Manifiesto conjunto 23 abril: Respeto para la Fiesta de Castilla y León

STECyL-i, como parte de la Intersindical de Castilla y León, junto con otros partidos, sindicatos y movimientos sociales representados en este manifiesto, sigue exigiendo Respeto, en este caso para la Fiesta de Castilla y León. Lamentamos que el Gobierno autonómico se haya obcecado en sacar la Fiesta de la campa de Villalar de los Comuneros apostando por su desmantelamiento.

La Intersindical de Castilla y León (STECyL-i, STACyL y SF) en la mañana de hoy hemos estado en la sede de las Cortes de Castilla y León presentando el manifiesto «Respeto también en el Día de Castilla y León», que desde hace tres años suscribimos.

El año pasado el Ayuntamiento de Villalar demostró que se puede hacer una celebración festiva y reivindicativa sin un gran presupuesto. Solo hace falta contar con el apoyo de quienes creemos que la Fiesta de Castilla y León representa el anhelo de libertad, igualdad y fraternidad que representó en su día la lucha comunera. Villalar siempre fue, y seguirá siendo, la fiesta del pueblo, por eso queremos hacer un llamamiento a las gentes de Castilla y León para que vayan a la campa el 23 de abril a demostrar que, por más que lo intenten, no podrán arrebatarnos nuestra fiesta.

Tenemos muchas materias económicas, laborales, sociales, ecologistas, feministas y de cohesión territorial pendientes en Castilla y León y debemos recordar a las y los gobernantes de la derecha y de la extrema derecha que tienen que ocuparse de solucionarlos. La realidad nos muestra que prefieren destrozar los avances logrados y reducir los derechos sociales. Además, la parte del Ejecutivo de extrema derecha se encarga de extender el odio, la mentira y la inquina allí donde puede.

Este 2024 queremos que este manifiesto recoja también nuestro deseo de paz allí donde la violencia, por desgracia en muchas partes del mundo, golpea a las personas. Especialmente queremos solidarizarnos con el pueblo palestino víctima de una agresión insoportable y genocida por parte de Israel. También queremos el fin de la guerra en Ucrania provocada por la invasión de Rusia. Es necesario posicionarnos claramente en contra del rearme y del incremento de las acciones que atentan contra el respeto a los derechos y libertades humanas.

Mientras tanto, en Castilla y León cada año debemos denunciar nuevas afrentas. Hace tan solo unos días el Gobierno de Castilla y León se ha decidido a agraviar a quienes lucharon y murieron por la defensa del sistema democrático, de la legalidad y de la libertad en nuestro país. Eso es la pretendida Ley de la Concordia, un agravio insoportable a la historia real y, en especial, a quienes tienen aún familiares en las cunetas por defender sus ideales. No hay equidistancia posible entre víctimas y verdugos, salvo para quienes pertenecen a esta última casta. No nos podemos conformar ni permitir que no cumplan la Ley de la Memoria Democrática de 2022.

Mientras se empeñan en extender la hostilidad y el resentimiento no se ocupan de los verdaderos problemas de Castilla y León o agravan situaciones de forma incomprensible. Esto hace que tengamos que seguir reivindicando los mismos problemas año tras año, problemas que, además, van empeorando de forma importante. En el ámbito laboral y de empleo esto es evidente. Es el caso del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), el sistema de mediación establecido por empresarios y sindicatos para resolver los conflictos laborales sin tener que llegar a los juzgados. Valladolid, la única provincia que contaba con un servicio para los conflictos individuales, se ha quedado sin esta mediación ya que la Consejería de Empleo ha decidido estrangularlo económicamente. Muchos trabajadores y trabajadoras y las empresas que lo utilizaban sin coste antes de ir a los juzgados se han quedado sin poder ejercer este derecho. Cerca de 2.000 mediaciones individuales han sido imposibles en el último trimestre por un Consejero, y un partido, que pretenden poner de rodillas a trabajadores y trabajadoras y a sus sindicatos. Se ha solicitado al Gobierno de España que intervenga ante la Junta por un conflicto de competencias no ejecutadas.

La Ley de Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos para 2024 pretende cambiar la ley de Fundaciones de Castilla y León para ejercer el poder absoluto de la Administración en los Patronatos, órganos de gobierno de dichas fundaciones. Otra cacicada antidemocrática.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a denuncia sindical, ha decidido hace unas semanas, abrir una investigación al Gobierno de Castilla y León por posibles incumplimientos de los Tratados Fundacionales de la Unión Europea. También en estos últimos días, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha admitido una denuncia contra este gobierno por incumplimientos de la Carta Social Europea y reclamará explicaciones. Se volverá a denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los incumplimientos en las relaciones laborales de este gobierno autonómico, y, en concreto, de varios Convenios O.I.T firmados por España.

Recientemente hemos asistido a protestas por la situación en el medio rural. Sorprendentemente parecían capitaneadas por esa misma derecha y extrema derecha que promueve, negocia y aprueba, dentro de Europa y fuera de ella, tratados de libre comercio que crean los agravios comparativos que afectan a agricultores y agricultoras, a ganaderos y ganaderas. La solución no puede ser, como pretende la extrema derecha, negar el cambio climático y sus efectos, así como renegar de las medidas que garantizan la calidad de los productos que producimos en esta tierra. En todo caso, debe ser la regulación real y efectiva de costes, precios y beneficios en el sector primario la que abra soluciones a los problemas concretos del campo.

La desertización, los desastres naturales, son producto de la actividad humana y afectan, sobre todo, a quienes viven de la tierra. Por eso negar sus efectos es la peor política posible y no adoptar soluciones a los problemas reales seguirá agravando la despoblación que sufre, desde hace décadas, Castilla y León.

En este 2024 seguimos contando con Fondos Europeos, pero nos tememos que, de nuevo, la inyección económica que recibimos de Europa seguirá sin servir para modernizar y cohesionar nuestra Comunidad. Mientras, los partidos que gobiernan seguirán la misma política fiscal a la que ya nos tienen acostumbrados: rebajar los impuestos a quienes más tienen, poniendo en riesgo nuestros servicios públicos que benefician a toda la población y que son parte sustancial del estado social y de bienestar que estamos construyendo desde hace décadas.

Seguimos sufriendo el deterioro de la sanidad, con listas de espera interminables para las intervenciones quirúrgicas y falta de profesionales para atender la, cada vez más precaria atención primaria y, al mismo tiempo, siguen las privatizaciones de servicios sanitarios. La enseñanza pública pierde recursos a favor de la enseñanza privada, mayoritariamente religiosa, que continúa beneficiándose de las políticas con las que este gobierno incrementa sus fondos. El aumento del número de aulas concertadas bajo una falsa “libre elección de centro educativo”, unido a la caída de la natalidad, va debilitando a la Escuela Pública. Las residencias de personas mayores se han convertido en un cuantioso negocio en manos de las grandes corporaciones mientras la Junta, lejos de prestar directamente los servicios, sigue concertando plazas en los centros privados.

La responsabilidad del trabajo de los cuidados, que recae fundamentalmente sobre las mujeres, perpetúa tanto las desigualdades económicas como la desigualdad de género. Reducir los servicios públicos hace cada vez más caro y más difícil alcanzar el acceso a la atención a la dependencia lo que amenaza, de nuevo, con perjudicar mayoritariamente a las mujeres. Pero eso no es un problema para el Gobierno de Castilla y León que ha puesto también el feminismo en su punto de mira. Los derechos de las mujeres han topado con una práctica política que pretende volver a tiempos pasados y que se pone vendas en los ojos frente a la barbarie de la violencia de género.

No quieren a las personas migrantes, no quieren diversidad sexual, no quieren derechos ni justicia social. Las declaraciones altisonantes, merecedoras de nuestro más profundo desprecio, suelen salir de boca de la extrema derecha, pero la indolencia del Partido Popular le convierte en cómplice y encubridor.

Cada vez es más difícil mantener un diálogo mínimamente constructivo con este Ejecutivo, secuestrado por la radicalidad de los mensajes y los hechos de la extrema derecha, pero seguiremos dirigiéndonos al presidente del Gobierno de Castilla y León para exigirle que se libre de su socio de gobierno, para que restituya la corrección política, el diálogo, la cordura. Para que dote a su Gobierno de verdadera legitimidad democrática y permita la participación social, condición “sine qua non” para la práctica política en una auténtica democracia. En este sentido nos parece fundamental recobrar la legalidad vigente que ha sido alterada y volver a tener procesos de Diálogo Social, sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales, el empleo y las políticas sociales, como un instrumento al servicio de la población de Castilla y León y con el respeto que le concede el propio Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad.

Las y los firmantes de este manifiesto seguiremos reclamando respeto, cumplimiento de la legalidad democrática y diálogo, para que la ciudadanía de nuestra Comunidad tenga una convivencia pacífica y en libertad. La intolerancia avanza y tenemos el deber de detenerla. Nos jugamos la justicia, la igualdad y la democracia en el envite, pero creemos que juntos y juntas podemos lograr vivir en una Castilla y León más avanzada, más democrática y participativa, más diversa y cohesionada, que asegure una vida digna para todos y todas con oportunidades de futuro para nuestra juventud.