¿Y si las autonomías no aplican la LOMLOE?

La Ley Orgánica de modificación de la LOE consiguió hace una semana una gran victoria. El Congreso aprobó de forma preliminar el texto de la octava ley educativa, aunque por la mínima. Encarrilada la tramitación de la ley, el Gobierno debe afrontar otra batalla de no menor envergadura: que se aplique en todos los colegios de España. Especialmente donde no gobierna.

Cinco regiones ya han anunciado que no pasarán por el aro fácilmente. Murcia, Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Galicia serán los bastiones de resistencia. Son las cinco autonomías gobernadas por el Partido Popular.
La cúpula nacional del partido ha lanzado la orden de estudiar cualquier fórmula legal para apagar la LOMLOE desde los parlamentos autonómicos. «No hay que esperar a que se apruebe la ley en febrero sino empezar a hacer leyes y decretos que blinden la calidad educativa», dijo Pablo Casado en COPE.

La ministra Isabel Celaá respondió en TVE que los gobiernos regionales no pueden negarse a aplicar una ley orgánica y acusó al líder popular de llamar «a la desobediencia».

Fórmulas para desactivar la LOMLOE

• ¿Es posible que los gobiernos autonómicos desactiven la LOMLOE? Los equipos jurídicos de las regiones opositoras lo están investigando.

Es lo que hará Murcia. Lo ha anunciado el popular Fernando López Miras, presidente de la región. Tras las declaraciones de Casado, ha defendido que la nueva ley educativa es «un ataque a la libertad de las familias para elegir centro educativo, a los centros de educación especial y carece de diálogo». Es por ello que impulsarán normas para mitigar sus efectos en las aulas. «Ya se ha encargado a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación que examinen y analicen todas las opciones jurídicas para que en la Región de Murcia se aprueben las contrarreformas necesarias para no aplicar esa ley que va contra la libertad», apuntó López Miras.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, asumió la línea de actuación común. Fue clara ante la prensa en la concentración contra la Ley Celaá que se organizó este domingo en varias ciudades de España y reunió miles de vehículos. «El PP de Madrid va a presentar una ley en la asamblea para blindar la libertad de elección de las familias», aseguró.

Por su parte el gobierno andaluz aplicará la ley. Pero avisan: revisarán palmo por palmo el texto para exprimir su autonomía y reducir en lo posible sus efectos en los colegios. «Vamos a cumplir la ley Celaá, pero ya hemos encargado a los servicios jurídicos de la Junta que aproveche cualquier resquicio legal en el marco de nuestras competencias para que se limite al máximo sus efectos en Andalucía. Aquí la escuela concertada no será subsidiaria y los padres, no un político, tendrán libertad para elegir el colegio de sus hijos», apuntó el consejero de Educación José Imbroda. No descartan, además, llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Castilla y León pactará con la comunidad educativa «todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para garantizar la libertad y la calidad», dijo su presidente Alfonso Fernández Mañueco.

Más comedida ha sido la Xunta de Galicia, única región de las cinco populares con lengua cooficial. Nuñez Feijoó ha asegurado este lunes que buscará que la ley tenga «la más mínima aplicación posible», pero que en todo caso se aplicarán los preceptos que «por imperativo legal» sean de obligado complimiento.

Los criterios para titular

• La LOMLOE deja en el aire el grado de exigencia para obtener el título de Bachillerato. La ley es clara en los mínimos, pero ambigua en los procedimientos. Se trata de una de las medidas más polémicas.

No se podrá conseguir el título de bachillerato con más de una asignatura suspensa, pero se deja al Gobierno con el consenso de las CCAA el desarrollo de normas de desarrollo que especifiquen las «condiciones y procedimientos» para estos casos.

Si acudimos al tenor literal del texto, el polémico artículo 37 de la LOMLOE prevé lo siguiente: «Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. El Gobierno, oídas las Comunidades Autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título».

¿Habrá pues consenso? El presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco fue claro. «No se pasará de curso con suspensos en bachillerato», aseguró un día después de que la LOMLOE fuese aprobada. En la misma línea se pronunció su homónimo gallego Feijóo: «Está claro que nosotros tenemos que establecer los criterios para titular a un joven, y aquí si no se aprueban todas las asignaturas no se va a dar el título de bachillerato».

La LOMLOE prevé que excepcionalmente se pueda conseguir el título de bachillerato con una asignatura suspensa, atendidas las circunstancias de cada alumno. Feijóo y Fernández Mañueco aseguran que ningún joven conseguirá el titulo de bachillerato en estas condiciones en sus autonomías

El criterio para pasar de curso en la ESO también ha generado debate. La LOMLOE prohíbe que un alumno no pueda repetir más de una vez el mismo curso en la ESO y un máximo de dos veces por etapa. Pero la ley en este punto es de nuevo ambigua. Otra vez se deja el desarrollo técnico de estas promociones «excepcionales» a los «proyectos educativos de los centros (…), de acuerdo con lo establecido por las Administraciones educativas».

Sin embargo, de nuevo, de las declaraciones de los líderes de la oposición se deduce que dicho acuerdo también será difícil y las autonomías críticas harán lo posible para no cambiar las cosas. Los populares denuncian que el nuevo sistema rebaja la exigencia y penaliza el esfuerzo. «Degradar los niveles de exigencia es una falta de respeto al esfuerzo de los alumnos y sobre todo al trabajo de nuestros docentes», apuntó al respecto el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla.

Por su parte, Díaz Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid que no conocía «a ningún padre que quiera que a sus hijos les regalen los aprobados porque sí».