Los centros docentes y la anunciada prohibición de las redes sociales a menores de 16 años.

La relación entre los centros docentes y la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años en España es un tema complejo que involucra varios aspectos.

La anunciada medida de prohibir el acceso a las plataformas digitales y a las redes sociales a menores de 16 años en España requiere una colaboración estrecha entre centros docentes, familias y administraciones para garantizar la protección y seguridad de los menores en el entorno digital.

Los centros educativos tienen un papel fundamental en la protección de los menores en el entorno digital. La prohibición de las redes sociales a menores de 16 años implica que los centros docentes deberan:

  • Establecer políticas claras: Definir normas y protocolos para el uso de dispositivos y redes sociales en el centro.
  • Formar a los docentes: Proporcionar capacitación a los profesores para abordar temas de ciberacoso y seguridad digital.
  • Crear un entorno seguro: Fomentar un clima de respeto y empatía en el centro, y establecer canales de denuncia para casos de acoso o abuso.
  • Educación digital: Proporcionar formación en alfabetización digital y seguridad en línea.
  • Colaborar con familias: Establecer comunicación fluida con los padres y tutores para abordar temas de seguridad digital.

Todos los centros educativos debe tener ya un Coordinador/a de Bienestar y Protección, un profesional designado para liderar la prevención y actuación frente a casos de violencia o acoso. Este profesional (generalmente un docente designado, aunque lo ideal sería un psicólogo profesional del centro en coordinación con los docentes) tiene la misión de liderar la prevención, detección y actuación frente a casos de violencia o acoso en el entorno escolar, sirviendo de enlace entre alumnado, familias, profesores y servicios externos de protección.

La normativa exige que cada centro incorpore a este coordinador en su Plan de Convivencia escolar y defina claramente sus funciones.

En muchos centros, el coordinador de bienestar asumió el cargo con escasa capacitación específica y compatibilizándolo con labores docentes habituales, lo que ha limitado de momento su alcance. Es necesario que en todos los centros exista un coordinador verdaderamente capacitado y con tiempo asignado para la protección del alumnado.

Además de esta figura, los centros docentes llevan años contando con Protocolos de actuación frente al acoso escolar que deben activarse ante cualquier denuncia o indicio de bullying.

Prohibir las redes sociales a menores de 16 en España: lo que falta por saber

La noticia saltó el 3 de febrero y el debate ya está en la calle, en los medios, en las familias, en los centros educativos: “España va a prohibir el uso de las redes sociales para menores de 16 años”. Ante un tema de tal relevancia para nuestros menores, todos nos hemos lanzado a opinar al respecto. Pero aún no se conocen los detalles de la enmienda. Y los detalles, como veremos a continuación, son mucho más que detalles.

Lo que sabemos: responsabilidad compartida

El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha especificado que esta prohibición de acceso a las redes sociales obligará a las plataformas digitales a incorporar sistemas efectivos de verificación de la edad. La medida otorga responsabilidad individual a los usuarios menores y a sus familias, pero también de manera sistémica a las propias redes sociales.

Este foco en las propias plataformas, aunque insuficiente, dado que se queda sólo en su limitación de uso por edad, es relevante, ya que supera las narrativas de responsabilidad individual para que el compromiso en la regulación y la rendición de cuentas recaiga sobre los verdaderos artífices de unas redes sociales con algoritmos opacos, diseño adictivo y escaso control de contenidos.

Sabemos también que la medida sigue la estela de países como Australia, cuya regulación entró en vigor en septiembre y a la que se sumarán otras similares como Francia o Portugal. En esta línea, el Parlamento Europeo también ha propuesto limitar el acceso a menores de 16 años o requerir el consentimiento parental entre los 13 y 16 años.

Lo que falta por saber

Lo que no sabemos es casi todo lo demás. Y deberíamos empezar por definir lo que la ley define como “red social”. En Australia, por ejemplo, han quedado fuera de esta prohibición WhatsApp o Telegram, aplicaciones de inteligencia artificial generativa o páginas de apuestas en línea. ¿Son menos dañinas estas plataformas? ¿Qué redes sociales entrarán en la normativa española? ¿Se tendrán en cuenta las plataformas de vídeo y streaming? ¿Y juegos como Roblox?

Otra de las grandes cuestiones que se plantean es cómo se va a implementar la herramienta de la “Cartera Digital Beta” para la verificación de edad al iniciar sesión en las redes sociales, medida que puede tener impacto en toda la población española que las use.

Y, unido a ello, cómo se va a solucionar y gestionar el posible, y más que probable, uso clandestino y no supervisado por parte de los menores de estas plataformas, tanto por parte de las propias corporaciones como por parte de familias y comunidad educativa.

Evidencias tras la medida

Es importante saber qué evidencias se han tenido en cuenta para el diseño de la medida. Afirmar tajantemente que las redes sociales son la causa de muchos de los problemas de salud mental de los jóvenes es una visión simplificadora. Es cierto que las zonas del cerebro que regulan el autocontrol, el razonamiento y la atención maduran en la adolescencia tardía, por lo que la autogestión en dedicación de tiempo y acceso a contenido digital debe ser supervisada.

Pero no se pueden ignorar investigaciones previas que indican que un uso responsable y equilibrado de pantallas puede ser más positivo que su uso inexistente. Por ejemplo, el uso equilibrado correlaciona con mayor sentido de pertenencia al centro educativo y mejor rendimiento académico.

Incluso Unicef afirma que para muchos menores, las redes sociales son un salvavidas que les da acceso al aprendizaje, la conexión y la autoexpresión. La soledad es otro de los grandes problemas de la adolescencia actualmente, especialmente en colectivos minoritarios o desfavorecidos, y las redes pueden ayudar a mitigar esta desconexión con sus iguales.

No olvidar otros factores

En este sentido, se corre el riesgo de confundir correlación con causalidad y no tener en cuenta que las redes sociales pueden ser más un amplificador de problemáticas preexistentes que la causa de las mismas. La calidad de la evidencia sobre el impacto del uso de redes en la salud mental de los menores es modesta. Cuando tenemos en cuenta otras variables contextuales y personales, el efecto de éstas es poco significativo. Cuando los problemas tienen raíces sociales, es poco probable que las restricciones técnicas por sí solas los resuelvan.

En definitiva, una prohibición que trata a las redes sociales como el principal problema, en lugar de plantear preguntas más profundas sobre por qué ocurren ciertos comportamientos y cuestiones sociales que afectan en gran medida a nuestros menores (acoso, misoginia, racismo, presión académica, etc.) desplazaría la solución de estas cuestiones a un foco con menor peso en su bienestar.

Evaluación de impacto

Para quienes nos dedicamos a investigar esta cuestión, uno de los aspectos principales que nos queda por saber es cómo, cuándo y con qué indicadores va a medirse el impacto de esta medida. En Australia el sistema de evaluación de impacto se está centrando básicamente en analizar si el método de verificación de edad está funcionando, con resultados no muy alentadores, ya que la precisión es muy variable según plataforma y perfiles de usuarios, y se dan errores cerca del umbral de los 16 años. De momento, no se han planteado mediciones de más alcance (salud mental, resultados académicos).

Si la medida en España está enfocada a minimizar o mitigar los “efectos negativos” del uso de redes sociales por parte de los menores, deben plantearse criterios claros, transparentes y mensurables de evaluación de impacto.

Medidas educativas y papel de las familias

Otras preguntas que habrá que resolver son: ¿la prohibición vendrá acompañada de medidas educativas en pro del uso responsable? ¿Qué papel tendrán las familias en esta medida y cómo acompañarlas? ¿Cómo se regularán el resto de usos digitales de los menores?

Más allá de las prohibiciones, se tendrán que plantear las medidas socializadoras y educativas que deberían acompañar a esta propuesta para responder a estas preguntas.

Esperaremos a la publicación de la norma para poder hacer una interpretación en clave científica.

Autores

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Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿realmente los protege?

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.

Aunque el anuncio del presidente del gobierno español resulte novedoso, en realidad el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, vigente desde 2018, permite fijar la capacidad legal para consentir el tratamiento de nuestros datos en servicios digitales entre los 13 a los 16 años. En España se decidió que fuera a partir de los 14.

Es necesario entender los hechos que nos conducen hasta aquí y el conjunto de medidas que deberían acompañar a esta limitación. El deber de verificar la edad se reguló en EE. UU. por la Children Online Privacy Protection Act de 1998, y en España desde el Reglamento de la LOPD de 2007. Esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida por ningún operador, salvo los esfuerzos de la española Tuenti.

En el caso de las redes sociales, la Unión Europea se ha reunido con las compañías desde la vicepresidencia de Viviane Reding y se han adoptado acuerdos y compromisos corporativos sin resultado práctico alguno. En la actualidad, la industria ha pasado de la aceptación displicente a la oposición cerrada.

Distintos informes, como los realizados por EU Kids Online, han venido constatando de forma consistente el crecimiento significativo de los riesgos de internet para los menores. Existe un descenso constante en la edad a la que los menores se conectan a internet, disponen de un móvil, consumen pornografía o se registran en una red social. El reciente Informe de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia confirma esta tendencia con datos ciertamente preocupantes que apuntan a un uso adictivo del smartphone y las redes, al crecimiento de la conflictividad o la exposición a la pornografía, acompañadas de una demanda de educación e incluso de desconexión.

El diagnóstico del informe impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia es demoledor. Señala que las redes sociales generan un contexto de alto riesgo para la salud mental y física de los menores, de sobreexposición al acoso y los delitos contra la libertad sexual, de acceso a la pornografía y de adquisición de hábitos y conductas nocivos.

Coincide con los estudios que vienen alertando sobre el crecimiento de las enfermedades mentales, de las autolesiones o del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales pueden desplazar experiencias presenciales y reducir espacios de socialización autónoma, especialmente en usos intensivos.

Un modelo de negocio que busca el enganche

Distintas filtraciones parecen acreditar que los operadores de redes sociales han sido plenamente conscientes de los riesgos de su modelo de negocio y lo han fomentado. Las redes fomentan mecanismos de recompensa generando adicción. Estos se acentúan a través del scroll infinito, de la hiperestimulación y el uso nocturno que puede deteriorar la higiene del sueño. Cada like, emoji, chat o filtro de imagen responde a un objetivo claro: fomentar la vinculación, mantener la atención del usuario y monetizar la privacidad.

Además, los algoritmos de personalización favorecen el “enganche” del usuario y le proporcionan una visión de la realidad a través de filtros que generan una burbuja de contenidos a medida. Por otro lado, la monetización publicitaria parece incentivar la polarización, los discursos de odio, el negacionismo o la pornografía.

Responsabilidades sociales y administrativas

Por otra parte, es innegable que existe una cuota de responsabilidad social y administrativa. El primer contacto de un niño, niña o adolescente con una red social será propiciado por madres y padres o por el propio colegio, por ejemplo al adquirir un smartphone o al pedir tareas digitales.

La ausencia de herramientas educativas para familias, y la presión que experimentan las familias cuando a ciertas edades sus hijos e hijas se enfrentan al ostracismo y el aislamiento si no están en una red social, hacen que la identidad digital en los primeros años dependa de adultos sin apoyos suficientes y de prácticas escolares a veces poco reflexivas o contradictorias con la protección de la infancia, como la publicación de vídeos en las redes sociales de los centros.

Legislar más allá de la prohibición

En este contexto, la acción legislativa emprendida por el Ministerio de Juventud e Infancia es adecuada. Parece urgente legislar con medidas eficaces, proporcionales y con garantías que aseguren el derecho a la identidad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. La limitación de la edad encuentra plena justificación en la garantía de un desarrollo adecuado de la personalidad.

Pero no es la única medida. Se requiere un diseño holístico que contemple políticas públicas proactivas y, al mismo tiempo, defina escenarios de responsabilidad. Desde una visión jurídica se hace imprescindible un enfoque que refuerce la disuasión, incluido si procede el incremento de la responsabilidad civil y penal. A la vez, hay que disciplinar la acción de los centros escolares y su responsabilidad.

La voz de los interesados

No obstante, existe un riesgo que no podemos obviar. Los niños, niñas y adolescentes deben tener voz. Deberíamos entender cómo hacer viable una socialización y un aprendizaje de la tecnología inspirado por valores democráticos e inclusivos. No podemos ser víctimas de la urgencia regulatoria y centrarnos exclusivamente en la prohibición.

Vivimos en la sociedad de la inteligencia artificial. Se requerirá de nosotros un nuevo modo de hacer las cosas y nuevas capacidades. No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas.

Por último, los reguladores más directamente concernidos (Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial) deben pasar de la recomendación a la auditoría, la coerción y la sanción a las plataformas. Pasó el tiempo de contemporizar. Existe una firme voluntad de sus directivos de amenazar la regulación y romperla. La democracia nos hizo libres, nos convirtió de súbditos en ciudadanos: no permitamos que nos conviertan en siervos digitales empezando por nuestros niños, niñas y adolescentes.

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Redes sociales y adolescentes: prohibir no basta

En la última década, las redes sociales se han integrado de manera profunda en la vida cotidiana de los adolescentes. Y muy a menudo, también de los preadolescentes. Lejos de ser una moda pasajera, constituyen un entorno relacional, informativo y emocional que influye de forma directa en su desarrollo personal.

Ante esta realidad, algunos países, como Australia y Francia, y más recientemente España, han propuesto prohibir su uso a menores de 16 años.

Más allá de las posibilidades reales de éxito de estas prohibiciones, por limitaciones técnicas y por la falta de apoyo de las empresas que las crean y gestionan, desde una perspectiva neuroeducativa el debate no debería centrarse en la prohibición absoluta de su uso, sino en la necesidad de educarnos, colectivamente, en el buen uso de estos recursos, a cualquier edad.

Autogestión, emociones y conciencia crítica

Desde la neurociencia, existen argumentos sólidos para defender una regulación que promueva la autogestión, el acompañamiento adulto y el empoderamiento de los propios adolescentes. Una regulación que puede contener ciertas prohibiciones, pero que también debe contemplar de forma explícita la alfabetización digital.

Cabe puntualizar que la alfabetización digital no consiste únicamente en saber utilizar dispositivos, aplicaciones o plataformas, sino muy especialmente en desarrollar la capacidad de autogestionar la propia relación con el mundo digital. Implica comprender cómo los entornos digitales, y especialmente las redes sociales, están diseñados para captar la atención y activar los sistemas de recompensa, y cómo esto impacta en las emociones, el comportamiento y la construcción de la identidad.

Alfabetizar digitalmente significa aprender a regular el tiempo de conexión, a identificar y gestionar las emociones que se activan, como por ejemplo la comparación social, la necesidad de validación o el miedo a quedar fuera de un grupo, a poner límites conscientes ya hacer un uso intencional y no automático de la tecnología. Esta competencia, que es especialmente relevante en la adolescencia, no se adquiere de forma espontánea, sino que requiere acompañamiento adulto, modelado y espacios de reflexión compartida para favorecer una relación más libre, crítica y emocionalmente saludable con el entorno digital.

Vínculos reales y la socialización presencial

Además, para que esta regulación sea útil también debe promover alternativas sólidas al uso de redes sociales, que puedan ser aprovechadas por los adolescentes. En este punto, resulta fundamental que la regulación no se limite al ámbito digital, sino que incluya de manera explícita la creación y el fortalecimiento de entornos de socialización presencial. El desarrollo saludable del cerebro adolescente requiere experiencias reales de interacción cara a cara, donde puedan ponerse en juego habilidades como la comunicación no verbal, la empatía, la gestión de conflictos, la cooperación y la construcción de vínculos significativos.

Espacios como el deporte, el juego libre, las actividades artísticas, culturales o comunitarias, así como el encuentro informal entre iguales no son un complemento accesorio, sino un pilar esencial del bienestar emocional y social. Regular el uso de redes sociales digitales sin garantizar alternativas presenciales atractivas, accesibles y sostenidas puede generar un vacío relacional que incremente todavía más el aislamiento, o que refuerce la dependencia de lo digital.

El cerebro adolescente frente a los algoritmos de recompensa

Uno de los elementos clave para entender esta necesidad es la maduración del cerebro adolescente. El cerebro humano no alcanza su pleno desarrollo hasta bien entrada la veintena, y una de las últimas áreas en madurar es la corteza prefrontal. Esta región es fundamental para funciones ejecutivas como la planificación, el control de impulsos, la toma de decisiones, la autorregulación emocional y la evaluación de riesgos. En la adolescencia, esta corteza aún se encuentra en proceso de reorganización sináptica y mielinización, lo que implica que los jóvenes son especialmente sensibles a estímulos emocionales intensos y a recompensas inmediatas.

Los algoritmos que rigen las redes sociales están diseñados precisamente para activar los sistemas de recompensa del cerebro, en particular los circuitos dopaminérgicos. Los likes, los comentarios, las notificaciones y la validación social generan microdescargas de dopamina que refuerzan la conducta de conexión constante.

En un cerebro adulto, con mayor capacidad de autorregulación, estos estímulos pueden gestionarse con relativa eficacia. Sin embargo, en un cerebro adolescente, todavía inmaduro desde el punto de vista ejecutivo, el riesgo de uso compulsivo y de dependencia conductual es significativamente mayor.

Acompañamiento, límites y responsabilidad compartida

El aprendizaje de la autorregulación no se produce de manera espontánea, sino que requiere modelos, especialmente del entorno de adultos, límites claros y coherentes y oportunidades guiadas para practicarla. Regular el uso de redes sociales no significa necesariamente impedir el acceso, sino crear contextos en los que los adolescentes puedan desarrollar progresivamente habilidades de gestión del tiempo, pensamiento crítico, conciencia emocional y control de impulsos, bajo la guía de adultos que actúen de forma consciente. Estas competencias son tan importantes como los contenidos académicos y forman parte del desarrollo integral de la persona.

Otro aspecto relevante es el impacto emocional y social de las redes en esta etapa vital. La adolescencia es un periodo de construcción de la identidad, de búsqueda de pertenencia y de alta sensibilidad a la mirada del otro. La exposición constante a ideales irreales, comparaciones sociales, métricas de popularidad o dinámicas de exclusión puede afectar a la autoestima, la autoconfianza, la autoimagen y el autoconcepto, aumentar la ansiedad y favorecer estados de malestar emocional.

La neurociencia ha demostrado que el cerebro adolescente es especialmente reactivo al rechazo social, activando circuitos similares a los del dolor físico. Por ello, una exposición no regulada a estos entornos puede amplificar vulnerabilidades preexistentes.

En este contexto, cabe tener presente que regular no es censurar, sino educar. Implica que la sociedad, en su conjunto, incluidos de forma especial progenitores y docentes, asuma que el desarrollo saludable de los menores requiere entornos digitales responsables, pero también entornos presenciales ricos en oportunidades de relación. Las plataformas tienen un papel importante, pero también lo tienen las familias, las escuelas y las comunidades.

Los progenitores, en particular, no solo deben establecer normas, sino también acompañar, dialogar y ofrecer un ejemplo coherente en el uso de la tecnología, al tiempo que facilitan y valoran espacios de encuentro fuera de las pantallas. La regulación eficaz se basa en la calidad del vínculo y en la coherencia educativa, no en el control estricto ejercido autoritariamente.

Impacto emocional, empoderamiento y salud mental

Empoderar a los adolescentes es otro eje fundamental. Tratarles como sujetos pasivos a los que hay que proteger, sin darles explicaciones ni implicarles, suele ser poco efectivo. En cambio, cuando se les ofrece información clara sobre cómo funciona su cerebro, por qué ciertas aplicaciones resultan tan atractivas y qué efectos nocivos puede tener un uso excesivo o acrítico e irreflexivo, se favorece un mayor empoderamiento y toma de conciencia.

Comprender que su dificultad para desconectarse no es un “fallo personal”, sino una consecuencia de un cerebro en desarrollo frente a estímulos muy potentes, puede ser liberador y motivar la adopción de estrategias de autogestión más saludables.

La regulación del uso de redes sociales antes de los 16 años debería entenderse, por tanto, como una inversión presente y futura en salud mental y en madurez. No se trata de prohibir de forma estricta el contacto con la tecnología, sino de acompasarlo al desarrollo neurobiológico y emocional, lo que puede implicar ciertas prohibiciones.

Igual que no se espera que un niño pequeño cruce solo una calle muy transitada, no es razonable esperar que un adolescente gestione sin apoyo entornos digitales diseñados por adultos con fines comerciales.

Responsabilidad colectiva

En definitiva, la evidencia neurocientífica y neuroeducativa apunta a una idea clara: el cerebro adolescente necesita tiempo, acompañamiento, experiencias reguladas y vínculos reales para desarrollar plenamente su capacidad de autorregulación. Y las redes sociales no son neutrales.

Asumir esta complejidad y apostar por una regulación consciente, compartida y que incluya de forma explícita la promoción de la socialización presencial es una responsabilidad colectiva. Solo así podremos ayudar a los adolescentes a construir una relación sana, libre y consciente con un mundo digital que ya forma parte inseparable de sus vidas.

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