Oposiciones para docentes: las pruebas de Hércules
El sábado 22 de junio miles de maestros y profesores de enseñanza secundaria se enfrentaron a los procesos selectivos de acceso al cuerpo de docentes de las distintas comunidades del Estado. En Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Extremadura, Andalucía y Canarias ha habido oposiciones de Primaria y de distintas especialidades de Secundaria. En Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla sólo ha habido oposiciones de especialidades de Primaria. Conviven, durante estas oposiciones, dos modelos de prueba: las de estabilización, en las que se elimina la parte práctica; y las de reposición, que mantienen intacta su estructura tradicional.
Se trata de unas pruebas injustas y obsoletas, puesto que los epígrafes de los temarios datan de 1993. Esto es una prueba más de la falta de consenso en materia de educación en España: se solicita que los docentes estén preparados con las últimas tecnologías y metodologías y las exigencias para el acceso a los distintos cuerpos docentes recogen, entre otras cosas, los temarios de hace más de treinta años. También podemos destacar la utilización de una prueba de “Cultura general” en la Comunidad de Madrid, cuya mera mención y utilización ya supone un menoscabo para el cuerpo de Maestros de esta comunidad.
La parte más compleja de las oposiciones es, sin duda, la parte práctica: problemas irresolubles en la especialidad de Matemáticas; cualquier tipo de texto en la especialidad de Lengua y Literatura; cualquier objeto en el visu de Biología o cualquier obra de arte, climograma o texto histórico en la especialidad de Historia.
Las pruebas están absolutamente sobredimensionadas y exigen un nivel muy por encima del necesario para poder trabajar en la enseñanza secundaria o en la enseñanza primaria. La dificultad de las mismas, además, se explicita año tras año en los resultados, a menudo señalados como mediocres para regodeo de aquellos que quieren dañar la función pública o poner a los docentes en la diana. Sin embargo, una oposición difícilmente muestra la verdadera esencia o habilidad de un maestro o de un profesor.
Se supone que se emplean criterios objetivos mediante rúbricas que, en ocasiones, no hacen justicia a las pruebas realizadas. Estas rúbricas o estos criterios son vagamente generales y no indican nada, cuando se hacen públicos, y son especialmente concretos dentro de la administración educativa. Hacer una buena prueba es, en ocasiones, una cuestión de azar, además de un lucrativo negocio en el que las academias hacen auténticas fortunas con temarios totalmente descontextualizados e inoperantes y prácticos sospechosamente similares a los que emplean algunas comunidades autónomas. Cuando esto sucede, todo el proceso queda manchado y en tela de juicio.
Las pruebas vinculadas con las programaciones y las unidades didácticas o las situaciones de aprendizaje distan de ser un ejemplo real de lo que un profesional puede encontrarse en el aula. La realidad supera, con mucho, la ficción de buenas voluntades que estos documentos acostumbran a ser, que, en el caso de ser absolutamente fieles a la realidad, serían absurdamente inoperantes, como acostumbra a suceder.
Los docentes interinos sufren especialmente en estos días. Vienen trabajando durante varios cursos académicos y se enfrentan a las oposiciones agotados, después de una doble evaluación: la tercera y la ordinaria. La administración educativa les exige infinitos informes a final de curso y deben cumplir con su función laboral ante una administración que, a la vez, les ningunea, puesto que quienes han sido válidos durante el último curso académico o los últimos cursos académicos se enfrentan a una dura prueba cuando más cansados pueden estar.
Una rápida búsqueda en Google confirma que la tasa de interinidad ronda el 25 % a nivel nacional. El dato puede parecer pequeño pero significa que 1 de 4 docentes es interino. Y no es demasiado acertado si tenemos en cuenta que prácticamente las listas de todas las especialidades se agotan rápidamente.
Las distintas administraciones educativas de este país presumen, cuando toca, de los resultados del informe PISA o de otras estadísticas. Sin embargo, la pandemia demostró que el único secreto para mejorar los resultados es bajar las ratios, y para ello es preciso contratar a más docentes. Todas las demás estrategias (gamificaciones, metodologías activas de aprendizaje, digitalizaciones diversas) no son más que medidas cosméticas que centran la mirada en la acción educativa del docente y la alejan de la gestión de los recursos educativos.
Es decir, la mirada de la sociedad está clavada en los docentes: deben hacer esto o lo otro, deben enseñar esto y aquello, es preciso que sean divertidos, que no sean aburridos, que se adapten a las nuevas generaciones, que estén a la última moda, que sean médicos, enfermeros, simpáticos y amables padres y madres de familia de los alumnos con los que conviven, a lo sumo, durante ocho horas diarias. Pero la sociedad, en su conjunto, es igual de responsable que los docentes, y las administraciones educativas, también, del mismo modo que las familias.
Como decía Vygotsky, el error es una fuente constante de aprendizaje. Tal vez sea hora de que la administración aprenda de sus errores, valore a sus trabajadores docentes y diseñe pruebas más justas.
