STEs: Por un trabajo digno: para evitar la escasez de profesorado
Solo un 56,60% de los 13.213 docentes encuestados por STEs-i han calificado su trabajo como digno y adecuado. Este dato alarmante no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un deterioro sistémico que abarca todas las dimensiones de la labor educativa.
La percepción de falta de dignidad laboral nace, en primer lugar, de una ofensiva privatizadora que relega a la escuela pública a un papel subsidiario, fomentando la segregación y convirtiendo el saber en mercancía. Esta estrategia se sustenta en una financiación precaria, por debajo de la media de la OCDE y con un retraso histórico, que priva a los centros de los recursos materiales y humanos imprescindibles para garantizar la equidad y la calidad.
El día a día en las aulas se está volviendo insostenible -especialmente en Secundaria-. El profesorado se encuentra sepultado por una burocracia infinita y estéril que ha usurpado el tiempo dedicado a la didáctica, transformando al personal docente en administrativos y generando una fatiga crónica. A esta carga se suman unas ratios elevadas que chocan frontalmente con la realidad de unas aulas cada vez más diversas y complejas; el incremento de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea por discapacidades, trastornos, retraso madurativo, integración tardía en nuestra enseñanza, situación de vulnerabilidad o desconocimiento grave del idioma, no ha venido acompañado de los recursos de apoyo necesarios, haciendo imposible la enseñanza individualizada.
La profesión, además, ha invadido la vida personal. Dar clase ya no es lo que era: la extensión de la jornada laboral mediante la hiperconexión digital y el exceso de tareas no docentes -gestión de becas, libros, transporte y comedores; implementación de protocolos de acoso, ciberbullying, convivencia o suicidio; planes de digitalización y salud, entre otras- ha dinamitado la conciliación familiar y el bienestar emocional. Las estadísticas de prevención de riesgos laborales notifican un aumento de cifras relacionadas con la saludmental, debido al incremento del nivel de conflictividad. Queremos enseñar sin tener que tolerar actitudes insolentes, desconsideraciones, impertinencias y descortesías, agravios, ofensas, injurias
y vejaciones. No es de extrañar que con este ambiente, las bajas estén a la orden del día. Cuando sufrimos problemas de convivencia o conductas disruptivas, en lugar de ofrecer recursos, se opta por culpabilizar a la víctima, cuestionando nuestras competencias pedagógicas. El resultado es un colectivo sumido en el hastío y la indefensión, que teme pedir auxilio para no ser tachado de incompetente. Ante este escenario, el personal docente se siente solo. La sociedad no valora suficientemente su trabajo, y lo que es peor, la Administración le da la espalda, ofreciendo fiscalización, intimidación burocrática, en lugar de apoyo real ante los problemas de convivencia. Finalmente, la falta de reconocimiento se materializa en el bolsillo: la pérdida de poder adquisitivo acumulada supera el 20%, sin que existan mecanismos de revisión salarial automática que compensen el coste de la vida.
Todo ello nos aboca inevitablemente a la “Gran Dimisión”. Como advierte la UNESCO, la tasa de abandono de la profesión se ha duplicado en menos de una década. En nuestro país, esta deserción golpea con fuerza en Secundaria y Formación Profesional, dificultando semanalmente la cobertura de vacantes. La situación es tan crítica que la Administración ha llegado a relajar la exigencia del Máster de Educación y, en el caso de la FP, a contratar personal sin titulación universitaria bajo el eufemismo de “expertos en el sector productivo”, ante la imposibilidad de encontrar docentes cualificados dispuestos a asumir jornadas parciales y costes de desplazamiento que hacen la profesión inasumible.
