las siguientes generaciones. Es hora de priorizar la educación en la agenda política, de destinar los recursos necesarios y de trabajar en unidad para construir un sistema educativo sólido y equitativo que brinde oportunidades de éxito para todos y cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes. La colaboración entre las administraciones por la mejora del servicio público es la única solución posible.

¡Es hora de actuar, es hora de cuidar de nuestros colegios e institutos públicos!