León. Profesores, familias y sindicatos acusan a la Junta de ser morosa en gastos básicos de colegios e institutos públicos en León

Gran afluencia a la primera de las protestas de los nuevos ‘Jueves verdes’ para denunciar ante la Dirección Provincial de Educación los graves recortes, también en personal docente y funcionarios, que afecta a la calidad educativa en la provincia.

Han vuelto los ‘Jueves verdes’ a León, las jornadas continuadas y semanales de protesta de una práctica totalidad de los colectivos que forman parte de la defensa de la educación pública en la provincia y que, cumpliendo su ‘amenaza’, se concentrarán y manifestarán cada siete días ante la Dirección Provincial de Educación en la capital leonesa ante lo que tildan de recortes y nefasta gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Esta mañana se produjo una amplia protesta que rozó casi el centenar de participantes, entre miembros de todos los sindicatos del sector unidos en la Junta de Personal Docente, representantes de la federación que agrupa a las Ampas y familias, funcionarios y personal laboral de la propia Dirección Provincial de Educación y personal laboral y colectivos que siguen exigiendo inversiones vitales, como el nuevo conservatorio para León o el instituto público en Villaquilambre.

En representación de todos ellos, entre la amplia lista de quejas que ha destacado el presidente de la Junta de Personal, Javier Ampudia, ha señalado que la Comunidad autónoma se ha convertido en morosa de todos los centros educativos de la provincia, colegios e institutos, al aplicar recortes presupuestarios que les asfixian en gastos básicos y esenciales todavía del pasado año 2023 y que la Junta aún escatima, de modo que todavía no han percibido entre 15.000 y 35.000 euros a pesar de haber sido aprobados, tanto por la Junta como por el Consejo Escolar de cada centro y la Dirección Provincial de Educación, algo que ven “incomprensible”.

JdP-Leon-08-02-2024

Ese cuantioso retraso del presupuesto ha forzado a ajustes serios en muchos centros educativos, como encontrarse clases “heladas” en el arranque de cada semana, incluso a pesar de “que no está siendo un invierno muy malo”. Y eso es la punta del iceberg. Unido a eso, Diana González, portavoza de la Felampa en León, censuró que todavía en febrero hay alumnos que siguen sin profesor o maestro titulares. Algo que viven con “preocupación, porque hay cursos críticos que no tienen docentes especializados, como el Inglés, y chicos que no llegarán preparados a la Ebau, aprenderán a escribir o leer con retraso o nunca darán una materia concreta ”.

A pesar de las promesas de la Junta, tanto en la Consejería en Valladolid como en León, y del nombramiento de un nuevo director provincial tras meses de vacante en el crucial arranque del curso, aún se padece la falta casi total de funcionarios, también en la propia Dirección Provincial, haciendo que según sus cálculos cada semana no se cubran en institutos y colegios unas 60 bajas, y no sólo de de personal docente sino también de técnicos ayudantes educativos o fisioterapeutas, además de personal administrativo.

Y eso manteniendo una “sobrecarga” en los escasos funcionarios que permanecen en su puesto cuando la plantilla para esos llamamientos y normalización sería de siete trabajadores, cuyas labores no se cubren ni tampoco se compensan a quien las ejecuta con gran esfuerzo, denunció Ampudia. “Hasta ahora, se avisaba a los integrantes de las bolsas por teléfono, ahora se envían correos electrónicos masivos, que muchos no ven”, precisa, recordando que si los docentes no responde en 24 horas resultan eliminados de la bolsa.

Con un ambiente frío en lo climatológico, pero muy caluroso y festivo, incluso con coplillas cantadas muy al estilo carnavalero de la época, arrancaron así unas protestas que harán cíclicas mientras la grave situación que todo los colectivos representados denuncian.

Sindicatos y familias anuncian batalla en León por retrasos en cubrir bajas y recortes en gastos de centros educativos

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Representantes de la Junta de Personal de Servicios Periféricos, del comité de empresa del personal laboral, Federación Leonesa de Ampas (Felampa) y Junta de Personal Docente de León

Las juntas de personal y la federación de padres y madres convocarán concentraciones de protesta todos los jueves ante la Delegación Territorial de la Junta y la Dirección Provincial de Educación

Hay en el sector educativo en León, según denuncian sindicatos y familias, una “pescadilla que se muerde la cola” cuando un profesional se queda de baja, pasan meses hasta que se cubre, otro compañero hace entre tanto un “sobreesfuerzo” para compensarla y este último acaba al cabo del tiempo por sufrir las consecuencias y sucumbir hasta llegar a la misma situación. La tardanza en disponer de sustituciones resulta más sangrante en casos ya previstos con antelación como jubilaciones o permisos de maternidad o paternidad, denunció este jueves la representante de la Felampa (Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública de la Provincia de León) Diana González Pellitero.

Hay otra situación, que en este caso no se daba desde que en 2013 se aplicaron medidas para contener la crisis económica, que condiciona la actividad en colegios e institutos públicos de León, sometidos a un recorte en sus presupuestos anuales que oscila entre el 20 y el 35% y que impide en algunos casos, por poner un ejemplo, la programación de determinadas actividades extraescolares. Así lo puso de manifiesto el portavoz de la Junta de Personal Docente de Enseñanza No Universitaria de León, Javier Ampudia. “¿La red concertada también está sufriendo recortes de entre el 20 y el 35%? Creo que no”, se preguntó y se respondió Ampudia hasta considerar “evidente” que debajo de estas carencias subyace un interés de la Junta de Castilla y León por promover de forma encubierta una privatización del sector.

Ambos factores están detrás de la batalla que sindicatos y familias anuncian contra el Gobierno autonómico y que se sustanciará en concentraciones todos los jueves desde el próximo 8 de febrero ante la Delegación Territorial de la Junta en León y ante la Dirección Provincial de Educación, anunció Javier Ampudia tras aclarar que los recortes en los presupuestos de los centros son responsabilidad de la Junta al no extenderse a los ayuntamientos, que asumen su parte correspondiente a los gastos de mantenimiento de los colegios. Así, y ante el incremento notable por la inflación de gastos en apartados como el combustible, este responsable sindical advierte de que hay institutos con “descubiertos” de hasta 30.000 o 40.000 euros. Y no descarta emprender acciones legales a través del Tribunal de Cuentas.

Los sindicatos ya habían denunciado al comienzo del curso carencias de personal funcionario incluso en la propia Dirección Provincial de Educación, lo que hace “muy difícil contactar” con la administración educativa para exponer quejas, afirma la vicepresidenta del Comité de Empresa de Personal Laboral de Educación de León, Mar Sánchez Folgueral. Cuando se canaliza la reivindicación hasta llegar a Valladolid una solicitud de sustitución por baja laboral “a veces pasan dos meses en lugar de ocho días”, lamenta Sánchez Folgueral, que advierte de que “el personal está muy agobiado” por este tipo de situaciones.

Aparte de los propios trabajadores en carne propia, las consecuencias de bajas que se prolongan sin su correspondiente sustitución a veces durante un trimestre las padecen los alumnos. “Y los hay que se verán afectados en la Ebau y otros que tardarán más en aprender a leer”, ilustró la representante de las familias. Y así los buenos resultados de Castilla y León en el último Informe PISA “no son mérito de la Consejería (de Educación), sino de los alumnos, los profesores y las familias”, concluyó el representante de la Junta de Personal de Servicios Periféricos Severino Javier Grande.

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