Informe Día de la Paz 2024: «Paremos las guerras, construyamos escuelas»
Desde el Área de Sociopolítica de STECyL presentamos el informe: «Paremos las guerras, construyamos escuelas» con motivo de la campaña del Día de la Paz y la No Violencia.
PAREMOS LAS GUERRAS, CONSTRUYAMOS ESCUELAS
Gobierne quien gobierne los gastos militares se mantienen o aumentan incluso con ingresos indirectos que no se reflejan en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El gasto militar real de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 aprobados por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos asciende a 27.617,45 millones de euros, un 26%más que en 2029. Supera en lo previsto hasta 2026, alcanzó en este año un 2,17% del PIB. O, lo que es lo que es lo mismo, 75,7 millones diarios o 582 euros anuales por habitante. Es la cartera con mayor aumento, seguida de la de Derechos Sociales (+17,02%). Las diferencias se acrecientan al sumar esas otras partidas difuminadas a lo largo de las cuentas. Y esa cantidad real muestra que, ya en 2023, el gasto militar representa el 2,17% del PIB (por encima del 2% prometido por para 2029).
El incremento más abultado del gasto en Defensa propuesto para 2023 es el dedicado a inversiones militares con un aumento de 126,09 % Supone casi un 30% (29,88 %) sobre el total de inversiones del Estado central (sin contar las correspondientes a las comunidades autónomas). Se destinarán 7.743 millones, que incluyen los 1.843 millones en I+D en nuevas armas. En comparación con los 25.913 millones que el Estado central dedicará a inversiones, resaltan, «significa que tres de cada 10 euros del Estado central se destinarán a inversiones militares»
(Informe independiente C. Delás. https://centredelas.org/actualitat/el-colosal-aumento-del-presupuesto-militar-del-estado-de-2023/?lang=es)
El gasto militar en España, como ocurre en numerosos otros países (Estados Unidos, Rusia, China…), es muy superior al que se circunscribe a los Departamentos o Ministerios de Defensa, pues existen otros gastos militares que están repartidos por otros ministerios. En nuestro caso, el Ministerio de Defensa tiene tres importantes apartados el del propio Ministerio que es el más elevado pues abarca los tres ejércitos (10.155,2 M€); el de los Organismos Autónomos (1.231,7 M€) donde están el INTA y el Instituto de la Vivienda; y el del Centro Nacional de Inteligencia (322,2 M€) que depende de Defensa.
Esta cantidad incluye las partidas del mismo Ministerio; la de los Organismos Autónomos Militares y la del Centro Nacional de Inteligencia. Pero de acuerdo con lo que aconseja la OTAN con el objetivo de homologar el gasto militar los criterios de todos los países miembros, también se deben añadir las clases pasivas militares (4.015 M€); la Guardia Civil, como cuerpo militarizado (3.672 M€); los créditos en I+D asignados al Ministerio de Industria (1.601 M€) destinados a empresas militares para producir nuevos armamentos; la mutua militar ISFAS (700 M€); las pensiones de guerra (81 M€); las aportaciones a organismos militares internacionales desde Asuntos Exteriores como la misma OTAN (236 M€).
El Gasto Militar sirve, ¿pero para qué?
https://www.elsaltodiario.com/planeta-desarmado/con-o-sin-presupuestos-el-gasto-militar-en-2019
Y todo este gasto improductivo (tan improductivo que no computa en la elaboración del PIB) e insolidario (tan insolidario que se hace en detrimento del gasto social y de las necesidades de seguridad humana tanto “aquí” como de escala planetaria), ¿para qué sirve en realidad?. Primero, sirve para pagar sueldos, un ejército gigantista e innecesario, con una ratio de un mando por cada 1 ,7 soldados y una nutrida reserva de oficiales sobrantes que nos cuestan más de 500millones de euros por quedarse en su casa y poder desarrollar a la vez otro puesto de trabajo en otro lado. A esto hay que sumar los efectivos de la guardia civil, también sobredimensionada y con misiones cada vez más expansivas a campos que nada tienen que ver con lo militar ni necesitan de militares para su desarrollo.
Segundo, para pagar prestaciones sociales y sanitarias a este ejército y a la guardia civil.
Tercero, para pagar pensiones a los más de 2.500.000 pensiones y prestaciones de clases pasivas a militares jubilados y sus beneficiarios (más de 2.500.000 familias como votos cautivos son un botín explicativo del mimo político hacia la casta militar).
Cuarto, para pagar las más que discutibles y opacas actividades y sueldos del CNI.
Quinto, para fomentar la industria militar que tan buena acogida da a los políticos giratorios, ya sea mediante créditos a sus actividades a interés “cero”, subvenciones y ayudas, o encargo de programas de armamento por los que debemos más de 40.000 millones de euros de deuda, que, según reconoció en su día el que fue secretario de Estado Constantino Méndez, no responden a necesidades de defensa sino a intereses industriales.
Sexto, para consolidar el papel de España como el primer contribuyente militar (por encima incluso de EEUU) en número de operaciones en el exterior (no así en el de número de soldados desplazados, donde aún nos ganan los americanos y otros estados de tradición colonialista), nada menos que 18 en la actualidad.
Séptimo, para certificar y financiar la adscripción de nuestra política de seguridad a los intereses de la OTAN y supeditarse a los intereses militares de ésta.
Octavo, para amplificar y transversalizar lo militar a todos los ministerios públicos y para potenciar una cultura “sumisa” de defensa entendida como adoctrinamiento militarista.
Noveno, para hacer posible el creciente papel securitizador y de fomento de las instituciones de control social, así como que la estrategia de defensa nos siga considerando como potenciales enemigos internos y sospechan de una quinta columna de enemigos potenciales islámicos, marcianos o de Reticulina.
Décimo y último, para mantener un enorme patrimonio especulativo (el segundo terrateniente estatal, después de RENFE, con inmuebles, suelo urbano, urbanizable e incluso gestión de espacios naturales) con el que los militares negocian por medio del INVIED y consiguen ingresos propios para inversiones militares.
Respecto a los gastos en PGE que tienen que ver con lo militar, todo está atado y bien atado desde tiempos inveterados y nuestra poliarquía no cuenta en realidad con una visión alternativa, sino que todos los partidos forman parte de esa mentira acomodaticia que suelen llamar “política de Estado” y que les hace apoyar lo mismo. rastreamos el ciclo presupuestario, pongamos de los últimos veinte años (se podría ampliar), y vemos el número de enmiendas a los presupuestos destinadas a Defensa o, ampliando el foco, a las múltiples partidas de gasto militar disfrazadas en otros ministerios, nos llevaremos la deprimente sorpresa de que no alcanzan ni siquiera el 1% del total de enmiendas promovidas y que son, con mucho, las más pobres, tanto por número total, como por su alcance ridículo. Si rastreamos la calidad del “control” que se ejerce en la Comisión de Defensa del Congreso, nuestro asombro crecerá aún más. Una comisión de aplausos y siesta. Un control ridículo que, en sus momentos más álgidos, viene a preguntar sobre anécdotas superfluas aparecidas en la prensa. Ante estos datos, cabe preguntarse:
1. ¿Es sostenible un gasto militar que genera, año tras año, deuda impagable? ¿Es una deuda ilegítima?
2. ¿Es admisible la participación en la financiación de las políticas militares de casi todos los ministerios y la transversalización de éstas políticas a todas las esferas sociales?
El Gasto público en educación
Los recursos educativos no han aumentado más que un 6,15%. Se destinan 6.408.141,2 millones de Euros. Hoy no se ha recuperado de los recortes y estamos en una inversión del 4,3% del PIB. Ningún Ministerio experimenta un gasto tan abultado como el de defensa. Ni siquiera los gastos en Derechos Sociales, 17%; Cultura, 15,9%; Clases pasivas, 13,9%; Seguridad Social, 12,9%; e Inclusión, Seguridad social y Migraciones, 12,9%.
Los recursos educativos mermaron año tras año, hasta llegar a su peor cuota en 2019. Si en 2006 la administración destinó el 4,31% del Producto Interior Bruto (PIB) a lo educativo, en 2018 la cifra es del 4,24%, la más baja desde 2006. Comparado con los países del entorno, España es uno de los que menos porcentaje de PIB dedica a la educación, sólo por delante de Grecia, Irlanda, República Checa, Luxemburgo e Italia. El promedio de Europa está por encima del 5%, según datos del Ministerio de Educación.
En 2019 y 2020 se recuperó un poco el gasto 52.491,7 y 55.196,8 millones de Euros pero bajó la inversión con respecto al PIB al mismo nivel que en 2017. En España el gasto en educación es relativamente inferior, en términos de porcentaje del producto interior bruto (PIB), para todos los niveles de enseñanza (el 4,3%, en total) a la media de la OCDE y de la UE23, del 4,5% y 4,2%, respectivamente.
El gasto público en educación en España creció 1.385,3 millones en 2018, es decir un 7,59%, hasta 50.274,1 millones de euros, con lo que representó el 10,03% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en educación en 2018 alcanzó el 4,18% del PIB, una caída de 0,03 puntos respecto a 2017, cuando el gasto fue el 4,21% del PIB.
Cuanta más educación, menos paro. Entre los 15 y 64 años la tasa de desempleo está en 22,3% entre los que sólo han cursado educación primaria y secundaria básica; en 15,5% entre los que tienen educación secundaria superior, y en el 8,8% entre los que tienen educación terciaria, indica Eurostat. Esos porcentajes aumentan ligeramente entre los que tienen entre 25 y 39 años, pero se disparan entre los que tienen menos de 24 años, llegando al 44% de desempleo en los que tienen menos nivel educativo, y de 21,9% cuando cuentan con estudios especializados. «El elevado desempleo que presenta España (del 15,8% en 2018) afecta en mayor medida a la población joven y sin estudios superiores, que todavía no ha adquirido en el mercado laboral la experiencia necesaria para suplir la falta de formación».
