Los docentes interinos, la administración y la Función Pública

El jueves 11, se reunió el ministro de Política Territorial y Función Pública, con representantes de CCOO, CSIF y UGT para cruzar ideas en relación a la estabilización del empleo público en España, entre otras cosas. Después de un año desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que aseguraba que el porcentaje de temporalidad era excesivo en las administraciones públicas españolas, poco se ha avanzado para revertir la situación.

STEs-i presiona para que desde el Gobierno se utilice el artículo 61.6 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público que dice expresamente: «Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos».

Seguridad jurídica.

Esta es la principal reivindicación de los sindicatos que acudieron a la renunión convocada por el actual ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, más allá, claro, de la reducción de la interinidad en el sector. Al menos, en el educativo, en donde, con variaciones por comunidades autónomas, se encuentra entorno al 30%.

A pesar del acuerdo de estabilidad firmado por los tres sindicatos (CCOO, CSIF y UGT) en 2017 con el exministro Cristóbal Montoro, que preveía una reducción hasta el 8% de la interinidad, no se han producido mejoras. Pocas han sido las ofertas de empleo público desde entonces por causa de unos Presupuestos Generales del Estado congelados, sin contar con las que el año pasado no pudieron celebrarse por culpa de la situación sanitaria.

Para STEs-i, sindicato crítico con aquel documento, el problema, además, era que solo contempla la estabilización de los puestos de trabajo, pero no de las personas que los vienen ocupando, en ocasiones, desde hace años, aunque reconocen que ha supuesto pasos adelante.

En marzo del año pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya avisaba a España de que la situación tendría que cambiar (la denuncia llegaba por parte del personal sanitario de la Comunidad de Madrid) y que tendrían que tomarse medidas para reducir la temporalidad en el sector. La pandemia dio al traste en junio con la posibilidad de hacerlo a pesar de las convocatorias que se habían planteado en las oposiciones por todo el Estado.

Y piden seguridad jurídica para evitar que, una vez realizados los primeros procesos de oposición puedan ser impugnados y terminen anulándose. Hace unos días el Tribunal Constitucional fallaba contra legislaciones de País Vasco y Canarias por procesos restringidos para las personas que ocupan los puestos interinos. El Alto Tribunal falló que esta las normas no pueden contravenir el ordenamiento jurídico actual, en el que pesa mucho el proceso de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, contemplado en la Constitución.

«Se trata de un primer contacto» asegura Francisco García, responsable de FE-CCOO. Lo confirman fuentes del Ministerio y así lo esperan también Mario Gutiérrez, responsable de Educación en CSIF y Maribel Loranca, homóloga en la FeSP-UGT. Aunque García recuerda que «ya habíamos avanzado un poco con la anterior ministra», al menos, esperan coincidir en el diagnóstico del problema que supone la interinidad. Más allá de las condiciones laborales de esas 170.000 personas habría que contar con cómo afectan estas a la calidad de la educación.

Gutiérrez espera que en la reunión el Gobierno exponga sus ideas y, a partir de ahí, podrán hacer una valoración, así como propuestas más claras para acercar posturas. En cualquier caso, defiende la necesidad de estabilizar las plantillas docentes y recuerda que hay importantes diferencias en función de las administraciones autonómicas. Mientras en algunos casos se encuentran entorno al 10% (algo asumible y necesario para el funcionamiento del sistema) otras están rondando el 50%, «algo inaceptable».

Propuesta sindical en la reunión de ayer

Aunque los tres sindicatos se mantienen a la expectativa en relación a lo que se hablará en la reunión, recuerdan la propuesta que en su momento se puso sobre la mesa. El objetivo es que el mayor número de interinos consoliden la plaza que ya están ejerciendo. Para ello se intentó que las pruebas de que se compone el concurso oposición no fueran eliminatorias, de manera que quienes se presentasen pudiesen realizarlas todas y, así, hacer una media con las diferentes puntuaciones.

Con este sistema, al que habría que añadir que el peso de la experiencia personal cuente lo máximo permitido por la legislación, se podría conseguir que las y los interinos que llevan más tiempo enseñanza y con plaza no la perdiesen después de ese tiempo. Las centrales sindicales se mueven en el complejo equilibrio de dar soluciones al personal interino sin generar grandes agravios para quienes intentan acceder al cuerpo.

Ya les costó en su momento negociar este peso de la experiencia ante un gobierno del PP que en aquel momento quería darle mayor importancia a los expedientes académicos y la formación de las y los candidatos.

Además, los sindicatos defendieron en su momento, como ahora, que un sistema similar estuvo en funcionamiento tras la apronabación de la LOE entre 2007 y 2011 y que, jurídicamente, no debería haber un problema con poner en marcha, de nuevo, un sistema transitorio similar.

Maribel Loranca, responsable de enseñanza de la FeSP-UGT, recuerda que en su momento PSOE y Unidas Podemos, cuando se encontraban en la oposición al PP presentaron una Proposión No de Ley en el Congreso en la que apoyaron los razonamientos de los sindicatos.

Por su parte, STEs-i, que no tiene silla en la mesa de negociación de Función Pública, presiona para que desde el Gobierno se utilice el artículo 61.6 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público que dice expresamente: «Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos».

Independientemente de lo que se hable en las diferentes reuniones del ministerio Iceta, Loranca recuerda que después deberán desarrollarse negociaciones sectoriales puesto que no se encuentra en la misma situación el personal docente interino que otro perteneciente a la administración local.

En el sector educativo es extraño que un interino pase demasiados años en un mismo puesto de trabajo, algo que ocurre, asegura la responsable sindical, en algunas especialidades de formación profesional o en enseñanzas profesionales artísticas.

Temporalidad en el empleo público

Iceta ha subrayado que “la temporalidad en las administraciones públicas ha sido uno de los asuntos que más hemos abordado”, y ha adelantado que habrá más reuniones para “afrontar la situación que viven las administraciones y los problemas de la Función Pública”.

Una de las medidas planteadas ha sido la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), “en la línea de obligar a las administraciones públicas a cubrir las plazas existentes y que están ocupadas por personas sin contrato fijo. La forma en que abordemos esa obligación y las medidas que se adoptarán en caso de incumplimiento, las detallaré en mi primera comparecencia del Congreso, el jueves próximo”.

Hay que ocupar con personal fijo las plazas estructurales, ha indicado el ministro. “Tenemos que reducir la temporalidad y solo debe quedar una bolsa mínima de interinos, en un nivel como el que tiene hoy la AGE, alrededor del 8%”. Hay que atajar, ha añadido, el problema de un 30% y hasta un 40% de temporalidad existente en algunos sectores, con el acuerdo de todos, de las fuerzas sindicales y de todas las administraciones públicas. “El objetivo para reducir la temporalidad es común y tiene que ser el resultado de un acuerdo que todos buscamos y queremos compartir”.

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