El Pleno de STECyL aprueba resoluciones sobre el COVID, las libertades fundamentales y el incremento de desigualdades sociales

  • Resoluciones aprobadas por el Pleno Federal de STEcyL-i del 6 de marzo

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El Pleno de la Federación de STECyL-i celebrado el 6 de marzo de 2021, muestra su rechazo total hacia la prohibición impuesta desde la Delegación del Gobierno de Madrid de cualquier movilización del 8M.

La Delegación del Gobierno en Madrid siempre se ha mostrado tolerante ante cualquier acto de la libertad de expresión, y así ha sucedido con el gran elenco de movilizaciones (…) que se han sucedido a lo largo de esta pandemia. Sin embargo, cuando se trata de una movilización feminista, parece que las reglas del juego cambian.

Decimos basta a la criminalización a la que estamos sometidas, como mujeres y como sindicato de docentes y personal de la administración; ni hemos sido ni somos culpables de la situación epidemiológica en la que nos encontramos.

Como bien dice la Comisión del 8M “hoy más que nunca, ante emergencia social, el feminismo es esencial”. Estas movilizaciones, como todas las que se realizarán durante la jornada de protesta, estaban completamente controladas, utilizando mascarillas y respetando las medidas de seguridad.

Las razones son de nuevo políticas y no sanitarias y en esta ocasión violando nuestros derechos a manifestarnos.

No podemos permitir esta prohibición de libertades fundamentales y decimos basta.

Que la pandemia no sea excusa para cercenar las libertades fundamentales.

Si  hacemos un análisis de la situación de pandemia, en un año ha aumentado el porcentaje de población que vive en sociedades con libertades limitadas, de hecho, ocho de cada diez ciudadanos/as del mundo tiene sus libertades coartadas por la acción de su Gobierno. Así lo pone de manifiesto un informe de la plataforma Civicus, formada por 20 organizaciones internacionales, que muestra que determinados gobiernos han usado la pandemia del covid-19 como pretexto para el recorte de libertades.

Las fuerzas del orden  han sido  utilizadas para reprimir protestas, sobre todo contras las movilizaciones impulsadas desde el sector de los movimientos sociales.

Llama la atención que mientras se tolera y se mira para otro lado en el caso de movilizaciones negacionistas o de la extrema derecha se arremete contra las movilizaciones en pro de los servicios públicos, como la sanidad pública, o el derecho a la vivienda digna, valores esenciales para la ciudadanía.En distintas partes del mundo se está utilizando la pandemia de covid-19 como una oportunidad para silenciar las voces críticas sobre todo en China, Rusia, Turquía o Tanzania, donde se está hostigando a periodistas que cuestionan la política oficial de minimizar el impacto del virus.

En el caso español, en 2020 no se reseñan grandes novedades: sigue en el segundo escalafón de libertades “limitadas” y se constata una degradación con respecto al ejercicio anterior en tres aspectos: el uso de software gubernamental y el mantenimiento de la Ley Mordaza que se aplica con dureza en las protestas sociales cuyo origen es la desigualdad y la  miseria que deja la pandemia que profundiza las grietas sociales de anteriores crisis como ha resaltado el informe de Intermón Oxfam que constata que las personas más pobres en nuestro país habrían perdido, proporcionalmente, hasta siete veces más renta que las más ricas.

En el escalón de criminalizar la protesta social que tiene como base la desigualdad y la crítica esa la última ofensiva reaccionaria contra las movilizaciones del 8M al quien se quiere responsabilizar de la explosión de contagios en la primera ola de la Covid 19.

El derecho a la libertad de expresión protege, incluso, expresiones ofensivas y molestas. Sin embargo, en los últimos años, en España, decenas de personas usuarias de las redes sociales, así como músicos, periodistas e incluso titiriteros han sido procesadas o condenadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”.

Al menos setenta y cinco personas han sido condenadas por enaltecimiento al terrorismo a penas de privación de libertad e inhabilitación en los últimos cinco años. La reciente entrada del rapero Pablo Hasél en prisión demuestra que este artículo sigue siendo una amenaza real a la libertad de expresión.

Nadie debería ser procesado penalmente sólo por decir, tuitear o cantar algo , si no constituye una incitación directa a la violencia , como marcan las normas internacionales de derechos humanos.

Por ello, STECYL-i pide la derogación del artículo 578 del Código Penal.

  • España ha sido condenada hasta en tres ocasiones (2011, 2016 y 2018) por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sancionar penalmente los insultos a figuras públicas e institucionales, dos de ellas por aplicación del artículo 490.3 del Código Penal sobre injurias a la Corona.
  • Este artículo debe eliminarse ya, así como el 491.1.
  • Lo mismo sucede con el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos: la protección de éstos no es un motivo para restringir la libertad de expresión.
  • El artículo 525 del Código Penal debe derogarse en el marco de la reforma del Código Penal. Así como la ley mordaza en su totalidad.

Que la crisis de la Covid 19 no incremente las desigualdades sociales y las situaciones de vulnerabilidad en Castilla y León.

Con la nueva crisis social, provocada por la pandemia de la Covid 19, asistimos a una creciente desigualdad y una profundización de la grieta social en nuestra Comunidad de Castilla y León. A los viejos problemas como los de la España vaciada, la pobreza energética, el envejecimiento, la falta de fuerte inversión en servicios públicos y la pobreza, se suman las nuevas situaciones derivadas de la fuerte pérdida de empleo, el crecimiento de la precariedad y la insostenibilidad de la situación para muchos hogares castellanos y leoneses.

Un 14,4% de los hogares de Castilla y León en situación de pobreza energética tiene a su sustentador principal desempleado, frente al 5,4% de los hogares que no se encuentran en estas circunstancias. El estudio revela que el 12,8% de media de los hogares castellanos y leoneses se encuentra en situación de pobreza energética. En el caso de Castilla y León, tres de cada cuatro hogares en pobreza energética (73,4%) se ubican en edificios que tienen más de 25 años de antigüedad. Además, el 52,6% de las familias son unipersonales y un 2,6% monoparentales (24%), en comparación con los hogares que no se encuentran en esta situación . Además, las viviendas ubicadas en áreas rurales, con mayor proporción de viviendas grandes u hogares unipersonales, muestran una clara correlación con la tasa de pobreza energética. Castilla y León es la región con la segunda tasa de pobreza energética más alta de España.

Castilla y León se encuentra con una tasa de pobreza del 17, % y esta  ha crecido en 2020. La exclusión social se ha enquistado en la región, donde hay 368.000 personas (el 15% de la población) en esa situación. Es lo que llaman ‘sociedad estancada’ porque desde 2013 la exclusión solo se ha reducido un 7,5%, mientras que en el conjunto de España el descenso es de casi el 30%. La bonanza aquí ha impactado con menor intensidad en esta población. Existe un grupo especialmente vulnerable afectado por la acumulación de problemas. Son 214.000 personas en situación de exclusión severa. El dato, que en el 2013 representaba al 5% de la población, es hoy de más del 9%. Además crece la desigualdad, que es la distancia entre los ciudadanos entendida no solo en el aspecto económico, sino también respecto al nivel educativo, sanitario o de vivienda. Castilla y León en este tema presenta el segundo peor dato del país, solo después de Cantabria. Eso significa que la población en exclusión social está aquí muy alejada del conjunto de la comunidad, lo que ahonda en el problema.

La remuneración media se tornó en negativo ya en el segundo trimestre de 2020, acumula tres trimestres consecutivos con descensos interanuales y se reduce hasta los 1.641 euros mensuales, la cifra más baja desde finales de 2017. Supone una caída del 3,1%, el mayor desplome de al menos los últimos 50 años. Castilla y León pierde un 2,4% de masa salarial. Casi uno de cada tres asalariados gana menos de 1.260 euros brutos al mes  en nuestra comunidad mientras que el 9,5% de los asalariados de la Comunidad percibe menos de 748,7 euros al mes.

Ante esta situación está claro que nuestro entorno carece de la atención precisa para una mejora de las condiciones vitales. Debemos seguir trabajando en el área socio-política no solo en la denuncia, a través de nuestras campañas, sino en la lucha por conseguir mejora en las realidades sociales que a todos nos competen.

Desde el área sociopolítica queremos seguir con nuestro compromiso con las realidades analizadas, lo que nos lleva a poner el foco y denunciar la falta de preocupación de la realidad política que rige hoy en día la Comunidad de Castilla y León. Seguiremos trabajando para evitar la falta de libertades, para promocionar unos  servicios públicos de calidad y un plan realista que proporcione los recursos necesarios a las familias en exclusión social. Nuestro futuro depende de nuestras acciones, el mundo sindical debe dar voz y trabajar para conseguir una mejora en la realidad social que también es nuestra responsabilidad.

Stecyl-i  Insta a la Junta de Castilla y León a:

  • Hacer compatible la renta garantizada y el ingreso mínimo vital.
  • A la implantación de una renta básica universal de pandemia.
  • A constituir acciones con consignación presupuestaria para combatir la pobreza energé
  • A garantizar el derecho a la vivienda digna emprendiendo acciones para paliar la emergencia habitacional en la que se encuentran muchas familias sin recursos
  • A inspeccionar los fraudes y combatir los abusos laborales producidos con ocasión de la pandemia así como los estructurales.
  • A dotar con recursos suficientes y necesarios los servicios públicos como garantía ante la exclusión social.
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