Reválida sí, reválida no
- La prueba externa de primaria divide a las familias y a los colegios
- Andalucía no hará examen final para la evaluación de sexto de primaria
Docentes y directores discrepan de una evaluación que no recoge el trabajo diario de los estudiantes
El diagnóstico será un informe elaborado por profesores del centro y verificado por una comisión externa
Noticia elpais.com
La evaluación externa de sexto de primaria de la LOMCE, que deben hacer los alumnos de 11 y 12 años, ha dividido a las familias igual que a los políticos. La confederación que aglutina a los centros públicos pide un boicot y la de los concertados recomienda que se siga y defiende sus beneficios. Docentes y directores discrepan de una evaluación que no se fija en el trabajo diario de los estudiantes.
Los 37 chicos de sexto del colegio público Asunción Rincón, en Madrid, tienen dos pruebas nuevas esta semana. El martes les examinan para comprobar si su nivel de inglés es suficiente para continuar sus estudios en un instituto bilingüe [en una evaluación organizada desde el Gobierno regional] y miércoles y el jueves se enfrentan como el resto de los alumnos madrileños de 11 y 12 años a la evaluación externa de primaria que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) obliga a aplicar a partir de este curso. Doce comunidades autónomas han decidido no hacerla tal como fija la reforma educativa del PP o, dicho de otro modo, solo tres de cada 10 estudiantes tendrán la evaluación con todos los criterios fijados por el Ministerio de Educación.
La prueba de sexto se ha convertido en una de las polémicas políticas de las últimas semanas, con comunidades anunciando evaluaciones distintas mientras el ministerio de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, advierte de que la ley está para cumplirla. Ha tenido que comprometerse a que los resultados no se utilizarán para hacer una clasificación de colegios, los temidos rankings, y ha pasado los últimos días intentando tranquilizar a las familias explicando que solo se trata de una prueba de diagnóstico que no tendrá efectos en el expediente de los alumnos.
Más allá de la política, el examen no convence a muchos de los que deben impartirlo y ha dividido también a las asociaciones que representan a las familias en los colegios. Maravilla Beceiro y Javier Ocaña, tutores de 6º A y B del colegio Asunción Rincón, defienden que la evaluación se hace con el trabajo diario y no con una prueba dirigida y corregida por profesores que solo tendrán contacto con los chicos el día del examen.
Los dos maestros del colegio madrileño no han preparado especialmente a sus chicos para el examen, cuyos resultados no están entre las prioridades de las familias, más preocupadas por su acceso a un instituto bilingüe. “Usamos una clase para hacer un simulacro y explicarles las técnica para superar pruebas tipo test, no para enseñarles contenidos”, señala él. “Siempre se ha criticado que la Selectividad obliga a enfocar el último curso de bachillerato para pasar un examen en lugar de aprender y creo que esta prueba intenta trasladar esa filosofía a otros cursos”, añade ella. En Madrid, como en las otras cuatro comunidades gobernadas por el PP (Galicia, Castilla y León, Murcia y La Rioja) se seguirá los criterios que fija el ministerio. En el resto de regiones, no.
“Todos somos funcionarios y estamos a lo que nos diga la Administración”, explica Belén Fernández, presidenta de la federación de directores de colegios públicos de infantil y primaria Fedeip, con representación en cinco regiones (Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía).
Fernández dirige el centro público Salvador Vinuesa de Córdoba. Allí, por decisión de la Junta de Andalucía, los propios maestros de los alumnos escribirán un informe individual en junio (sin someterlos a un examen concreto y centrado en la evaluación continua) que después revisará una comisión externa. La presidenta de Fedeip ve con buenos ojos esta fórmula. “No se trata de que los maestros no quieran hacer una prueba, siempre estamos haciendo exámenes, pero tu calificación no puede depender de un día”, añade. Sus estudiantes viven ajenos a la polémica. “No les hemos dicho nada. Cuando les hacemos otras pruebas, siempre intentamos quitarles dramatismo porque son solo niños”, según Fernández.
“Nadie piensa en los alumnos ni en las familias. La desinformación les puede crear ansiedad”, señala Pedro José Caballero, presidente de la confederación de padres y madres CONCAPA, mayoritaria en la enseñanza concertada, con 2.000 centros asociados y cerca de tres millones de familias, según sus estimaciones. Esta confederación comparte los objetivos de la prueba y la apoya. Creen que servirá para localizar fallos y decidir dónde volcar los esfuerzos y así se lo transmiten a sus asociados.
En el extremo opuesto, la confederación que representa a las familias de la escuela pública ha pedido a los padres que no lleven a sus hijos al colegio durante los días del examen. CEAPA (con 11.000 colegios y cuatro millones de familias asociadas) defiende el boicot a la evaluación, como ya hicieron el curso pasado con la prueba de tercero de primaria. Su presidente, Jesús Salido, asegura que muchas familias se están volcando con esta propuesta, sobre todo en Galicia. A partir de esta semana se verá si su iniciativa tiene éxito.
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Andalucía no hará un examen final externo para la evaluación de sexto de primaria, sino que elaborará informes individuales de cada alumno al acabar el curso. Es la interpretación definitiva que la Consejería de Educación andaluza da a la polémica evaluación para los alumnos del último curso de primaria contemplada en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En Andalucía estudian 91.350 alumnos de sexto, casi el 20% del total.
Las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PSOE acordaron el martes «minimizar» la prueba externa que prevé la reforma educativa del PP. Las dos claves principales son usar a los maestros del centro de sexto de primaria (en lugar de docentes externos) y pasar el informe final por una comisión externa. Andalucía da un paso más e interpreta que esa evaluación no tiene por qué ser necesariamente un examen final.
El real decreto que regula este examen, publicado el pasado noviembre, establece que se debe hacer una «evaluación final» al acabar el curso y que serán profesores externos los encargados de «aplicar y corregir la prueba». Los socialistas interpretan que su formulación de la prueba se queda en una «zona gris» y que no supone saltársela, aunque otras comunidades han optado por un examen final con correctores externos, principalmente las cinco gobernadas por el PP.
«No somos insumisos»
“No somos insumisos, aplicamos la ley y la adaptamos. Vamos a hacer una evaluación continua, específica e individualizada”, ha detallado este jueves la consejera andaluza, Adelaida de la Calle, tras mantener sendas reuniones con las asociaciones de directores de primaria y secundaria en la comunidad en las que ha estado también presente la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
El ministerio evita hacer críticas o valorar si las comunidades socialistas están incumpliendo o no su normativa. Un portavoz oficial señala que Educación no valora «futuribles» y recuerda lo que ha repetido el ministro en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, en las últimas semanas: que la ley hay que cumplirla y que todas las comunidades autónomas la van a cumplir.
La metodología que implantará Andalucía se regirá por un manual de instrucciones que la consejería redactará mediante el que se comprobará el grado de adquisición de las competencias en lengua, matemáticas y ciencia y tecnología. Las materias a evaluar son el único punto que Andalucía y las demás regiones socialistas mantienen tal como marca el real decreto que regula la prueba externa para toda España.
Lo que dice el real decreto que regula la prueba
«El profesorado se responsabilizará de las pruebas y redactará un informe individualizado de cada niño. Son evaluaciones que ya se hacían, pero ahora se realizarán de acuerdo con los informes», ha matizado De la Calle, que ha avanzado que estas evaluaciones se harán en la primera quincena de junio, «cuando la actividad académica ha bajado», ha matizado.
Para cumplir con la evaluación externa exigida en la ley, la propuesta de la Junta es contar con una comisión de verificación externa organizada por zonas que «supervisará, asesorará y validará los resultados», según apunta en una nota la consejería. Será una comisión territorial que estará conformada por personal de inspección educativa, miembros de los Equipos de Orientación Educativa (EOE) y en la que podrán participar los directores de centros.
La consejera ha criticado que el Ministerio de Educación «no haya sido capaz» de convocar una conferencia sectorial a tiempo para resolver las dudas y problemas de la ley. El ministerio entiende, por su parte, que las pruebas externas de primaria ya fueron sometidas a debate con las comunidades el pasado verano.
La próxima sectorial, en cualquier caso, está prevista el próximo 13 de mayo, después de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP hayan elaborado ya su prueba. La Junta de Andalucía ha avanzado que ha acordado esta medida junto a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Aragón, Valencia, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Claves de la prueba
CUATRO EVALUACIONES. La de sexto de primaria es una de las cuatro pruebas externas que prevé la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, aprobada por el PP en 2013) establece cuatro pruebas externas. La primera de ellas, para los alumnos de tercero de primaria (8 y 9 años), arrancó el curso pasado. Quedan además la reválida de ESO (cuarto de secundaria, 15 y 16 años) y la de bachillerato (17 y 18 años).
FECHA. Los centros deberán completarla antes de que acabe el curso escolar, por lo que la mayoría de las comunidades autónomas que no la cuestionan (principalmente, las gobernadas por el PP) las han fijado hacia mediados de mayo.
EXPEDIENTE. Es una prueba diagnóstica, es decir, no constará en el expediente del alumno aunque la normativa contempla que se haga un informe individual para cada estudiante con “carácter informativo y orientador” que se trasladará al centro al que se matricule para proseguir con sus estudios de secundaria.
CONTENIDOS. Se centra en competencias lingüísticas, matemáticas, científicas y tecnológicas. Algunas regiones, como Madrid, examinará a sus alumnos también de inglés. Son las comunidades las que redactan las preguntas, de las que hay múltiples ejemplos en la web oficial del ministerio. El real decreto que regula las pruebas especifica que las preguntas a los alumnos estén contextualizadas “en entornos próximos a la vida del alumnado, e incluirán situaciones personales y familiares, escolares, sociales y científicas y humanísticas”.
DURACIÓN. Serán hasta cuatro días de exámenes (el margen lo fijan las comunidades autónomas). En Ceuta y Melilla, territorio que gestiona directamente el ministerio, se harán en dos días. Los exámenes de ciencia y tecnología y el de matemáticas tendrán allí 60 minutos de duración cada uno. La pruebas de comprensión oral serán de 50 minutos (castellano y primera lengua extranjera) y las de expresión escrita, 25 minutos.
CONTEXTO. Además de las materias a evaluar, los estudiantes, sus familias y la dirección del centro tendrán que completar un cuestionario de contexto, publicado en el BOE el pasado 15 de abril, para determinar la situación socioeconómica de los alumnos del colegio. Entre otras cuestiones, se refiere al trabajo de los padres, su nivel de estudios o su nacionalidad o cuánto tiempo dedican sus hijos a los deberes escolares.
REGIONES. Solo las cinco comunidades del PP (Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Galicia) harán la prueba tal como establece el Ministerio de Educación, lo que deja fuera al 71% de los alumnos. País Vasco, por ejemplo, la retrasa al curso que viene. Las regiones gobernadas por el PSOE, encabezadas por Andalucía, se basarán en la evaluación continua y emplearán a los propios docentes de los alumnos (en lugar de profesores externos) para realizarla.
AUSENCIA. Si el alumno no acude a clase, hay alternativas para que realice la prueba otro día. La orden que regula el examen en Castilla y León, por ejemplo, establece que quien no pueda examinarse “por ausencia o indisposición, con carácter excepcional, deberá efectuarla el primer día lectivo de su reincorporación al centro”. Si es una comunidad entera la que no acude al examen, Educación no especifica qué medidas se pondrán en marcha. Es la Inspección Educativa la que debe decidir las sanciones, según un portavoz oficial. El curso pasado, hubo al menos dos comunidades autónomas -País Vasco, que realizó una prueba piloto con una treintena de centros, y Cataluña, donde hubo colegios que se declararon abstencionistas- en las que el examen de tercero no se hizo como fijaba la LOMCE. No ha habido ninguna sanción, según señalan oficialmente desde el ministerio.
