Coordinador de bienestar: la falta de recursos lo deja sin fuelle

Era, y es, una de las más importantes novedades de este curso que acaba de comenzar. Una novedad que no parece ser una apuesta de las administraciones públicas autonómicas, que no han hecho el esfuerzo que organizaciones de todo tipo esperaban en forma recursos personales, temporales y económicos, además de formativos.

LOPIVI

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (BOE n.134, de 05.06.21)

El y la coordinadora de bienestar es una figura que nació de la mano de la Ley integral de protección de la infancia, conocida como Lopivi. Una Ley aprobada hace más o menos un año y que, desde entonces, no ha visto cómo se desarrollara la normativa que debía dar carta de naturaleza a una de sus muchas apuestas, la creación esta nueva figura en los centros educativos.

Entre sus funciones, principalmente la de crear programas de prevención de todo tipo de violencia contra la infancia y la juventud, la vigilancia del bienestar de estas niños y niños, tanto en las escuelas como en sus casas; la comunicación con los servicios sociales y, en caso de ser necesario, con las autoridades; la supervisión de una correcta alimentación, de una convivencia sana en las aulas… y un etcétera más o menos largo.

La Ley dejaba claro que tendría que ser las administraciones autonómicas educativas las que desarrollasen del todo esas funciones apuntadas en su articulado, así como determinar los perfiles profesionales que deberían ejercer dicha coordinación; sus recursos económicos, horarios, etc.

La realidad, nuevamente, se ha impuesto a la idea. En buena parte de las autonomías no se ha desarrollado ninguna norma específica para el desarrollo de estos perfiles profesionales. En otras, como la Comunidad de Madrid, sí se ha hecho. Ha caído en manos del personal docente ya existente en los centros: sin horas de dedicación, sin un complemento económico y con una formación a distancia, no tutorizada de 20 horas en total.

Para Nacho Guadix, responsable de Educación de Unicef, una de las organizaciones que más ha colaborado en la redacción de la Lopivi, la figura de la o el coordinador de bienestar es importantísima, fundamental. Máxime después de más de una década de constantes crisis económicas y una pandemia que han dejado a las familias en una posición muy complicada y con un importante aumento de los problemas económicos y de salud mental en buena parte de la sociedad.

Es un férreo defensor del papel que debe jugar esta coordinación en los centros pero admite que este año que empieza no se van a ver los resultados que esperaban para su desarrollo. Una opinión similar tiene Carmela del Moral, técnica de Save the Children, otras de las organizaciones que más han presionado y apoyado la aprobación de la Ley y de esta figura.

Carlos Sánchez, secretario de la Asociación de PTSC de la Comunidad de Madrid se muestra muy crítico. No tanto con la figura o la Lopivi, que entiende como fundamentales. Pero sí con el hecho de que la administración autonómica no haya hecho una apuesta valiente por dotar de recursos personales, económicos y de tiempo a quienes tienen que llevar a cabo esta importante labor.

También critica el hecho de que para la redacción de la ley no se haya tenido en cuenta a las y los profesionales que hasta ahora estaban desarrollando en los centros las labores que dan carta de naturaleza a las y los coordinadores de bienestar. Para él, es el caso de quienes trabajan en los departamentos o servicios de orientación. Profesionales del trabajo social, de la educación social, la psicología o la psicopedagogía. Defiende que debería multiplicarse el número de PTSC en el sistema educativo (por tres o cuatro, asegura) para que pudiera haber, al menos, uno por centro y, de esta forma, poder hacer frente a todas las exigencias que pone sobre la mesa la ley.

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Voluntarios u obligados

Estas son las dos posibilidades para que alguien en un centro educativo llegue a ser, al menos en Madrid, la coordinadora de bienestar. Así lo explica Julia (nombre ficticio), docente en esta comunidad con cargo directivo. «No tenemos complemento salarial, por tanto las que nos sumamos somos o voluntarias u obligadas por las direcciones», lo que en la prática supone que no hay un criterio profesional para el ejercicio de este puesto.

Según comenta Julia, el curso de 20 horas, digital y sin tutorización ha consistido en recibir información sobre legislación y posibles derivaciones a otros servicios pero, al no ser profesionales quienes ostentan estos cargos, «nuestro criterio no es el de un servicio especializado», lo que puede suponer que hagan demasiadas derivaciones o demasiado pocas. «Si tenemos poco tiempo, poca formación y ningún sueldo, ¿en qué expectativa de éxito se basa nuestra figura? Es un espejismo», resume esta docente.

Para Del Moral no es tan básico que este cargo lo ostenten perfiles determinados de profesionales, pero sin duda es necesaria una buena formación previa en relación a diferentes tipos de violencia que pueda estar sufriendo la población menor de edad.

A Julia le tocó porque en su centro prefirieron que fuera el equipo directivo el que asumiera la tarea dadas las circunstancias. En otros lugares, la decisión la ha tomado la Administración pública. En Aragón, por ejemplo, quien ostentara la coordinación de convivencia ha sido la persona que asume desde este mes la de bienestar. Esta última absorve parte de las funciones de la primera, pero suma muchas otras características y obligaciones que, nuevamente, no tienen más que una hora de dedicación semanal, no están pagadas y no reciben más apoyo en función del tamaño del centro.

Acoso Escolar

Formación Profesorado y centros

Arantza Palaín es PTSC en Zaragoza. En su centro han tenido la «suerte» de que ella haya asumido el cargo. Está contenta porque entiende que, por su perfil, lo tiene más fácil. Ella tenía formación previa, por sus estudios, que ayuda y, además, hace algún tiempo que realizó un curso en la UNED para asumir el puesto. Lo ha pagado de su bolsillo y lo hizo en su tiempo libre. En Aragón, a día de hoy, todavía no se conoce cuándo harán la formación habilitante, de 30 horas.

En el IES Ramón y Cajal, también de Zaragoza, trabaja Alberto Martínez. Es profesor de Geografía e Historia y es el coordinador de bienestar, como antes lo fue de convivencia. Las vueltas de la vida lo llevaron hace 20 años a interesarse por los temas de convivencia cuando trabajaba en Castilla-La Mancha. Está contento e ilusionado con realizar este trabajo con las y los chicos de sus centros. Ha montado proyectos de alumnos ayudantes desde hace muchos años. Tiene toda la experiencia del mundo en este sentido. Por eso reclama no solo que se pague un complemento espefícico como se hace con otros proyectos como el de bilingüismo o el de tecnologías, sino que se considere esta coordinación como si fuera la jefatura de un departamento, lo que supondría que este perfil tuviera tres horas semanales para hacer el trabajo, como pasa con otros proyectos, insiste, como el del bilingüismo o el de la tecnología.

La administración, cree, no apuesta de manera suficiente por la convivencia. Las pruebas son claras en este sentido. Además de reclamar las horas y el complemento para poder atender a chicas y chicos como se merecen y que no quede todo en algo cosmético, reclama que este perfil reciba también la ayuda de otros compañeros del centro. en su caso, agradece que, aunque él es el coordinador de convivencia, siempre se ha visto apoyado por una media de 12 profesores de un claustro de 50.

Este personal, según cuenta Carlos Sánchez, se enfrenta a que, en los útlimos dos años, por culpa de la pandemia y la crisis posterior, ha habido un importante aumento de casos, por ejemplo, de intentos autolíticos. En este sentido, asegura que durante el curso 2020-2021 se contabilizadon 400 casos en Madrid y en el primer trimestre del curso siguiente se tomaron nota de otros 400. La misma cantidad en un tercio menos de tiempo.

Está claro que la situación de la infancia y la adolescencia, que los problemas de salud mental y sus derivaciones, así como el impacto que llevan recibiendo desde hace más de una década, están teniendo un impacto grande en su bienestar. Tanto como para que se haya redactado la Lopivi. El caso es que, como comenta Guadix, «nos duele este año sin abordar», por parte de las comunidades autónomas, la organización de estas figuras en los centros.

Para Unicef, según explica, es fundamental que, más allá de la propia figura de coordinadora, se haga un importante ejercicio de formación en tres niveles. Uno inicial que fuera para todo el centro educativo en relación a las posibles situaciones de violencia o desventaja que se pueden vivir en los colegios e institutos. Otro nivel, habilitante, pensado para quienes van a ejercer el cargo y, el tercer nivel, de especialización pensado para los centros que estén condiderados como de difícil desempeño.

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Se va a quedar en nada

Desde el punto de vista de Guadix, la nueva figura es muy superior a las anteriores coordinaciones de convivencia, puesto que tiene otras muchas funciones más allá de la mera convivencia. Pero necesita que se desarrolle un cambio en la cultura de los centros educativos para pasar de un «qué pasa en mi centro» a un «qué les pasa a los chicos en mi centro», en el que participen los departamentos de orientación, los de dirección etc. en comunicación y coordinación con otros profesionales como los de salud o de cuerpos de seguridad que tendrán que poner en marcha las medidas oportunas.

Sánchez defiende que, en cualquier caso, no deberían ser docentes quienes ostentaran estos cargos. Se apoya en un informe del Consejo Escolar de Madrid que ya dijo que la figura idónea debía ser la del PTSC, así como también lo defienden desde la asociación de directores y directoras de centros públicos de Madrid, Adimad o desde Comisiones Obreras.

La idea es que estas figuras dediquen un 80% de su tiempo a la prevención, un 15% a la atención de casos y un 5% a la atención a las víctivas. Al menos es así como lo ve Guadix, quien explica que si no se hace así, lo más seguro es que acabe invirtiéndose la pirámide.

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Eso sí, conviene en que «no se ha priorizado como nos gustaría». Guadix asegura que las cifras estadísticas hablan de situaciones muy complicadas en los centros. Solo hablando de acoso y bullying, según sus datos, estos los sufren el 30 y el 20% del alumnado. «Parece que ha habido poca previsión», concede Carmela del Moral, al hablar del plazo desde la aprobación de la Lopivi hasta este mes de septiembre y el hecho de que haya autonomías que todavía no han perfilado el peusto ni realizado las formaciones necesarias.

Del Moral cree que la figura del coordinador de bienestar tiene una gran importancia como agente de transformación de la realidad de las y los niños y adolescentes. Pero «no puede ser una tarea más entre todas» las que ocurren en un centro. Son necesarios recursos económicos y personales, además de una potente formación previa. «Parece, afirma, que no ha sido una prioridad», a pesar de que la ley se aprobó con el voto favorable de todo el Congreso.

«Los centros están desnudos de recursos», asevera Sánchez, quien vaticina que el coordinador de bienestar «no va a ir a ningún lado», precisamente porque no hay complemento en nómina, no se descarga de horas lectivas a quienes tienen que ejercerlo y la formación es insuficiente.

En este sentido, Alberto Martínez explica que, a su labor como coordinador de convivencia y ahora de bienestar, hay que sumar sus 20 horas lectivas habituales, más dos de guardias en aula y otra de recreo. Critica que la Administración redacte leyes y protocolos, cree perfiles de un tipo u otro pero luego no les dote de contenido, ni tiempo ni de recursos y que, después, cuando ocurre algo, la autocrítica se quede en que no se aplicaron los protocolos debidamente. Para él, si las consejerías de Educación se preocupasen verdaderamente por la convivencia y el bienestar de chicas y chicos, harían un esfuerzo en recursos personales y económicos. «No digas que te has preocupado sin hablar de tiempo y de dinero», termina.

Antonia Martí: «En un centro con 1.000 alumnos, una persona dedicada al bienestar no va a ser suficiente»

La violencia en las aulas, los casos de acoso escolar, no es que sean cada vez más, pero sus consecuencias, avisa la psicóloga y experta, Antonia Martí, son peores. Tenemos caos recientes como el del suicidio, hace unos días, de una niña de 10 años. Hablamos con Martí sobre algunas de las claves en relación a estas situaciones de violencia que hay que atajar.

Antonia Martí es psicóloga y trabaja en la Universidad Internacional de Valencia en donde dirige un máster sobre acoso escolar y mediación para docentes. Hablamos con ella de la situación en la que nos encontramos en relación a la violencia en las aulas, en el curso en el que se pone en marcha la figura del coordinador de bienestar prevista en la Ley que pretende luchar con tra la violencia contra la infancia. El resumen es más o menos fácil: hace falta más formación, menos burocracia para el profesorado y mucho más personal, no solo docente: de orientación y de pediatría, para poder atender con ciertas garantías a las situaciones que puedan darse. También es importante el trabajo de prevención en las aulas, así como el poder hablar de asuntos tabú hasta ahora como el suicidio, una de las principales causas de muerte entre las personas más jóvenes.

Estamos muy faltos sobre información oficial sobre acoso en las aulas. Tenemos un Observatorio Estatal de la Convivencia que no termina de arrancar…

El acoso no ha tenido demasiada visibilidad hasta hace poco tiempo porque se ha considerado que era cosa de niños y no se le ha dado especial importancia hasta que no sucedieron situaciones graves como el suicidio de Yokin en Bilbao. Hubo un arranque muy potente por la administración, pero no existen recursos de profesionales suficientes para atender la magnitud del problema. No tenemos a día de hoy un estudio nacional que nos dé cifras reales sobre la cantidad de alumnos que sufren acoso en sus diversas formas.

Siempre es lo último por la cantidad de trabajo administrativo que hay en las consejería de Educación. Vamos capeando y poniendo tiritas a los asuntos y no hay una forma unificada de trabajar al respecto. Todos los centros tienen sus protocolos, pero no hay uno para el ciberacoso en todos los centros o las comunidades autónomas. Esto deja en el limbo o a la subjetividad el trabajar con los casos. Si a esto sumamos que la administración debe poner fuerzas y no está destinando los recursos necesarios, vemos que el Observatorio está mirando un limbo que no existe… hace falta un estudio real a gran escala, con datos cuantitativos que no cualitativos con el que profesionales multidisiplinares veamos qué está pasando. No solo cuál es la prevalencia del acoso, sino de qué tipo porque tenemos muchos; cuáles son las características de los agresores (que también hay que trabajar con ellos)… si no partimos de aquí, es muy complicado.

¿Tienes algún dato sobre prevalencia del acoso? He visto cifras de entre el 10 y el 25% de la población escolar, pero es una variación muy grande…

El problema es ese. Hay muchos estudios pero cada uno elige una variable de investigación, de manera que la horquilla se amplía. Si yo solo escojo acoso, o acoso verbal, pero otro mira el verbal, el social, el físico y económico… como no hay homogeneidad ni acuerdo sobre cuántos tipos de acoso existen, si son los mismos, de ahí se produce esta horquilla. En nuestro caso, barajamos que uno de cada tres niños está sufriendo acoso en España. En cualquiera de sus formas.

Hablamos de varios millones…

Es una barbaridad. Desde la asociación NACE, con la que trabajo, observamos la amplitud del problema y si  mirásemos más allá del acoso, también ciberacoso, homofobia, transfobia, grooming, sexting… si cogemos todo este abanico de tipologías de violencia, hablaríamos de uno de cada tres. Es una barbaridad.

No sé si has notado que haya empeorado en los últimos años por aquello de las tecnologías y las redes.

Hay más visibilidad. No es tanto que exista más como que se ve más. Lo que hemos observado es que ha aumentado la gravedad. Ya no solo el uso de las tecnologías hace que el acoso no sea solo en el cole sino que se extienda. Ahora las agresiones sean continuas, 24 horas y esto hace que las consecuencias sean más graves. Además, por la cantidad de información que manejan los menores, aprenden diferentes formas de hacer daño: antes era la paliza, te escupo en la mochila, te empujo… ahora estamos viendo aberraciones de todo tipo que están acabando en suicidio de muchos niños. No es que haya más, pero sí son más graves las consecuencias porque las tipologías también han variado.

Las adminsitraciones no ponen recursos. Más allá de ese gran estudio, ¿te refieres a personal en centros educativos, recursos de formación del profesorado?

Un poco de todo. La falta de formación por parte del profesorado es una asignatura pendiente. Porque no existe… dirijo un master sobre acoso escolar dedicado a docentes, no a profesionales de la salud que tengan que trabajar las consecuencias psicológicas, sino a los docentes, para que adquieran las habilidades para detectar estos casos y saber qué hacer con ellos. Antes de la intervención clínica. En las diferentes carreras existe un módulo muy pequeño, principalmente optativo, sobre el acoso. Además, la formación continua depende de la motivación del profesorado. Y hay mucho que ya no está muy motivado, no tiene tiempo o ganas de formarse. Y esta es una parte importante. Pero la adminsitración tiene que ayudar dando tiempo a los profesores, quitándoles trabajo adminsitrativo para que puedan centrarse. Es, al menos, lo que me comentan a mí cuando les doy clase. “Me paso el día trabajando y si tuviera una parte de mi tiempo de trabajo para formación, lo haría, pero como voy tan saturado, no puedo formarme más”.

En cuanto a recursos humanos, también. Los profesionales, como los servicios especializados de cada comunidad para atender casos difíciles de convivencia y acoso, son muy pocos. Muchas veces, en los colegios hay pocos orientadores. La nueva figura de bienestar, realmente, ha existido siempre: el responsable del aula de convivencia, el responsable de convivencia… ahora sí se le está dando una posición más importante, se le requiere cierta formación… pero en un centro con 1.000 alumnos, una persona dedicada al bienestar no va a ser suficiente. Seguimos necesitando que se contraten más orientadores y que exista una comisión, no solo una figura. Es un poco engañoso porque se le da cierta importancia legislativa, pero es algo que ya estaba y si no se le dan recursos económicos y logísticos será difícil que tenga el impacto que se espera.

Algún docente me lo comentaba, que sin horas específicas para no dar clase y trabajar la convivencia, será difícil…

Claro. Y además, es una figura que necesita una formación específica y debe conocer la población del centro, es importante. La rotación de la interinidad es otro problema añadido. Si tienes una hora a la semana para la convivencia es totalmente insuficiente. No tenemos tiempo para formarnos: tengo mi vida, mi familia, mis hijos… pero en el trabajo, necesito menos horario de pizarra y de gestión burocrática, para dedicarle tiempo a esto. Debería ser una figura dedicada en exclusividad para que realmente tuviera un efecto.

No puede ser que en un centro una situación sea considerada de acoso y tenga una serie de consecuencias, incluso penales, y en otro no

Figuras como el coordinador de convivencia y ahora de bienestar, ¿han servido de algo? ¿Y los protocolos?

Desde que se crean las coordinaciones de convivencia, desde que se deja de decir que son cosas de niños y que son cosas graves que pueden tener consecuencias, niños que se suicidan, se empieza a caminar en relación a un problema que nos coge un poco fuera de honda.

Los protocolos sí que nos sirven para unificar y tener cierta objetividad. Uno de los principales problemas, sobre todo al principio, cuando se generaron las comisiones era responder a qué era el acoso. No puede ser que en un centro una situación sea considerada de acoso y tenga una serie de consecuencias, incluso penales en algunos casos, y que esa misma actuación en otro centro, con otro proceso de observación, no se considere acoso. Los protocolos unifican los criterios. El problema es que hay que saber aplicarlos; siempre tienen una parte de subjetividad. Cuando hablo con los centros o los profes, puedo decirles que una situación determinada la veo como de acoso. Pero si aplicas el protocolo, no lo es. Hay muchas cosas que no están bien definidas y estos protocolos han de revisarse. Los hay que son muy antiguos. Hemos evolucionado mucho, han cambiado la ley, los libros, los currículos, pero los protocolos, con todo lo que ha evolucionado la sociedad, siguen siendo los mismos.

Una compañera que vino a un congreso que organizamos en la universidad sobre acoso me contaba una cierta situación y me preguntó qué me parecía. A mí me parecía acoso, “pues el protocolo dice que no”. ¿Qué hacemos? Los protocolos hay que definirlos mejor y los docentes, a veces, no saben utilizarlos: no saben hacer una entrevista, no saben recoger datos correctamente o utilizar los tempos… por esa falta de formación.

Entiendo que un docente puede hacer una labor de detección importante, pero no tiene por qué ser un experto en temas como hacer una entrevista. Tal vez, sería interesante que hubiera otros perfiles en los centros.

Por eso necesitamos orientadores. El responsable de aplicar el protocolo es el orientador y el equipo directivo. Este sigue estando formado por docentes con menos carga lectiva por los cargos pero profes.

Un docente no tiene por qué saber aplicar una entrevista observacional para definir e ir puntuando en las preguntas… Siempre hay una parte de subjetividad tan grande… Si me da 30 es acoso, si me da 29, no. Esto siempre ocurre. Nos ocurre también a los psicólogos cuando hacemos test de salud mental. Está la parte personal que es la que tiene que decidir. A mi parecer, los protocolos deben revisarse porque no han evolucionado como lo ha hecho la comunidad educativa, en muchas autonomías aunque no en todo. Y, además, debería haber uno estatal para que todos manejemos la misma información. Luego, los profesionales de la salud, los pediatras y demás, tampoco tienen el mismo baremo ni la misma información… El Observatorio y sus trabajos también deberían llegar a salud pública.

Los protocolos deben revisarse porque no han evolucionado como lo ha hecho la comunidad educativa

Pensaba precisamente en la necesidad de un trabajo multidisciplinar porque, efectivamente, se traspasa con creces lo educativo. No sé si esos engranajes entre educación, salud pública o servicios sociales están funcionando…

Existe una buena comunicación. Pero si llamas a un pediatra y le dices que necesitas hablar de una situación en un cole, el pediatra te atiende cuando puede… Necesitamos más profesionales, nos faltan profesionales.

Si el acoso es detectado por la familia antes que por el cole, que suele ocurrir, primero van al médico. Necesitan, si hay señales físicas o ven que tiene cambios de humos importantes, que no quiere ir al cole… los niños somatizan mucho: “Me duele la tripa”, “Me duele la cabeza”. Además, suele haber mucha confianza con el pediatra. Van primero al pediatra para que alguien les diga que eso que está pensando, que parece una locura, es verdad: está sufriendo acoso escolar. Esto es un mazazo. El pediatra maneja una información distinta a la del colegio. Entonces las familias van al colegio y lo comentan y puede ser que te digan: “Perdona pero es que el pediatra…”. Ahí empiezan los problemas para las familias que no saben. El niño y el pediatra les dicen que sí, pero el cole tiene que hacer su propia investigación. Y mi hijo, mientras, sigue en el centro. Esta historia es más frecuente de lo que pensamos. Los centros deben curarse en salud. Si hay una situación deben atenderla, pero es un problema. Pero no se maneja la misma información o la comunicación entre salud pública y el cole es complicada porque no hay tiempo o los protocolos son diferentes…

Comentas que los coles se curan en salud y a veces hemos vistos casos en los que se cometen errores. Entiendo que lo más importante es siempre la prevención. No sé si tienes en menten algún programa o proyecto que te llame la atención en este sentido.

La prevención siempre es la mejor arma, por supuesto. Pero más que programas, me gusta hablar de técnicas. Cada centro tiene una vida propia y lo que funciona en uno puede no hacerlo en otro. La comunidad educativa tiene su propia idiosincrasia. Cada programa debe adaptarse a la vida de sus centros. Por ejemplo, la mediación o la tutorización entre iguales son herramientas muy buenas. Son programas que te llevan a aprender formas de gestión del conflicto que el alumno puede aplicar más allá del colegio. Aprendo a escuchar al otro, a ponerme en su lugar, a gestionar la empatía… cosa que puedo aplica en mi vida adulta. Genero adultos más saltos…

Hablabas de la figura de los agresores. Normalmente se pone el foco en las personas victimizadas. ¿Qué podríamos hacer son quienes ejercen violencia?

Para mí, el acosador es una figura clave que tenemos que atender. Cuando un niño se convierte en agresor, normalmente, es porque existe una forma de ver que se solucionan los problemas usando la violencia. Un niño no nace siendo agresivo, lo aprende. Ve violencia en casa, o en su ámbito. O porque haya un trastorno mental también. Si me dedico a hacer una actuación educativa en la que expulso al alumno lo que hago es trasladar el problema a otro centro. Realmente el niño hace lo que hace por algo. Habrá que enseñar al niño, como se hace con los agresores de género para trabajar los impulsos agresivos, no podemos olvidar que es un niño y que lo hace por algo… ¿Lo mandamos a otro centro? ¿servicios sociales qué hace, vigila un poco? No sé. Es un trabajo complejo, lo entiendo, pero hay que ver qué está pasando en casa, si el chaval tiene un problema de salud mental como un trastorno disocial de la personalidad, o lo que sea, habrá que darle una salida en salud mental. ¿O nos esperamos a que de mayor y cometa algún tipo de acto peor?

Existe un tabú muy grande alrededor del suicidio. No nos damos cuenta de que no hablarlo, no darle visibilidad, empeora

Volvemos a que falta profesionales…

Es un problema… el acoso escolar o la violencia en las aulas es violencia. Es un fenómeno tan complejo en donde podríamos hablar de violencia de género, violencia filoparental… procesos amplios y complejos que no son de fácil solución, que requieren de muchos profesionales de distintos ámbitos, desde el social. O desde los medios. Durante muchos años no se ha hablado de violencia en las aulas o de suicidios y ha habido un repunte. Son súper importantes para que estos temas salgan y alguien se preocupe.

¿Cómo crees que los medios deberíamos hablar de estos temas? Es un “melón” muy complicado… O incluso en las aulas, en las tutorías…

Yo, por ejemplo, cuando hicimos un congreso de salud mental, una de las mesas “estrellas” fue la del suicidio. A nivel social, existe un tabú muy grande alrededor del suicidio: “No hablemos del suicidio a ver si se suicidan”. No nos damos cuenta de que no hablarlo, no darle visibilidad, empeora. Nadie se suicida porque ha visto al vecino hacerlo. Problemas de salud mental: depresión, ansiedad… el suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Hay que hablar. Hace falta hablarlo en las aulas, claro. Talleres de cómo afrontar la muerte. Tenemos muchos niños cuyos familiares se mueren de lo que sea. Si llegas a una etapa, como la adolescencia, momento de despertar muchas cosas, trastornos mentales incluidos, estás pasando por una fase complicada, que sepas que hay un sitio al que puedes acudir; que lo que te pasa tiene un nombre y unas causas. Y suicidarte no es sinónimo de dejar de sufrir, pero como no hablamos de ello, recurren a redes sociales a informarse de cosas que deberían informarse en el cole y en casa…

Para ir terminando, me gustaría preguntarte qué recomendarías a los docentes para detectar casos y después qué hacer…

Lo primero, a nivel social hay que tomar conciencia y hablar con propiedad. Darle el estatus que merece: es algo peligroso con lo que convivimos. Los docentes deben de formarse y saber que no están solos. Los centros deberían tener programas más allá de los protocolos, en los que incluir a las familias, es algo beneficioso. Incluir a las familias es muy importante porque los padres verían cosas que ahora no ven. Y los docentes, formarse y apoyarse en otros profesionales, que no tengan miedo de apoyarse, de decir: “Tengo este caso y no sé qué hacer”. Sobre todo, trabajar con la víctima y el agresor porque, si no, trasladamos el problema a otro cole porque nadie pone realmente una solución. Así que formación, información y visibilidad serían para mí los tres puntos claves para trabajar con esto.

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