La Junta elabora para los colegios una guía con pautas para padres separados

Problemas con las autorizaciones de los orientadores, a la hora de pagar las extraescolares o a la hora de recoger a los pequeños. Estos son algunos de los problemas que suelen suceder en los colegios cuando existe conflicto entre los padres separados de un alumno. Y aunque no ocurre en todos los casos, «cada hay más situaciones de bastante conflictividad», tal y como explica el representante de la Federación Leonesa de Asociaciones de Madres y Padres Sierra Pambley, Arsenio Martínez, quien valora como «positivo» el hecho de que la Consejería de Educación esté trabajando en una guía «con pautas de actuación para los centros de la comunidad cuando los progenitores del alumnado estén separados».

Desde la Consejería de Educación se destaca que cada vez las situaciones familiares con las que se encuentran los centros educativos «son más complicadas de atender y difícilmente encuentran respuesta en las normas que los equipos directivos y el personal docente están habituados a manejar» a lo que suman que las asociaciones de padres y madres separados, «como la que aboga por la custodia compartida, han instado a Educación a que realice una guía que les facilite el conocimiento de sus derechos y obligaciones en materia educativa, y que ayude a los propios centros en la toma de decisiones y el correcto trato a estas familias».

La guía contará con apartados como cuestiones previas acerca de la filiación, la patria potestad y la custodia para facilitar la comprensión de los conceptos básicos en la materia; la escolarización del alumnado, que incluye los principales aspectos a tener en cuenta en el proceso de admisión; información y atención en el centro, que recogerá las decisiones que tendrán que tomar los progenitores; o información sobre la recogida de alumnos en el centro.

«La consejería demuestras empatía con los centros al darles estas pautas porque muchas veces los colegios se encuentran con las manos atadas y el problema está ahí», concreta Martínez, quien señala que «indicar unos pasos a seguir es bueno», teniendo en cuenta que «las dos partes deben hacer lo mejor para sus hijos».

El modelo que se propone desde la Administración conservaría la actual Resolución de 2009 de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa por la que se establecen las pautas de actuación de los centros educativos en relación con el derecho de las familias a recibir información sobre el proceso de aprendizaje e integración socio-educativo de sus hijos y a la toma de decisiones relativas a sus actividades académicas, en caso de separación o divorcio de los progenitores. Este modelo se completaría con una guía para centros y con un servicio de consulta y asesoramiento a los centros —a través de una dirección de correo electrónico en la que se pueden plantear las dudas y obtener una pauta de actuación acorde con lo que marca el ordenamiento jurídico—.

Una vez elaborado el borrador de guía, la Consejería de Educación se lo presentará a las asociaciones que han manifestado su interés en el tema para que puedan formular las aportaciones que consideren oportunas. Igualmente, se comunicaría al ámbito judicial, para enriquecer jurídicamente el contenido de la guía, y a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

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