Presentación en Castilla y León del informe estatal sobre malestar docente

• El estudio de STECyL-i, a partir del macroestudio estatal de STEs-i, alerta del deterioro del clima en las aulas y del aumento de la conflictividad en los centros públicos de Castilla y León

• El sindicato subraya que el 90,16 % del profesorado de Castilla y León considera que las ratios actuales no permiten una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso, en comparación con la media estatal (91,83 %)

STEs-Intersindical (STEs-i) ha dado a conocer los resultados correspondientes a Castilla y León del macroestudio estatal sobre las causas del malestar docente, un trabajo que pone de manifiesto el progresivo deterioro del clima de convivencia en los centros educativos públicos.

Según los datos el 82,32 % del profesorado encuestado en Castilla y León asegura percibir un incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, frente a la media estatal, situada en el 83,15 %.

El estudio, realizado durante el mes de noviembre de 2025, se basa en miles de encuestas realizadas al profesorado de enseñanzas públicas no universitarias de todo el Estado. En el caso de Castilla y León, los resultados reflejan una realidad preocupante, alineada con la tendencia estatal, con indicadores que confirman un escenario de creciente dificultad para el desarrollo de la labor docente. Son datos sólidos que revelan una realidad docente preocupante.

Durante la presentación de los datos se ha subrayado que el 77,49 % del profesorado de Castilla y León valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, en comparación con la media estatal (82,62 %).

En relación con las agresiones por parte del alumnado, el 82,32 % del profesorado de Castilla y León percibe un aumento de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas, una percepción que se sitúa frente a la media estatal (83,15 %) y que evidencia un problema estructural que afecta también a los centros educativos de la comunidad.

Insiste el sindicato en la urgencia de convocar la sección de convivencia del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León (no se reúne desde febrero de 2024). Se desconocen los datos de las incidencias que se producen en los centros en relación con la convivencia escolar ni su gravedad.

Asimismo, el estudio indica que el 76,76 % del profesorado de Castilla y León se muestra de acuerdo con la afirmación de que se están incrementando las agresiones verbales y/o físicas por parte de las familias, un dato que se compara con el promedio estatal (76,66 %) y que contribuye a incrementar la tensión diaria en los centros educativos de la comunidad.

Desde STECyL-i han advertido de que este contexto tiene un impacto directo en la salud del profesorado. “Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones u ofensas, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales”, han señalado. En este sentido, han añadido que “la normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales”.

Otro de los ejes centrales abordados es el impacto de las condiciones estructurales en la labor docente. El 90,16 % del profesorado de Castilla y León se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso, en comparación con la media estatal (91,83 %).

A esta situación se suma una sobrecarga burocrática que el 94,40 % del profesorado de Castilla y León considera asfixiante y perjudicial para su labor docente, en relación con la media estatal (95,74 %).

“La burocracia también está devorando en Castilla y León el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado”, han señalado desde el sindicato, alertando de una situación cada vez más difícil de sostener.

FALTA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, SALARIAL Y DE DIGNIDAD PROFESIONAL

El estudio refleja igualmente una profunda sensación de desvalorización profesional en la comunidad. El 43,00 % del profesorado de Castilla y León considera que las familias no valoran su trabajo, en comparación con el dato estatal (46,26 %). Además, el 87,53 % afirma que la Administración no le respalda lo suficiente, por encima de la media estatal (85,83 %).

En el ámbito salarial, el 92,88 % del profesorado de Castilla y León considera que su salario no se ha revalorizado lo suficiente conforme al IPC, en comparación con el 91,89 % estatal, mientras que el 90,60 % estima que el salario docente actual no es el adecuado, frente al promedio estatal (88,34 %). Denuncia el sindicato que la pérdida de poder adquisitivo entre el profesorado de Castilla y León se sitúa en un 20,15 % debido a las escasas subidas salariales de los últimos años.

CONCLUSIÓN: RIESGO REAL DE ESCASEZ DE PROFESORADO

Como conclusión, STECyL-i ha advertido de que solo el 60,20 % del profesorado califica su trabajo como digno, cuatro puntos por encima de la media estatal (56,60 %), lo que evidencia el deterioro global de la profesión docente. Durante la presentación, la organización sindical ha alertado de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros educativos, el sistema educativo público se enfrenta a un riesgo real de escasez de profesorado, especialmente en Secundaria y Formación Profesional.

Insiste el sindicato en que el aumento de la precariedad laboral, los horarios extensos y la inestabilidad económica generan entornos familiares con menos tiempo para la crianza y mayor estrés, lo que repercute en la socialización de niños y adolescentes.

La exposición temprana y no regulada a pantallas y redes sociales puede mermar la capacidad de atención, fomentar la impulsividad y crear dinámicas de gratificación inmediata, contrarias al ritmo pausado que a menudo requiere el aprendizaje. En algunos contextos, la violencia simbólica y real en medios, redes sociales y entornos cercanos se naturaliza, reduciendo los filtros para su expresión en la escuela.

Para muchos jóvenes, especialmente en entornos desfavorecidos, no hay un relato de futuro esperanzador (empleo estable, vivienda, proyectos vitales). Esta desesperanza aprendida mina la motivación y el sentido de la escuela.

Por otra parte, las conductas disruptivas en las aulas no pueden entenderse como un problema meramente individual o pedagógico, sino como un síntoma de transformaciones sociales profundas que afectan a estudiantes, familias y al propio sistema educativo.

La solución no pasa por medidas punitivas o meramente disciplinares, sino por transformar la escuela en un espacio de inclusión, sentido y cuidado colectivo, con recursos suficientes y un profesorado reconocido y apoyado. Como sindicalistas, defendemos que una educación pública de calidad es la mejor herramienta para construir una sociedad más justa y cohesionada.