La Federación de STECyL-i realiza Pleno final de curso con análisis, balance, debate y toma de decisiones
Los representantes de los diferentes sindicatos de STEs de Castilla y León celebran el sábado 5de junio Pleno ordinario, de forma telemática, donde se ha hecho un análisis, debate y toma de decisiones sobre diferentes puntos y un balance de las negociaciones y acción sindical realizada.
Resoluciones del Pleno Federal. 5 de Junio de 2021.
En favor de las pensiones públicas y un sistema justo de protección al desempleo.
El Gobierno prepara una ley para promover los planes de pensiones de empleo, un modelo que torpedea las pensiones públicas y que supone entregar a las entidades financieras cientos de miles de millones de euros. Se trata de degradar lo público para que la gente, en el momento en que tenga un nivel medio-alto de ingresos empiece a ahorrar en las pensiones privadas. José Luis Escrivá, pretende que la población activa vea como necesidad un plan de pensiones de empleo en 2030 como modelo de complemento y con el acuerdo de la gran patronal y las centrales sindicales. En realidad, es la transferencia de cientos de miles de millones de euros de ahorros a los gestores de pensiones privadas (banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversión). En esa dirección, el Ministerio ya está trabajando en una ley que para 2022 pretende crear un macro fondo de pensiones de promoción pública, dinero de los trabajadores y gestión privada, es decir, en manos de las entidades financieras. La movilización de cientos de miles de pensionistas a partir de 2018 dejó en el aire dos de las reformas del PP: el factor de sostenibilidad y la revalorización por debajo del IPC. La acción de Escrivá de subir la edad de jubilación, frente a la oposición que pueda haber, estudia lanzar un bono para los trabajadores que decidan voluntariamente alargar su vida laboral. Esto es parte de la hipoteca de fondos europeos, NextGeneration EU. Tanto CC OO como UGT y CSIF, serán cómplices de la privatización de las pensiones por obtener un trozo del pastel.
Otra de las reformas que se pretenden hacer, al dictado de las corporaciones financieras, es la llamada “mochila austriaca”. Es un modelo de cambio en las relaciones laborales que se inició en 2003 en Austria y que ha gozado del favor de los sectores neoliberales y que implica privatizar pensiones y perder derechos laborales. Es un fondo que se establece para cada trabajador asalariado en función del salario que tiene y que se va acumulando en el tiempo que está trabajando en esa empresa. Cuando el trabajador se va de la empresa se la lleva consigo. La mochila es un extra salarial que el trabajador acumula y que, al final de su vida laboral, si no la ha utilizado antes, se queda con ella.La clave del asunto lo determina quién lo financiará, si la empresa o la persona trabajadora.No será fácil que el empresario/a acepte pagar ese sobrecoste (en Austria supone un 1,53% del salario bruto) salvo que a cambio se le conceda una rebaja en las cotizaciones sociales lo que supondría en la práctica el desmantelamiento del Estado del Bienestar.
Por otra parte se pretenden rebajar las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones privados individuales (de 8.000 a 2.000 euros) para que a cambio haya desgravaciones de hasta 10.000 euros en los planes de pensiones de empresa. Lo que se pretende es que la mochila del trabajador/a se ponga en un plan de pensiones. Al acabar la vida laboral, si aún quedan fondos en la mochila, te llevas ese dinero pagando un 6% de impuestos; ahora si ese dinero se deposita en un plan de pensiones privado estás exonerado de pagar impuestos.
Asimismo el modelo de mochila austríaca no diferencia entre despido procedente e improcedente. Si la mochila se financiase a través del salario será el trabajador/a quien financie su propio despido. Al final lo que tenemos es un abaratamiento del despido.
Otra lectura es que al final el SEPE y la Seguridad Social serán gestionadas por las entidades financieras ya que tendrán un papel menor debido a su deterioro por falta de recursos personales y materiales.
Pero Austria no es España, ni en la cuantía del salario medio, ni en tasa de desempleo, ni en temporalidad, ni en derecho a indemnización por despido.
Viendo las medidas del Pacto de Toledo, que están vinculadas a la mochila austriaca, el gobierno ya camina en esa dirección. No solo pretenden la privatización de las pensiones y que las indemnizaciones por despido desaparezcan, ya que quedarían sustituidas por la mochila austriaca, realmente lo que hacen, es crear un fondo para el despido. Debilitar las instituciones públicas para expandir los entes privados es algo que deberíamos evitar, y trabajar para hacerlas activas, eficientes y potentes. Pero para que el modelo de mochila austríaca funcione necesita del concurso necesario de las organizaciones sindicales.
STECyLi exige el mantenimiento de las pensiones públicas, que se puedan financiar con impuestos para favorecer la estabilidad del sistema.
Desde STECyL- instamos al gobierno de España a establecer un sistema de protección al desempleo que cuide los derechos de la clase trabajadora diferenciando los despidos por su naturaleza y rechazando la “mochila austriaca” por ser lesiva a la protección jurídica del desempleo y contraria a la negociación colectiva.
Contra la hipoteca de los fondos Next Generation. Por unos fondos que respondan al interés del bien común.
La llegada de los fondos europeos, Next Generation EU y con ellos el tema de las hipotecas, son las mismas soluciones insolidarias de siempre. Lo que se oculta tras el eufemismo es que el beneficio privado, las grandes empresas y corporaciones, los oligopolios, van a ser rescatados con dinero público, una vez más.
El programa Next Generation UE es un paquete de subvenciones y préstamos por un valor de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 corresponden a España (72.000 millones en forma de subvenciones). Estos fondos se vehiculan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede e irán llegando a lo largo de los próximos 3 años. Se supone que estos fondos servirán para la recuperación económica y la transición ecológica y digital de nuestro sistema productivo. Estos fondos se financian con deuda que emite la Comisión UE y que se adjudica a cada uno de los países. Deuda pública que habrá que devolver a los mercados financieros a partir de 2025 lo que conlleva recortes y austericidio (de hecho una de las condiciones para recibir estos fondos es reducir el gasto público en pensiones).
Las propuestas del gobierno vienen a decir que son unos fondos excepcionales que exigen reformas de la Administración pública y de una específica colaboración público-privada. Además, ha de llevarse a cabo en un tiempo récord y pretende, con la excusa de recuperarse de la grave crisis provocada por la pandemia, promover una transformación profunda con unos fondos escasos, pero que van a generar una deuda que se va a pagar cara mediante reformas regresivas.
La Next Generation EU es, en esencia, un trasvase de grandes dimensiones de fondos públicos al sector privado, en general, y a las grandes empresas y corporaciones, en particular.
Estos fondos mayormente irán a parar a las grandes empresas, no a reforzar al sector público ni a PYMES o autónomos, que son quienes generan el mayor volumen de empleo en este país. Por lo conocido hasta ahora solo los proyectos de ENDESA o IBERDROLA suponen el 50% de todo el montante..Hay mucho lavado de cara verde y megaproyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, más AVE, “gigafactorias” de baterías e hidrógeno verde.En fin, en vez de adecuar nuestra economía a la emergencia climática nos embarcamos en proyectos que requieren ingentes cantidades de materiales y energía. La inversión en servicios públicos de calidad que debiera de tener un rol central queda al margen.
Además el proceso se está desarrollando con total opacidad y sin participación ciudadana excepto con grandes empresas y patronales y todo ello con la excusa de la urgencia.
Estamos ante una nueva ofensiva contra lo que queda del Estado Social, impidiendo un nuevo modelo productivo, social y ecológicamente sostenible que se ponga al servicio de las necesidades básicas de las personas. Las reformas de la Administración pública siempre se han planteado con el objetivo de desmantelar estructuras, devaluando la gestión pública, precarizando el mercado laboral con actuaciones al servicio de las influencias de los intereses de la oligarquía dominante, impermeable a las demandas populares y ciudadanas.
Es fundamental por tanto presionar para que estos fondos no se liguen al recorte de gasto público ni a la obligación de implementar reformas profundas que devalúen aún más nuestros empleos y pensiones.
Frente a ello STECYL-i demanda control público y social sobre aquellos ámbitos como salud, educación, vivienda o energía que son claves para la vida digna de las mayorías sociales, un fortalecimiento del modelo público frente a las colaboraciones público-privadas (los PERTEs) sinónimo de privatización, establecer criterios vinculantes que sirvan para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la desigualdad, la precariedad laboral y la hiperdigitalización, abrir procesos participativos y fiscalización de la gestión de estos fondos así como establecer una fiscalidad progresiva sobre grandes empresas y patrimonios.
