STECyl exige un plan estratégico de renovación y sostenibilidad de los centros educativos públicos
El Pleno de STECyL-i del 7 de febrero de 2026 aprueba la siguiente resolución
Por un plan estratégico de renovación y sostenibilidad de los centros educativos públicos
La red de centros educativos públicos de Castilla y León presenta un estado de obsolescencia preocupante. Una parte mayoritaria de nuestras escuelas e institutos supera ya el medio siglo de vida, lo que sitúa a las infraestructuras educativas en una situación de «vulnerabilidad constructiva» que afecta directamente a la calidad del servicio público y a las condiciones laborales del personal de los centros educativos.
Hasta la fecha, la política de la Consejería de Educación se ha limitado a una gestión de «parches» y mantenimiento correctivo: actuaciones puntuales para reparar goteras, sustitución de carpinterías de forma aislada o intervenciones de urgencia en sistemas de calefacción obsoletos, que, en las mayoría de los casos no llega a cubrir, ni de lejos, las necesidades que van apareciendo curso a curso y que se pueden constatar en las memorias que los centros educativos emiten todos los años. Estas medidas, lejos de revertir el envejecimiento de los edificios, solo lo ralentizan de forma ineficiente, malgastando recursos públicos en estructuras que requieren una revisión integral.
En el contexto actual de crisis climática y avance pedagógico, no es de recibo que nuestros centros mantengan calderas del siglo pasado —que contaminan más de lo que calientan— o que persistan barreras arquitectónicas (falta de ascensores y rampas normativas) que vulneran el derecho a la accesibilidad universal. Un centro del siglo XXI no puede limitarse a estar «reparado»; debe ser un espacio saludable, moderno, pedagógicamente flexible y energéticamente eficiente.
Por todo ello, el Pleno de STECyL-i resuelve exigir a la Junta de Castilla y León las siguientes medidas urgentes:
- Auditoría integral de infraestructuras: realización inmediata de un censo del estado de los centros educativos que evalúe no solo los desperfectos técnicos, sino también la eficiencia energética, la accesibilidad y la adecuación a las nuevas necesidades pedagógicas.
- Plan de inversiones a medio y largo plazo: el abandono de la política de «partidas para reparaciones de daños» en favor de un Plan Plurianual de Inversiones con dotación presupuestaria blindada. Este plan debe garantizar la actualización completa de todos los centros de más de 30 años en un horizonte temporal definido.
- Transición energética y sostenibilidad: sustitución progresiva de los sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles por sistemas de climatización basados en energías renovables y rehabilitación envolvente integral de los edificios para reducir la huella de carbono y mejorar el confort térmico en las aulas. La Junta debe abandonar la visión decimonónica de «calefacción para el frío» y asumir la necesidad de climatización integral que garantice temperaturas adecuadas durante todo el año.
- Accesibilidad universal real: un compromiso de «barreras cero» en todos los centros públicos, garantizando la instalación de ascensores y la
eliminación de cualquier obstáculo físico en los accesos y zonas comunes. - Modernización de espacios pedagógicos: la inversión no debe ser solo estructural, sino transformadora. Los centros deben rediseñarse para adaptarse a las metodologías activas (patios coeducativos y sostenibles, aulas versátiles, bibliotecas escolares del siglo XXI y dotación tecnológica integrada en la propia arquitectura).
STECyL-i considera que la enseñanza pública no puede impartirse en edificios que se caen a pedazos o que se convierten en hornos o neveras según la estación del año. Exigimos que la Junta pase de la política del «mantenimiento de subsistencia» a una política de inversión estratégica real y eficiente.
Defender la educación pública es defender la dignidad de sus espacios y el respeto al medio ambiente, pero sobre todo, es velar por el bienestar y la salud de todos sus usuarios. La comunidad educativa —profesorado, alumnado, personal de administración y servicios y familias— merece espacios que no solo sean seguros, sino que promuevan un entorno de convivencia y aprendizaje saludable y moderno.
No aceptaremos que la desidia institucional siga deteriorando el patrimonio de todos y todas.
